Por Europa Press
El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas ha exigido a El Salvador que tome medidas para prevenir “detenciones arbitrarias” un día después de que el presidente del país, Nayib Bukele, haya anunciado la puesta en marcha de la “Fase 5” de su Plan de Control Territorial de lucha contra las pandillas.
Además, ha llamado la atención al Gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, por negarse a cooperar con la revisión del organismo, por lo que, “en ausencia de una delegación estatal”, se adoptaron las conclusiones a finales de noviembre.
En un informe publicado, el Comité ha pedido que el Gobierno salvadoreño garantice los derechos “fundamentales” de los detenidos, así como que el estado de excepción “cumpla con el Derecho Internacional y los Derechos Humanos”.
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El plan anunciado esta semana por Bukele pasa por exportar a nivel nacional cercos militares como el que llevaron a cabo en la localidad de Comasagua, de 15.000 habitantes, pero esta vez en ciudades y municipios más grandes.
En el último informe facilitado por el Gobierno de El Salvador, se estima que un total de 56.000 pandilleros han sido detenidos desde que se decretara en el país el estado de excepción, un mecanismo que permite al Estado salvadoreño suspender ciertas libertades y garantías.
Por otro lado, el Comité Contra la Tortura de la ONU ha se hizo eco de “numerosos informes” sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad nicaragüenses en lo que concierne a “detenciones arbitrarias y actos de tortura para reprimir a los manifestantes” durante las manifestaciones que se suceden desde 2018.
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“El Comité instó a Nicaragua a garantizar salvaguardias legales a todos los detenidos, adoptar las medidas necesarias para prevenir y cesar estos actos de represión y violencia, en particular contra defensores de Derechos Humanos, periodistas y líderes políticos de la oposición, y poner en libertad de inmediato a los detenidos arbitrariamente”, ha precisado.
Tanto la oposición como la comunidad internacional, incluida la ONU, han cuestionado una campaña contra las ONG llevada a cabo por el Gobierno de Daniel Ortega, que se enmarca dentro de una ola de represión que se inició tras las protestas de 2018 y se reforzó en los meses previos a las elecciones de 2021.
