Por AFP
Washington solicitó consultas para resolver disputas, un primer paso en un proceso que podría conducir a represalias, al estimar que México beneficia a la compañía eléctrica pública CFE y a la estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) en detrimento de las empresas estadounidenses e impide el desarrollo de la energía limpia, según la oficina de la representante comercial estadounidense.
López Obrador, quien hace pocos días escenificó una buena relación con su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca, parece querer evitar fricciones. “Es una consulta nada más y ya les vamos a contestar puntualmente”, dijo el presidente, cuyo gobierno tiene la “voluntad para alcanzar una solución mutuamente satisfactoria”.
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El gobierno mexicano libra una batalla por restaurar el control estatal sobre la generación de energía. Esta iniciativa ha generado un fuerte rechazo entre los gobiernos y empresas de Estados Unidos y Canadá (sus socios en el T-MEC) y España, tres de los países con mayores inversiones en el sector, junto con Italia y Japón.
La participación extranjera y privada se limita a la fase de generación de energía, mientras que los procesos de transmisión y distribución son monopolio del Estado.
El gobierno del izquierdista López Obrador fracasó en su intento de reformar la Constitución para restituir el control estatal de toda la cadena productiva, pero logró algunos cambios en leyes reglamentarias que fortalecen su papel en la generación.
El conflicto con Estados Unidos se lleva gestando 18 meses, durante los cuales los funcionarios estadounidenses han reiterado su preocupación sobre los cambios en las políticas energéticas de su vecino y aseguraron que violan los compromisos asumidos por México al firmar el acuerdo comercial.
“Hemos intentado trabajar de forma constructiva con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero, desafortunadamente, las empresas estadounidenses continúan enfrentándose a un trato injusto en México”, afirma la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en un comunicado.
“Estos cambios de política afectan a los intereses económicos de Estados Unidos en múltiples sectores y desincentivan la inversión de los proveedores de energía limpia y de las empresas que buscan comprar energía limpia y fiable”, añade.
Los inversores y los ecologistas extranjeros acusan a López Obrador de favorecer los combustibles fósiles sobre las energías renovables.
Energía renovable
Según Tai este trato arbitrario pone en riesgo 10.000 millones de dólares en inversiones estadounidenses en México, especialmente en energía renovable.
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La oficina de la representante comercial afirma que desde 2018, cuando López Obrador ganó las elecciones, las políticas mexicanas han favorecido a CFE y a PEMEX de distinta manera: retrasando o denegando nuevos permisos o revocando los existentes de empresas privadas que quieren invertir en energía renovable, incluidas la eólica y la solar.
Además, el gobierno otorgó a Pemex cinco años más para cumplir con sus requisitos de diésel ultra bajo en azufre. Si no lo hubiera hecho, Washington cree que se hubiera visto obligado a comprarlo a productores estadounidenses.
Y el mes pasado, el ente regulador afirmó que exigiría a los usuarios de la red de transporte de gas de México “demostrar que obtienen gas natural de Pemex o CFE”.
La queja de este miércoles es la primera formal contra México bajo el T-MEC, el acuerdo que reemplazó el 1 de julio de 2020 al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) vigente desde hacía casi 25 años.
México dispone ahora de 30 días para iniciar consultas y si en un plazo de 75 días no llegan a un acuerdo Estados Unidos podría solicitar la creación de un panel para que se pronuncie sobre el diferendo.
Aunque el proceso podría conducir a la imposición de aranceles de castigo a México, funcionarios de la oficina comercial estadounidense que pidieron el anonimato afirmaron a periodistas que el objetivo es encontrar una solución y no tomar represalias.
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En un comunicado la Cámara de Comercio de Estados Unidos lo calificó de “importante paso” y su vicepresidente para las Américas, Neil Herrington, propuso trabajar con ambos gobiernos para “garantizar que América del Norte sea la región más dinámica y competitiva del mundo”.
