La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología del Ministerio de Salud costarricense ha aprobado esta medida para 'promover que los centros de trabajo públicos y privados sean lugares más seguros' y ante la necesidad de 'disminuir las posibilidades de interrupción de servicios y labores en centros de trabajo a raíz de posibles contagios'.
La decisión se ha visto motivada por 'variables epidemiológicas como la cantidad de casos COVID-19, la mortalidad de la enfermedad, la circulación incrementada de la variante delta y la elevada ocupación hospitalaria, impactada en mayor medida por pacientes que no se encuentran vacunados, así como la desaceleración en la afluencia de personas a los vacunatorios para recibir su primera dosis', ha indicado el Gobierno, según recoge 'La Nación'.
En el país hay alrededor de 320.000 trabajadores de instituciones estatales, y hasta ahora ya se exigía la inmunización contra el coronavirus a los funcionarios de la salud, entre ellos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Instituto Nacional de Seguros (INS) que tratan pacientes.
En el caso del sector privado, 'será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra la COVID-19', mientras que la Administración ha indicado que 'el decreto que oficializa dicha obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus será emitido y firmado en los próximos días'.