El sector financiero está a la expectativa de las reuniones que los representantes del Ejecutivo sostienen con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de cara a un eventual acuerdo fiscal.
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"Tenemos entendido que hay reuniones con el FMI", dijo ayer Raúl Cardenal, presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), quien explicó que se espera que una negociación con el multilateral vaya en línea con lo acordado con el gobierno costarricense.
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el pasado 1 de marzo la solicitud de Costa Rica de una "Facilidad de Servicio Ampliado" (SAF, por sus siglas en inglés), un programa de apoyo financiero por un período de tres años y por un monto de US$1.778 millones.
Este esquema le permitirá al país obtener mejores condiciones de financiamiento en los mercados locales e internacionales, pero condiciona acciones para mejorar las finanzas públicas como las fuentes de ingreso. La propuesta es respaldada por los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo, no involucra incrementos en el costo de servicios básicos o de impuestos regresivos como IVA, pero se enfoca en la reducción y una mayor eficiencia del gasto público, sin despidos masivos.
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"En ausencia de las reformas planteadas como parte del convenio SAF, la trayectoria de la deuda pública se tornaría inmanejable, y ello llevaría a mayor incertidumbre, fuertes presiones sobre las tasas de interés y el tipo de cambio", dijo el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
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Por su parte, Cardenal explicó que las c "Ahora es entre el 3 % y el 5 %, originalmente -en la década pasada- se recomendaban ajustes del 3 % porque el tamaño del déficit era inferior, pero que ahora con la pandemia, no solo en el país -sino el resto del mundo-, los gobiernos han tenido que gastar para apoyar el golpe a la economía como resultado de la cuarentena, los encierros y la pandemia", dijo el banquero.
Cardenal agregó que el sector bancario considera que un acuerdo con el FMI promete facilitar que se mantenga la estabilidad fiscal y se alcance un mayor crecimiento económico. "Un acuerdo con el Fondo enviará una señal muy positiva a los inversionistas y contribuiría a mejorar la calificación de riesgo soberano", añadió.
En el caso tico, el SAF marca "una hoja de ruta" de medidas estructurales enfocadas a estimular la productividad y el crecimiento potencial de la economía, reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de la población.
Moody’s dijo en febrero que la administración de Nayib Bukele tiene un "compromiso declarado" de comenzar a consolidar su deuda a través de la banca multilateral "en montos suficientes para cubrir las necesidades de financiamiento".
La agencia calificadora de riesgos anticipó que requiere de un ajuste fiscal combinado de al menos tres puntos porcentuales del PIB que facilitaría el acceso a los mercados globales en 2022, crucial para honrar el compromiso de US$800 millones que vence el 24 de enero de 2023.
