Por El Faro
El Gobierno del presidente Nayib Bukele presuntamente sostuvo negociaciones con las principales pandillas del país, con la finalidad de conseguir que el número de asesinatos en El Salvador mantenga su ‘histórico desplome’.
Las negociaciones se habrían llevado a cabo en 2020 dentro de penales de máxima seguridad con las tres organizaciones "consideradas terroristas por la legislación salvadoreña": Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, según reveló El Faro.
La Fiscalía General de la República bautizó el caso como ‘Catedral’, el cual quedó a cargo de Rodolfo Delgado, "el fiscal impuesto por el ‘bukelismo’, quien con el paso de las semanas desmantelaría la unidad que consiguió los hallazgos", detalló la investigación.
De acuerdo con el medio salvadoreño, gracias a los audios documentados por la Fiscalía, se dio a conocer el pliego de peticiones que las pandillas han hecho al Gobierno para mantener vigente el acuerdo.
"Se trata de una lista de 20 puntos, muy parecidos a los que las pandillas plantearon en 2012 al entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, cuando visitó el país para acuerpar el proceso de negociación con las pandillas que intentó el Gobierno efemelenista del expresidente Mauricio Funes, conocido como La Tregua".
Entre las peticiones se encuentra el traslado a otras cárceles de quienes ya tengan más de siete años el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, así como la exigencia de una ley que establezca un tiempo máximo de permanencia en este reclusorio. También piden el traslado de enfermos graves y discapacitados, y que las celdas de los sectores especiales "cuya construcción financió el Gobierno de los Estados Unidos", se remodelen.
El Faro reveló una serie de fotografías que muestran visitas consideradas ‘irregulares’ por parte de personas encapuchadas a las cárceles de máxima seguridad, las cuales, según el medio, eran autorizadas por el director general de Centros Penales, Osiris Luna.
"Luna autorizaba a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes de las tres pandillas, saltándose todos los protocolos legales de ingreso, incluyendo los registros, e incluso dejándoles entrar sin siquiera identificarse", señala el medio.
El medio también señala que tras darse a conocer las imágenes, "Luna intentó borrar los rastros de las reuniones de los funcionarios con los pandilleros y de los ingresos irregulares de personas encapuchadas a los centros de detención".
El Gobierno del presidente Nayib Bukele presuntamente sostuvo negociaciones con las principales pandillas del país, con la finalidad de conseguir que el número de asesinatos en El Salvador mantenga su ‘histórico desplome’.
Las negociaciones se habrían llevado a cabo en 2020 dentro de penales de máxima seguridad con las tres organizaciones "consideradas terroristas por la legislación salvadoreña": Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, según reveló El Faro.
La Fiscalía General de la República bautizó el caso como ‘Catedral’, el cual quedó a cargo de Rodolfo Delgado, "el fiscal impuesto por el ‘bukelismo’, quien con el paso de las semanas desmantelaría la unidad que consiguió los hallazgos", detalló la investigación.
De acuerdo con el medio salvadoreño, gracias a los audios documentados por la Fiscalía, se dio a conocer el pliego de peticiones que las pandillas han hecho al Gobierno para mantener vigente el acuerdo.
"Se trata de una lista de 20 puntos, muy parecidos a los que las pandillas plantearon en 2012 al entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, cuando visitó el país para acuerpar el proceso de negociación con las pandillas que intentó el Gobierno efemelenista del expresidente Mauricio Funes, conocido como La Tregua".
Entre las peticiones se encuentra el traslado a otras cárceles de quienes ya tengan más de siete años el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, así como la exigencia de una ley que establezca un tiempo máximo de permanencia en este reclusorio. También piden el traslado de enfermos graves y discapacitados, y que las celdas de los sectores especiales "cuya construcción financió el Gobierno de los Estados Unidos", se remodelen.
El Faro reveló una serie de fotografías que muestran visitas consideradas ‘irregulares’ por parte de personas encapuchadas a las cárceles de máxima seguridad, las cuales, según el medio, eran autorizadas por el director general de Centros Penales, Osiris Luna.
"Luna autorizaba a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes de las tres pandillas, saltándose todos los protocolos legales de ingreso, incluyendo los registros, e incluso dejándoles entrar sin siquiera identificarse", señala el medio.
El medio también señala que tras darse a conocer las imágenes, "Luna intentó borrar los rastros de las reuniones de los funcionarios con los pandilleros y de los ingresos irregulares de personas encapuchadas a los centros de detención".
