Por AP
El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a expulsar a cubanos y nicaragüenses a México con fundamento en una facultad relacionada con la pandemia de COVID-19 que les niega a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo, expandiendo el uso de la norma aun cuando públicamente dice que está intentando ponerle fin, señalaron funcionarios el miércoles.
Estados Unidos llegó a un acuerdo con México para expulsar hasta a 100 cubanos y 20 nicaragüenses al día desde tres puntos fronterizos: San Diego; El Paso, Texas; y el Rio Grande Valley, Texas, según un funcionario federal con conocimiento directo de las acciones.
Las expulsiones comenzaron el 27 de abril y concluirán el 22 de mayo, le dijo el funcionario a The Associated Press a condición de guardar el anonimato debido a que el acuerdo no ha sido dado a conocer. Se están llevando a cabo con base en el mandato del Título 42, el cual se ha utilizado para expulsar migrantes bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19. El Título 42 expirará el 23 de mayo.
Estados Unidos y México acordaron el 26 de abril que se llevarían a cabo expulsiones de cubanos y nicaragüenses en un número muy limitado, según un funcionario mexicano de alto nivel que habló a condición de guardar el anonimato porque carecía de autorización para realizar comentarios. Se tomó esa decisión debido a la llegada de un mayor número de migrantes de esos dos países a la frontera sur de Estados Unidos.
México también tomó en cuenta que el gobierno estadounidense había empezado a procesar visas en Cuba de nuevo, señaló el funcionario. El gobierno mexicano ya había empezado a procesar visas para cubanos.
Otro funcionario mexicano, que tampoco cuenta con autorización para hacer comentarios de manera pública, confirmó que hasta 100 cubanos y 20 nicaragüenses estaban siendo expulsados desde San Diego en cumplimiento del Título 42, en un acuerdo que se extiende hasta el 22 de mayo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) no respondió de momento a una solicitud de comentarios.
Hasta la semana pasada, México únicamente había acordado recibir a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños —además de mexicanos— que fueran expulsados por el mandato del Título 42. Hay otras nacionalidades sujetas a la expulsión expedita, pero los costos, las tensiones en las relaciones diplomáticas y otros factores dificultan a menudo el envío de esos migrantes a sus países de origen.
Es prácticamente imposible que Estados Unidos repatrie a migrantes a Cuba o Nicaragua debido a las malas relaciones que tiene con esos gobiernos. Eso ha significado un enorme desafío para el gobierno del presidente Joe Biden en un momento en que más personas de esas naciones buscan refugio en territorio estadounidense.
Las autoridades de Estados Unidos detuvieron a cubanos en más de 32.000 ocasiones en la frontera con México durante el mes de marzo, el doble que el mes anterior y cinco veces más que en octubre, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés). Nicaragua redujo sus restricciones de viaje desde Cuba en noviembre, facilitándoles a los cubanos continuar su viaje por tierra hacia la frontera de Estados Unidos. La mayoría entra al país por Yuma, Arizona, o Del Rio, Texas, o cerca de esos puntos.
El mes pasado, Cuba y Estados Unidos dieron pasos tentativos para descongelar relaciones y reanudar los esfuerzos conjuntos para atender la migración irregular durante negociaciones de alto nivel, las primeras de su tipo entre ambas naciones en los últimos cuatro años.
No hubo grandes avances, pero el simple hecho de que Estados Unidos sostenga negociaciones es una muestra de que las relaciones podrían mejorar durante la presidencia de Biden después de congelarse con su predecesor, Donald Trump, dijo el viernes el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío. Por su parte, se detuvo a nicaragüenses más de 16.000 veces durante marzo, más del doble del nivel de septiembre. La enorme mayoría de ellos ingresan por el sur de Texas.
Ponerle fin al Título 42 ha resultado controversial ante la cercanía de las elecciones legislativas, incluso al interior del Partido Demócrata de Biden, en medio de preocupaciones de que Estados Unidos no esté preparado para el previsible aumento en el número de migrantes que pidan asilo. Las autoridades realizaron 221.000 detenciones de migrantes en marzo, la cifra más elevada en 22 años.
La Casa Blanca y el DHS han defendido públicamente la decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) de ponerle fin a la medida, ya que no es posible seguirla justificando con el argumento de que se hace para proteger la salud pública.
Pero la práctica de expulsar a cubanos y nicaragüenses contradice las declaraciones públicas del gobierno de que está reduciendo gradualmente la aplicación de la medida en preparación para el 23 de mayo. El Washington Post reportó horas antes el miércoles que Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo para la expulsión de cubanos y nicaragüenses.
Estados Unidos ha expulsado a migrantes más de 1,8 millones de veces desde marzo de 2020 al amparo del Título 42, anulando en la práctica el derecho a solicitar asilo, el cual está consagrado en las leyes federales y en tratados internacionales. Al hacerlo, los migrantes no están sujetos a las leyes migratorias, las cuales incluyen derechos a solicitar protección en casos en que padecen persecución en sus países de origen.
El gobierno señaló en documentos judiciales que comenzó a procesar a más adultos procedentes de Centroamérica rigiéndose por las leyes migratorias tras el anuncio de los CDC el 1 de abril. Pero un juez federal de Luisiana dictaminó la semana pasada que no podía empezar a anular el Título 42 mientras estuviera en vigor.
El juez federal Robert Summerhays criticó fuertemente la decisión de los CDC, insinuando que él intentaría mantener vigente el Título 42 después del 23 de mayo. Se programó una audiencia para el 13 de este mes con el fin de que se presenten argumentos orales.
Marisa Limón, directora de defensa y planeación en el Hope Border Institute, indicó que los activistas comenzaron a enterarse el lunes de las expulsiones de cubanos y nicaragüenses desde El Paso y posteriormente confirmaron esta nueva práctica con funcionarios estadounidenses.
Limón señaló que el gobierno está “tratando de sacarle el máximo partido al Título 42” antes de que expire. Consideró que es “triste” pero congruente con las gestiones gubernamentales para que otros países del hemisferio occidental asuman más responsabilidad para recibir a gente que huye de sus hogares.
