Los impagos por parte del Estado al sector privado, decisivo en la producción de bienes y servicios, ralentiza hoy la reanimación económica en Panamá, aseguraron gremios empresariales.
El presidente del Sindicato Industrial de Panamá(SIP), Luis Frauca, espera que disminuya esa deuda de vieja data, que creció en los últimos dos años de restricciones debido al COVID-19 y afecta a todos, no solo a la construcción como asevera el Ejecutivo.
Fauca indicó al diario La Estrella de Panamá que la actual administración, entre otras obligaciones, deberá pagar a proveedores al menos US$1,738 millones en otros rubros como como educación, medicamentos, agroindustria, lácteos, pintura, agua embotellada y empaque de plásticos.
Señaló que en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se concentra todo, se establece que la ejecución del presupuesto es alta, pero en cada institución el manejo de las cuentas no es expedito.
Muchas veces, dijo, los presupuestos que pasan a las instituciones para pago no es la partida completa de un proyecto, ya que se dan a medida que se van cumpliendo las etapas de estos.
El titular del gremio fundado en 1945, aseveró que la economía no tolera que crezca más esa deuda y comentó que mucho del capital, que aún no se paga a las empresas, serviría para hacer inversiones, aumentar capacidad, contratar personal y reducir el nivel de endeudamiento que tienen con los bancos.
Para el economista Eddie Tapiero, las cuentas por pagar del Gobierno o por cobrar de las pequeña y mediana empresa (pymes) es un tema crítico de la reactivación económica.
Según Tapiero, muchas pymes tienen activos como maquinaria y equipo, lo que les falta es el capital para trabajar, a diferencias de otras que quebraron después de que la economía se cerró varias veces y no pudieron generar los ingresos para pagar a sus trabajadores.
El argumento del gobierno
De acuerdo con datos de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa(mipymes) y la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, más del 58 % de estas ya cerraron y el 8% de las que sobrevivieron no tienen acceso al crédito bancario.
Por su parte el MEF justificó que gran parte de los pagos atrasados se deben a que los proveedores incumplen con la entrega de los requisitos que el Estado les pide.
A juicio de varios analistas se trata de un recorrido largo que empieza con la institución donde ofrecieron el servicio o el bien, para luego pasar a la revisión en Contraloría General de la República, que autoriza al Departamento de Tesorería del MEF, encargado de procesar los pagos en un período de tres a cuatro días máximo.
En el transcurso de la vigencia fiscal 2021, el Tesoro Nacional realizó pagos por US$15,479,9 millones, de los cuales el 26% corresponde a pago directos a proveedores y transferencias de capital, según estadísticas oficiales.
