En Costa Rica, desde el 2019, el MINAE ha propuesto una nueva regulación para impulsar esta actividad, ante un modelo regulatorio hoy superado.
Este proceso de transformación ha concluido satisfactoriamente, inclusive superó la consulta pública ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, cuenta con la aprobación del departamento de Leyes y Decretos de Casa Presidencial, e incluso tiene asignado un número Decreto Ejecutivo, restando solamente la firma del presidente de la República, Carlos Alvarado.
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"No tengamos miedo en apostar por las tecnologías que nos permiten modernizar el sector eléctrico costarricense, países como Honduras y El Salvador tienen una capacidad instalada en generación solar mucho más amplia que la de Costa Rica, nosotros si quiera somos el 1% de la matriz energética. Centremos al usuario en el eje de toda la regulación y dinamicemos la economía a partir de un rediseño de la estructura tradicional del modelo energético de nuestro país" acotó William Villalobos, Director Ejecutivo de la Cámara de Generación Distribuida.
Desde la Cámara de Generación Distribuida instan al presidente para que firme el decreto, no sólo porque elimina las barreras que han limitado todos estos años la producción de energía solar en los hogares costarricenses; sino porque incorpora condiciones regulatorias propias de países avanzados en materia de Generación Distribuida y el Autoconsumo.
"Un claro ejemplo de la situación, es que el 33% de los costarricenses ya no pueden instalar paneles solares debido a que muchos de los circuitos a nivel nacional están cerrados. Si continuamos con esta dirección, en el corto plazo, no se podrá instalar un solo panel y estaremos produciendo -si acaso- un 3% de energía solar en nuestra matriz", mencionó Villalobos.
Actualmente, Costa Rica cuenta con más de 3.000 instalaciones que representan cerca de 80 MWh operando en el país con una inversión superior a los 80 millones de dólares y en promedio todos esos consumidores ahorran un 70% de su factura eléctrica; es decir, esto dejó de ser un plan piloto hace mucho tiempo. Este nuevo reglamento -sin duda- dinamizará aún más el sector energético, traduciéndose en beneficios para el consumidor costarricense y en una opción eficaz en pro de la urgente y necesaria reactivación económica del país.
