Por Leonel Ibarra- estrategiaynegocios.net
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que está extendiendo automáticamente la validez de cierta documentación relacionada con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para beneficiarios de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal hasta el 30 de junio de 2024, a partir de la fecha de vencimiento actual del 31 de diciembre de 2022.
Este aviso garantiza el cumplimiento continuo del DHS con varias órdenes judiciales emitidas por los tribunales de distrito federal en las demandas de Ramos y Bhattarai que requieren que el DHS mantenga las designaciones de TPS para estos países, así como el TPS y la documentación relacionada para los beneficiarios afectados elegibles.
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En abril pasado, el gobierno de Honduras solicitó formalmente a Estados Unidos un nuevo TPS que incluyera a aproximadamente 58,000 “tepesianos” y quienes no están cobijados bajo el estatus, que son más de 100.000 hondureños.
Se estima que cerca de un cuarto de millón de salvadoreños también han sido beneficiados desde el 2001 por el TPS.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. anuló la medida cautelar de la corte del “Caso Ramos” el 14 de septiembre de 2020, que sostiene que la decisión de designar, extender o terminar el TPS no está sujeta a revisión judicial.
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Sin embargo, la orden de apelación no es efectiva actualmente porque el Noveno Circuito no ha emitido ninguna directiva para llevar a cabo la orden al tribunal de distrito federal. Por lo tanto, la medida cautelar del Caso Ramos sigue vigente.
“Los beneficiarios de TPS afectados de los seis países conservarán su estatus, siempre que continúen cumpliendo con todos los requisitos individuales para la elegibilidad de TPS descritos. Según sea necesario, el DHS publicará información futura en el Registro Federal para garantizar su cumplimiento con las órdenes judiciales pertinentes que puedan emitirse después de la fecha de este aviso”, señaló el DHS en un documento.
Cabe recordar que el TPS es un estatus migratorio temporal otorgado a ciudadanos elegibles de un estado extranjero designado bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad o a personas elegibles.
Durante el período de designación, los beneficiarios son elegibles para permanecer en Estados Unidos, no pueden ser expulsados y están autorizados a trabajar y solicitar y recibir una autorización de viaje a discreción.
