Por Leonel Ibarra - estrategiaynegocios.net
Frente a beneficios previsionales de los regímenes de capitalización en niveles mucho más bajos que los previstos, algunos gobiernos de América Latina han garantizado pensiones mínimas a sus beneficiarios; sin embargo, esto representará a futuro fuertes cargas fiscales asociadas a las garantías.
El estudio “Las garantías de pensiones mínimas en sistemas de contribución definida en América Latina: un nuevo pasivo contingente” elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace proyecciones para Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú y República Dominicana.
Del análisis realizado, se desprende que (asumiendo que no se producen cambios de política) estos gobiernos deberían destinar, en promedio, alrededor de 1,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) para financiar los sistemas de capitalización a partir del año 2050, y alrededor de 2,7 % del PIB hacia el año 2100.
Puede leer: Costa Rica: Advierten última reforma en pensiones es insuficiente
El estudio señala que los sistemas de jubilaciones de regímenes de capitalización o contribución definida que posee un sistema de cuentas individuales administradas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en América Latina, de no mediar cambios, “generan la necesidad creciente de transferencias por parte del Estado” para financiar el pago de pensiones mínimas.
Se destacan los casos de El Salvador, Colombia y Bolivia que son los sistemas que el BID espera que registren los aumentos más importantes del costo fiscal que conlleva solventar pensiones mínimas, alcanzando a representar 2,6 %, 2,3 % y 2,1 % del PIB en 2050, para subir a 6,2 %, 4,6 % y 4,8 % del PIB en 2100, respectivamente.
Uno de los factores que explica este comportamiento es que, a pesar de tener coberturas proyectadas diferentes de los sistemas (32 % en El Salvador, 25 % en Colombia, 11 % y 16 % en Bolivia, para 2100), la relación entre pensión mínima y salario medio es comparativamente elevada (31 % en El Salvador, 52 % en Colombia y 37 % en Bolivia), requiriéndose una remuneración equivalente a 2,5 -3,1 salarios medios en el año 2100 para lograr el autofinanciamiento de una pensión sin necesidad de subsidio.
Entérese: Los pro y contra del audaz plan de recompra de bonos de El Salvador
En el caso de El Salvador, señala el BID, el elevado costo fiscal proyectado para cubrir la pensión mínima es también en parte explicado “por la inversión obligatoria de las AFP en Certificados de Inversión Previsionales”, destinados a solventar la transición desde el antiguo sistema de pensiones al régimen de capitalización.
“Dado el bajo retorno de esta inversión, las AFP poseen una rentabilidad limitada, lo que implica menores ahorros en las cajas individuales de los trabajadores al momento de jubilarse”, indica el organismo multilateral.
Es de destacar, además, que las proyecciones en el escenario base, al considerar las condiciones vigentes de los sistemas al año 2018, no incorporan el incremento en el haber mínimo del orden del 50 % dispuesto en El Salvador a comienzos de 2021.
