La Asamblea Legislativa aprobó el 24 de diciembre, a las 5:16 a.m., la ley del presupuesto general de la nación de 2021 que reorientó US$125 millones para que la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) suba la pensión mínima de US$207 a US$304 mensuales en El Salvador.
Los diputados refuerzan con US$100 millones el Fondo de Desarrollo Económico y Social (Fodes), US$51 millones al órgano Judicial y USUS$60 millones para los veteranos de guerra. El argumento fue que debe cumplirse la Constitución y la ley del Fodes.
Otorgan un refuerzo de US$7 millones a la Fiscalía General de la República, US$500.000 al Tribunal de ética Gubernamental (TEG) y US$5 millones a cada una de las procuradurías general de la República (PGR) y para la defensa de los derechos humanos (PDDH).
También, suben US$20 millones a la Universidad de El Salvador (UES) y US$16.6 millones a instituciones humanitarias y organizaciones no gubernamentales.
El diputado Ricardo Velásquez Parker criticó los criterios con los que se asignan estos fondos a las organizaciones y advirtió que deben ser auditados por la Corte de Cuentas.
La votación se dio con votos de Arena, FMLN y PDC, sin los votos de Gana ni PCN. Del PCN solo votó el presidente de la Asamblea, Mario Ponce. Tres diputados votaron en contra.
La aprobación ocurrió después de la aprobación de 6 préstamos y una reforma al decreto 608 que reasignó al presupuesto parte de la deuda autorizada para atender la pandemia covid-19.
El Gobierno rechazó los cambios al presupuesto. la comisionada Carolina Recinos aseguró que los diputados se habían tomado atribuciones que no les corresponden y catalogó de "ilegal" la aprobación de dicha ley.
"Lo que han hecho Arena, FMLN y (Rodolfo) Parker es aprobar un presupuesto electoral", dijo Recinos sobre la votación para aprobar la ley.
Los recortes
El mayor recorte es US$264 millones de inversión pública de instituciones del sector público no financiero, exceptuando los ramos de Salud y Educación, así como el Fodes y la UES.El segundo recorte más grande lo constituyen US$25.6 millones de consultorías de 17 instituciones.
Así mismo, los legisladores recortan US$22 millones para indemnizaciones en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), US$7.9 millones a publicidad y US$2.9 millones a la Presidencia de la República, entre otros recortes.
Los préstamos
La Asamblea Legislativa aprobó 6 préstamos y autorizó la emisión de US$138 millones en deuda para financiar el presupuesto.Los legisladores aprobaron un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la Operación de Política de Desarrollo (OPD) para acciones de política pública por US$250 millones; la ratificación de US$50 millones del BCIE para medidas económicas compensatorias, US$45 millones para el fortalecimiento de resiliencia climática y bosques cafetaleros.
También, acordaron la ratificación del préstamo del BID para respuesta inmediata para controlar el coronavirus por US$50 millones y otro para emergencia para la sostenibilidad macroeconómica y fiscal por US$250 millones.
Polémica y veto anunciado
La aprobación se dio en medio de una polémica, luego de que llegara al recinto legislativo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien reclamó a la diputada Margarita Escobar, mientras se disponía a dar una conferencia de prensa, por qué no lo llamaron para hacer los cambios al presupuesto.Zelaya reclamó por el recorte a la inversión pública y el supuesto recorte a la compra de computadoras para los estudiantes, así como a obras en cárcavas y zonas de riesgo.
La diputada de Arena respondió que acababa de escuchar "muchísimas mentiras" y que el ministro "nunca viene ni siquiera por apremio".
"Que nosotros hemos quitado el dinero para la vacuna covid-19, mentira. El dinero para la compra de vacunas va completito y además es intransferible. No la podrán utilizar en ningún otro rubro oscuro", expresó.
El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que la aprobación es inconstitucional, una de las razones por las cuales puede vetar un decreto. Objeta que hayan realizado modificaciones sin consultar al Ministerio de Hacienda.
