Por El Mundo (El Salvador)
Los recursos del Gobierno alcanzarían para pagar las pensiones públicas hasta mediados de septiembre, indican cálculos de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), que ayer instó a aprovechar este lapso de tiempo para aprobar una reforma integral que impida problemas para honrar estos compromisos.
Desde 2006, las pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y del Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP) se pagan con la venta de Certificados de Inversión Previsional (CIP) de la Serie A, que emite el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
La ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) obliga a las AFP a adquirir estos instrumentos con el dinero de sus cotizantes; y establece que para este fin pueden utilizar hasta el 45 % de los ahorros que custodian.
La Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada una petición del Ejecutivo para aumentar el techo al 50 %, pero este miércoles la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró ilegal la disposición, pues aumentar la compra de CIP, que pagan bajas tasas de interés, afectará a las pensiones futuras.
De esta manera, el límite se mantiene en 45 % y la decisión de la Sala le imprime mayor urgencia a una reforma previsional integral, pues ahora las pensiones públicas deben buscar financiamiento: Asafondos señaló ayer que una de las AFP alcanzaría el techo a mediados de septiembre.
Para los pagos de esos meses, el Gobierno necesita vender US$133.16 millones de CIP A, pero ya que una de las AFP alcanzará el límite del 45% en septiembre, solo podrían comprar US$125.9 millones; por lo que quedarían US$25,94 millones sin financiamiento a través de CIP A.
La otra AFP llegaría a dicho límite en febrero de 2018 si no se hace cargo de adquirir los CIP que la otra no podría absorber.
Si no se logra una solución antes de septiembre, a los US$25 millones se sumarían $54.27 millones que tampoco tendrían financiamiento vía CIP, y que corresponden al pago de pensiones públicas de octubre, noviembre y diciembre.
Novellino destacó que aún hay espacio para seguir utilizando los CIP A para pagar las pensiones públicas, y también para que la Asamblea apruebe una reforma previsional que dé una solución definitiva.
"No se puede mantener el esquema de seguir aumentando la compra de CIP A. Esto (la resolución de la Sala) obliga a buscar una reforma integral para garantizar el pago", dijo Novellino. Añadió que la propuesta de reforma de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones plantea soluciones para el financiamiento de las pensiones públicas sin aumentar el techo de compra de los CIP.
Las medidas propuestas ralentizarían la emisión de CIP; de manera que el crecimiento natural que cada año experimentan los ahorros, por las cotizaciones mensuales, permitiría que las AFP sigan comprando estos títulos sin llegar al techo del 45 %.
Según datos de la Superintedencia del Sistema Financiero (SSF), hasta mayo de este año se contabilizaron 111,961 pensionados por vejez e invalidez en la Unidad de Pensiones del ISSS y en el INPEP, además de 29,610 beneficiarios por sobrevivencia.
Los CIP se crearon para financiar el pago de las pensiones públicas y otros beneficios
Títulos de deuda pública
Los CIP empezaron a emitirse en 2006, cuando se creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Son títulos de deuda pública, que se crearon como respuesta al agotamiento de las reservas técnicas del INPEP y de la Unidad de Pensiones del ISSS.
Pagan pensiones y otros beneficios
El FOP emite dos tipos de CIP. Con la Serie A, el Estado obtiene recursos para pagar las pensiones del ISSS e INPEP. Los CIP B permiten pagar los certificados que equiparan beneficios de quienes cotizaron en el sistema público y migraron al SAP.
Los trabajadores compran CIP
Por ley, los CIP deben ser adquiridos obligatoriamente por las AFP, y lo hacen con el dinero de sus cotizantes, es decir, con los ahorros para pensiones. De esta manera, esta es una deuda que el Estado adquiere con los trabajadores, no con las AFP.
Los recursos del Gobierno alcanzarían para pagar las pensiones públicas hasta mediados de septiembre, indican cálculos de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), que ayer instó a aprovechar este lapso de tiempo para aprobar una reforma integral que impida problemas para honrar estos compromisos.
Desde 2006, las pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y del Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP) se pagan con la venta de Certificados de Inversión Previsional (CIP) de la Serie A, que emite el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
La ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) obliga a las AFP a adquirir estos instrumentos con el dinero de sus cotizantes; y establece que para este fin pueden utilizar hasta el 45 % de los ahorros que custodian.
La Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada una petición del Ejecutivo para aumentar el techo al 50 %, pero este miércoles la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró ilegal la disposición, pues aumentar la compra de CIP, que pagan bajas tasas de interés, afectará a las pensiones futuras.
De esta manera, el límite se mantiene en 45 % y la decisión de la Sala le imprime mayor urgencia a una reforma previsional integral, pues ahora las pensiones públicas deben buscar financiamiento: Asafondos señaló ayer que una de las AFP alcanzaría el techo a mediados de septiembre.
Necesitan US$80 millones
René Novellino, presidente de Asafondos, indicó ayer que las dos AFP que operan en el país tienen margen para comprar los CIP A necesarios para pagar las pensiones públicas de julio, agosto y una parte de septiembre.Para los pagos de esos meses, el Gobierno necesita vender US$133.16 millones de CIP A, pero ya que una de las AFP alcanzará el límite del 45% en septiembre, solo podrían comprar US$125.9 millones; por lo que quedarían US$25,94 millones sin financiamiento a través de CIP A.
La otra AFP llegaría a dicho límite en febrero de 2018 si no se hace cargo de adquirir los CIP que la otra no podría absorber.
Si no se logra una solución antes de septiembre, a los US$25 millones se sumarían $54.27 millones que tampoco tendrían financiamiento vía CIP, y que corresponden al pago de pensiones públicas de octubre, noviembre y diciembre.
Novellino destacó que aún hay espacio para seguir utilizando los CIP A para pagar las pensiones públicas, y también para que la Asamblea apruebe una reforma previsional que dé una solución definitiva.
"No se puede mantener el esquema de seguir aumentando la compra de CIP A. Esto (la resolución de la Sala) obliga a buscar una reforma integral para garantizar el pago", dijo Novellino. Añadió que la propuesta de reforma de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones plantea soluciones para el financiamiento de las pensiones públicas sin aumentar el techo de compra de los CIP.
Las medidas propuestas ralentizarían la emisión de CIP; de manera que el crecimiento natural que cada año experimentan los ahorros, por las cotizaciones mensuales, permitiría que las AFP sigan comprando estos títulos sin llegar al techo del 45 %.
Según datos de la Superintedencia del Sistema Financiero (SSF), hasta mayo de este año se contabilizaron 111,961 pensionados por vejez e invalidez en la Unidad de Pensiones del ISSS y en el INPEP, además de 29,610 beneficiarios por sobrevivencia.
Los CIP se crearon para financiar el pago de las pensiones públicas y otros beneficios
Títulos de deuda pública
Los CIP empezaron a emitirse en 2006, cuando se creó el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Son títulos de deuda pública, que se crearon como respuesta al agotamiento de las reservas técnicas del INPEP y de la Unidad de Pensiones del ISSS.
Pagan pensiones y otros beneficios
El FOP emite dos tipos de CIP. Con la Serie A, el Estado obtiene recursos para pagar las pensiones del ISSS e INPEP. Los CIP B permiten pagar los certificados que equiparan beneficios de quienes cotizaron en el sistema público y migraron al SAP.
Los trabajadores compran CIP
Por ley, los CIP deben ser adquiridos obligatoriamente por las AFP, y lo hacen con el dinero de sus cotizantes, es decir, con los ahorros para pensiones. De esta manera, esta es una deuda que el Estado adquiere con los trabajadores, no con las AFP.
