Mientras a muchos trabajadores del sector privado se les ha reducido su salario o sus jornadas laborales, muchos comercios y empresas no pueden abrir por las medidas sanitarias y más de un 20% de la población ni siquiera tiene trabajo, en el sector público gozan de la tranquilidad de saber que sus salarios y sus incentivos llegarán intactos a fin de mes.
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El gasto del gobierno central en remuneraciones e incentivos, lejos de decrecer durante la pandemia, más bien aumentó, según lo certificó la propia Contraloría General de la República.
A mayo pasado - tres meses después de declarada la pandemia- el gasto en remuneraciones del Gobierno Central, ascendió a ¢1.056.892 millones (3,0% del PIB).
Este monto no solo es segunda mayor partida dentro de los egresos ejecutados totales del Presupuesto de la República, (por debajo de las transferencias corrientes) sino que resulta ¢23.271 millones más de gasto que el mismo periodo del año pasado.
En total, el monto representa un crecimiento del 2,3% a nivel interanual, y si bien es menor al mostrado en el mismo periodo entre 2018 y 2019 (3%) lo cierto es que sigue siendo un crecimiento que está por encima de la inflación.
Esto quiere decir que los salarios, lejos de perder valor, más bien se han valorado en términos reales, de acuerdo con los datos de la Contraloría.
Esta valorización del gasto en remuneraciones en la primera etapa del año se produce a pesar de que el gobierno ordenó no realizar el pago del aumento a los empleados públicos previsto para este año (de alrededor de ₡7.500), e incluso a pesar de que ya están en vigencia la mayoría de disposiciones contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para reducir los montos e imponer topes a pluses como las anualidades y dedicación exclusiva.
El crecimiento ha sido desigual por entidades y en algunas de ellas puede obedecerse al manejo de la crisis, en donde se ha visto disparado el gasto en pago de horas extra y otro tipo de incentivos, como por ejemplo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Pública.
En Salud por ejemplo Salud, el pago de remuneraciones básicas se redujo en relación a 2019 pero hubo un incrementos en el pago de suplencias por el orden del 289% y en el pago de horas extra por 253,2%.
Por su parte el gasto en remuneraciones del Ministerio de Educación aumentó en ¢15.838 millones y en Seguridad pública en ¢4.511 millones.
Sin embargo, hay otras entidades no necesariamente asociadas con la emergencia donde hubo incrementos.
Uno de esos casos es el Poder Judicial en donde destacan incrementos en la parte de contribuciones patronales asociadas al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, a la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales y a la CCSS por la Ley de Protección al Trabajador y seguro de salud.
Otro caso es el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Entre enero y mayo generó un incremento en el pago de salarios del 10,2% respecto al mismo periodo de 2019.
La justificación ses que se trata del crecimiento en la mayoría de los rubros de remuneraciones, particularmente en el pago de tiempo extraordinario.
Así, de las 24 instituciones que conforman el Presupuesto de la República, 14 redujeron su gasto por un total de ¢1.617 millones, mientras que las restantes diez lo aumentaron en ¢24.888 millones.
Entre las que lo redujeron destacan la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Ambiente.
Uno de los aspectos que sigue presionando el gasto de remuneraciones al alza, son los incentivos. Antes de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas los incentivos crecían por el orden del 6% interanual y entre 2018 y 2019 esa tendencia cayó a un 3%. Para este 2020 la tendencia a la baja se detuvo y se ha mantenido en alrededor de ese 3%; es decir, si siguen creciendo a ese ritmo.
Esto genera una presión sobre el presupuesto y sobre los sueldos base que sigue siendo elevada. En 2018, un empleado público recibía en promedio ₡111 mil por cada ₡100 mil de sueldo base. A mayo de este año esa proporción alcanzaba los ₡113 mil por cada ₡100 mil.
De acuerdo con la Contraloría, a mayo pasado el gasto por incentivos era mayor al del resto de componentes salariales.
"Las medidas de contención del gasto en remuneraciones contenidas en instrumentos jurídicos como la implementación de la Ley N° 9635, deben ser complementadas con acciones dirigidas a profundizar la uniformidad, simplicidad y sostenibilidad de los esquemas remunerativos del Gobierno Central, como parte de un enfoque integral en materia de empleo público que permita remunerar apropiadamente al factor trabajo y salvaguardar la estabilidad fiscal de largo plazo", señaló el Ente Contralor.
Pese a este señalamiento y a que el peso de la crisis sigue estando del lado privado, en la Asamblea Legislativa no existen iniciativas claras o al menos avanzadas para equilibrar la balanza.
La discusión más seria se ha centrado en torno a la posibilidad de establecer el cobro del impuesto de la renta al salario escolar, apoyados en que la Sala Constitucional ya determinó que se trata de un componente salarial y no un plus; sin embargo, diversos sectores políticos se han opuesto a esta posibilidad.
