Por estrategiaynegocios.net
El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su informe anual sobre sobre prácticas de derechos humanos de todos los países que reciben asistencia y todos los estados miembros de las Naciones Unidas al Congreso
Este documento, correspondiente a 2022, cubre los derechos individuales, civiles, políticos y laborales reconocidos internacionalmente, tal como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales.
Conozca a continuación los principales hallazgos en esta materia de los países de Centroamérica:
Guatemala
Según el reporte del Departamento de Estado, los “problemas significativos” de derechos humanos del país incluyeron “informes creíbles” de: condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto y detención arbitrarios; represión transnacional contra personas en otro país, incluidas amenazas, hostigamiento, vigilancia, coerción y uso indebido de herramientas internacionales de aplicación de la ley; y serios problemas con la independencia del poder judicial.
Además, señala “restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación”, incluidas amenazas de violencia contra periodistas y arrestos o enjuiciamientos injustificados contra periodistas; corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra miembros de grupos indígenas; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas homosexuales.
“La impunidad, incluso por parte de funcionarios de alto nivel, siguió siendo generalizada. La corrupción, los esfuerzos de los actores del crimen organizado para garantizar la impunidad y el socavamiento de las instituciones anticorrupción y el poder judicial por parte de actores políticos corruptos dificultaron la investigación y el enjuiciamiento significativos de los delitos, incluidos la corrupción y los abusos de los derechos humanos, que involucran a funcionarios públicos”, indica el reporte.
Honduras
El reporte también menciona “ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios.”
Indica que “el gobierno procesó a algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en corrupción, pero un sistema judicial débil y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas”.
Además, los grupos delictivos fueron “perpetradores importantes” de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y, aunque “el gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la impunidad fue generalizada”.
El Salvador
En el caso salvadoreño, el informe señala el cometimiento de “homicidios ilegítimos o arbitrarios, desapariciones forzadas; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto y detención arbitrarios; serios problemas con la independencia del poder judicial; injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación”.
Inidca que “persistió la impunidad en las fuerzas de seguridad, otras oficinas del poder ejecutivo y el sistema de justicia”. También “los grupos delictivos, incluidas las bandas locales y transnacionales y los traficantes de estupefacientes, fueron perpetradores significativos de delitos violentos”.
Nicaragua
Bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua se han dado, dice el Departamento de Estados, ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de guardias penitenciarios y parapoliciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; prisioneros políticos; represión transnacional contra personas ubicadas en otro país; serios problemas con la independencia del poder judicial; injerencia arbitraria e ilegal en la privacidad; castigo de miembros de la familia por supuestas ofensas por parte de un pariente; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación.
“El gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento en favor de la democracia de 2018. El gobierno no abordó los casos de corrupción generalizada. El presidente Ortega reforzó la impunidad de los violadores de derechos humanos que le fueron leales”, indica el reporte.
Costa Rica
Descata que en el caso costarricense, “no hubo informes de abusos significativos contra los derechos humanos” y agrega que el gobierno “contaba con mecanismos para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran cometer abusos contra los derechos humanos o involucrarse en actos de corrupción”.
Aunque señala que “las condiciones carcelarias eran duras” debido al hacinamiento, además de reportar casos de denuncias de discriminación antisindical, trabajo forzoso de los migrantes, discriminación contra las personas por su orientación sexual y aumento de la xenofobia.
Panamá
El reporte tampoco revela que hubo informes de que el gobierno panameño o sus agentes cometieran homicidios arbitrarios o ilegales. Sin embargo, destaca que existía “impunidad entre las fuerzas de seguridad debido a mecanismos de control interno débiles y descentralizados para la conducta y el cumplimiento, además de una cultura de corrupción”.
Además, las condiciones carcelarias “siguieron siendo duras” debido al grave hacinamiento, la seguridad interna insuficiente, la escasez de guardias penitenciarios, la falta de agua potable, los servicios médicos inadecuados y las malas condiciones sanitarias.
