El Gobierno de Daniel Ortega guarda desde 2010 una investigación documentada de 339 casos de invasión y titulación ilegal de tierras de parte de colonos en los territorios indígenas Mayangna Sauni As y Mayangna Sauni Bas, en la reserva de Bosawas.
Cada caso fue debidamente documentado por los gobiernos territoriales de las zonas y denunciados al entonces jefe de la Policía del Triángulo Minero, el comisionado mayor, Otilio Duarte, pero hasta la fecha se desconoce por qué no se tramitaron las denuncias. Los documentos recogen casos de invasión y titulación ilegal de territorio comunal indígena de 2009 y 2010, según copia que incluyen cartas presentadas a las autoridades policiales en poder del diario nicaragüense La Prensa.
En octubre de 2009 se presentaron en la delegación policial del municipio de Siuna 284 denuncias de invasiones en territorio Mayangna Sauni Bas. Y en septiembre de 2010 fueron interpuestas 55 denuncias de invasión de colonos en territorio Mayangna Sauni As en las oficinas de la delegación de la Policía del municipio de Bonanza, en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN).
La documentación permite conocer la situación legal de familias mestizas en los territorios indígenas, y se refleja que 260 de los colonos, debidamente identificados, no poseían documentos de propiedad que ocupaban.
En 33 de los casos se poseía escritura de un notario, en siete documentos de la reforma agraria, dos de los colonos tenían solo minutas, uno un documento supletorio y los restantes 11 colonos no presentaron ningún documento con que respaldar la tenencia de la propiedad en territorio indígena.
En total se contabilizaron 1.794 miembros de familias de colonos invadiendo propiedades indígenas en la zona de Bosawas.
Policía no remitió al Ministerio Público
Según una carta enviada en junio de 2011 a la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, de los entonces diputados y aliados del partido Frente Sandinista, Agustín Jarquín y Brooklyn Rivera, los jefes policiales de Siuna y Bonanza no remitieron las denuncias al Ministerio Público.
La carta es del 29 de junio de 2011, por lo que la primera comisionada Granera conoce desde hace cinco años los 339 casos de invasión y titulación ilegal de tierras indígenas mayangnas denunciadas por los gobiernos territoriales.
En esa misiva Jarquín Anaya y Rivera, quienes entonces presidían la Comisión de Población, Desarrollo y Asuntos Municipales y la Comisión de Asuntos étnicos de la Asamblea Nacional, respectivamente, solicitaron a Granera "con urgencia una reunión" para tratar "los graves casos de denuncias en la Policía", "sobre invasiones de tierras dentro de la zona núcleo de Bosawas, en territorios mayangnas" y que fueron "titulados por la actual administración del presidente Ortega".
Jarquín explicó a La Prensa que el estudio contó con la cooperación de la agencia alemana GTZ, porque estaba dirigido a apoyar la conservación de Bosawas, pero permitió identificar los más de trescientos casos de invasión ilegal de tierras indígenas.
"Cada expediente de la acusación formal fue referenciada con un mapa, se definía el perfil de las personas que vivían ahí, pero además de un criterio responsable del Marena por el daño que se estaba ocasionando a la zona", afirmó Jarquín. Aseguró que "en varias ocasiones nos reunimos" y "hasta tuvimos fuertes discusiones" con el jefe de la Policía del Triángulo Minero a quien los gobiernos territoriales indígenas Mayangna Sauni As y Mayangna Sauni BAS, reclamaron su pasividad.
Contó que en su oportunidad los representantes de los gobiernos territoriales "reclamaron infructuosamente la no atención de las denuncias sobre invasiones de tierras, que se entregaron en las delegaciones policiales de Siuna y en Rosita".
