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Fecha de publicación: 2016-01-26
El jefe de la Cicig, Iván Velásquez. (Foto: Archivo).

Guatemala: CICIG investiga a 15 diputados por plazas fantasma

Las contrataciones que efectuaron entre 10 y 15 diputados en el Congreso durante la legislatura pasada están bajo escrutinio

Por: elperiodico.com.gt

Pedro Muadi, expresidente del Congreso, podría no ser el único diputado que utilizó el mecanismo de las plazas fantasma para saquear el presupuesto de ese organismo. Las contrataciones que efectuaron entre 10 y 15 congresistas durante la legislatura pasada están bajo escrutinio, adelantó ayer el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez.

“Venimos adelantando desde el año pasado, y a partir de la investigación que se inició relacionada con el diputado Pedro Muadi –en prisión preventiva– una investigación que tiene que ver específicamente con el tema de plazas fantasma; eso supone hacer una evaluación de quienes aparecen vinculados por cualquier modalidad en el Congreso y que efectivamente estén prestando el servicio para el que fueron contratados”, explicó el jefe de la CICIG en un intermedio del primer encuentro regional de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos (Comjib).

Las pesquisas, que se realizan en conjunto con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se iniciaron luego del análisis de la documentación secuestrada en seguimiento al caso de Muadi. El jefe de la CICIG no descartó que la indagación alcance a expresidentes del Legislativo.

Al ser consultado sobre los avances de la investigación, el Comisionado indicó que se irán presentando resultados individuales, “en la medida en que vamos encontrando con algunos diputados o exdiputados que hubieran incurrido en prácticas de esta naturaleza”.

Además detalló, que debido al volumen de información no se evaluarían todas las plazas a cargo de uno u otro congresista, sino de identificar casos específicos que pudieran ser sintomáticos de algunas situaciones particulares en el Congreso.

“No podría adelantar qué tan pronto se presentarían antejuicios. Una investigación de esta naturaleza conduce, tratándose de diputados activos, a la presentación de un antejuicio”, añadió el funcionario de Naciones Unidas.

Redes en el Congreso

Velásquez precisó que dentro del mandato de la CICIG figura la identificación de redes que utilizan la nómina del Congreso en detrimento del presupuesto estatal. Hasta 15 diputados podrían estar involucrados en esa práctica y en la medida que se obtenga más información, la investigación podría extenderse, dijo el Comisionado.

Las declaraciones de Velásquez suceden una semana después que el presidente del Legislativo, Mario Taracena, reveló la nómina del Congreso durante 2015. La cantidad de plazas a cargo de cada diputado o los salarios asignados han sido objeto de cuestionamientos entre la opinión pública.

El Comisionado indicó que ni la CICIG ni el Ministerio Público tendrán una intervención específica relacionada con la cantidad de asesores o de funcionarios que haya en el Congreso ni sobre el nivel salarial. A lo que sí se le dará seguimiento, reiteró, es a redes como la encabezada por Muadi, que según las pesquisas contrató 28 plazas a cargo del Congreso por Q4.7 millones (casi US$615.000), pero que en realidad laboraban en una de las empresas del diputado.

Da inicio a juicio

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal dio inicio al juicio contra dos de los implicados en el caso de las plazas fantasma del Congreso: Claudia María Bolaños y José Estuardo Blanco.

Bolaños es señalada de abrir las cuentas bancarias de 28 personas que se contrataron, pero que nunca llegaron a laborar a la institución. Asimismo, era la encargada de entregar el porcentaje para los supuestos trabajadores y depositar el resto en la empresa PSE, S.A., del diputado Pedro Muadi, implicado en el proceso.

Blanco era el jefe de seguridad del diputado y se supone que intervino para que otras personas firmaran los contratos, a cambio de una comisión.

Bolaños aceptó los señalamientos en su contra y admitió haber firmado un contrato para laborar en el organismo estatal, por el que devengó un salario de Q20.000 (algo más de US$2.600), pese a que nunca lo ejerció. Todo, según ella, sucedió bajo la coordinación de Muadi.

En la audiencia se presentó el testimonio de un colaborador eficaz, quien confesó haber simulado trabajar para el Congreso. Además, afirmó que el diputado tenía el control de la creación de plazas.

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