Por AFP
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apuesta a ganar una “guerra” contra las pandillas que ya supera los 50.000 detenidos en menos de seis meses, mientras su gobierno prepara leyes para encerrarlos por largo tiempo, en medio de cuestionamientos por presuntas violaciones de los derechos humanos.
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Bajo un régimen de excepción que se encamina a cumplir medio año, el gobierno informa diariamente sobre la disminución drástica de homicidios y extorsiones en el país tras las detenciones masivas de lo que el Gobierno asegura que son pandilleros.
La Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) afirmó recientemente que las extorsiones en los comercios minoristas se han reducido un 80%.
“Los resultados del régimen de excepción han sido contundentes, hemos impactado fuertemente a estas estructuras terroristas”, dijo el martes el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
La guerra contra las pandillas “tiene un efecto disuasivo”, afirma el investigador de Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), Carlos Carcach. “Saca de circulación a individuos que presumiblemente son criminalmente muy activos”.
Todo esto bajo un régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, declarado en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.
Este sistema ha sido prorrogado mes a mes por el Parlamento, controlado por los aliados de Bukele, y continuará al menos hasta fines de septiembre.
Detenciones arbitrarias
Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch e incluso la diplomacia estadounidense han llamado al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos, ante denuncias de detenciones de inocentes.
Para el director del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), Danilo Flores, “no todas las personas que han sido detenidas son miembros de pandillas, hay gente inocente que ha sido capturada y que se ha visto afectada en su libertad personal”.
El régimen de excepción da lugar a “graves retrocesos en materia de protección de Derechos Humanos”, sostuvo.
El Salvador ha sido golpeado por una sangrienta guerra civil de más de una década, que culminó en 1992. Agobiados por la pobreza, miles de sus ciudadanos han migrado en los últimos años.
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“Dado que no hay nada que atienda los problemas fundamentales que dan origen a las pandillas, o a las razones por las cuales muchos jóvenes se meten a las pandillas, básicamente estamos desperdiciando una nueva generación de salvadoreños con esta medida (régimen de excepción)”, consideró por su parte el investigador de la Universidad Internacional de la Florida, José Miguel Cruz.
