Por AFP
La acusación contra Diego Alvarado Peña, agente del estado asignado a la protección de personalidades importantes (PPI), Héctor Castaneda, chófer, y Roberto Carlos Coto, un vigilante privado, se realizó ante un tribunal de San Salvador por los delitos de 'homicidio agravado y homicidio tentado', informó el fiscal general, Raúl Melara, en rueda de prensa. Los tres eran empleados del Ministerio de Salud.
Alvarado Peña no compareció, sin embargo, ante el juez porque se encuentra hospitalizado recuperándose de una lesión de bala.
El domingo, dos militantes del opositor y exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) fueron acribillados a balazos cuando circulaban en un vehículo tras finalizar una jornada de campaña para los comicios legislativos y municipales del 28 de febrero.
'Independientemente de su simpatía política, fueron dos salvadoreños los que murieron el domingo, y nos debe consternar a todos. El discurso de odio debe parar', afirmó el fiscal.
Melara informó que recibió el ofrecimiento del FBI estadounidense para 'contribuir' al proceso de investigación con alguna 'experticia'.
Tras el atentado mortal, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador solicitó el martes a la ONU, la Unión Europea (UE) y la OEA que adelanten el envío de sus observadores para los comicios.
Las misiones de observación llegan usualmente a El Salvador una semana antes de las elecciones.
La campaña para los comicios del 28 de febrero en El Salvador, que se inició el 27 de diciembre, finalizará tres días antes de que se celebre la elección.
Unos 5,4 millones de salvadoreños deberán elegir a los 84 legisladores del Congreso unicameral, así como a los 262 alcaldes del país y sus concejos municipales.
También tendrán que escoger a una veintena de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), una institución política dedicada a la integración de los países de la región.
La acusación contra Diego Alvarado Peña, agente del estado asignado a la protección de personalidades importantes (PPI), Héctor Castaneda, chófer, y Roberto Carlos Coto, un vigilante privado, se realizó ante un tribunal de San Salvador por los delitos de 'homicidio agravado y homicidio tentado', informó el fiscal general, Raúl Melara, en rueda de prensa. Los tres eran empleados del Ministerio de Salud.
Alvarado Peña no compareció, sin embargo, ante el juez porque se encuentra hospitalizado recuperándose de una lesión de bala.
El domingo, dos militantes del opositor y exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) fueron acribillados a balazos cuando circulaban en un vehículo tras finalizar una jornada de campaña para los comicios legislativos y municipales del 28 de febrero.
'Independientemente de su simpatía política, fueron dos salvadoreños los que murieron el domingo, y nos debe consternar a todos. El discurso de odio debe parar', afirmó el fiscal.
Melara informó que recibió el ofrecimiento del FBI estadounidense para 'contribuir' al proceso de investigación con alguna 'experticia'.
Tras el atentado mortal, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador solicitó el martes a la ONU, la Unión Europea (UE) y la OEA que adelanten el envío de sus observadores para los comicios.
Las misiones de observación llegan usualmente a El Salvador una semana antes de las elecciones.
La campaña para los comicios del 28 de febrero en El Salvador, que se inició el 27 de diciembre, finalizará tres días antes de que se celebre la elección.
Unos 5,4 millones de salvadoreños deberán elegir a los 84 legisladores del Congreso unicameral, así como a los 262 alcaldes del país y sus concejos municipales.
También tendrán que escoger a una veintena de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), una institución política dedicada a la integración de los países de la región.
