Por AFP
“Apoyamos la iniciativa de reforma eléctrica de la presidenta Xiomara Castro en beneficio del pueblo de Honduras, sobre todo de la mayoría del pueblo, que va a tener la posibilidad de contar con energía eléctrica barata”, aseguró AMLO, de visita en Tegucigalpa para abordar con Castro las causas de la creciente migración de Centroamérica a Estados Unidos.
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El proyecto para una reforma estructural del sector de la energía eléctrica, enviado este mes por el gobierno de la izquierdista Castro al Congreso, busca garantizar el servicio como un “bien público de seguridad nacional” y un “derecho humano de naturaleza económica y social”. La iniciativa supone revisar los contratos con las generadoras de energía para rebajar el precio del kilovatio/hora. Y en caso de desacuerdo, autoriza a “plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado” pagando el “justiprecio” de las plantas.
Esta iniciativa fue criticada por la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien mostró preocupación por el “efecto” de la propuesta “sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora de energía”.
Sus expresiones fueron rechazadas por el canciller de Honduras, Enrique Reina. Sin embargo, los comentarios de la diplomática fueron enmendados por el subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José W. Fernández.
“Estados Unidos está listo para trabajar en estrecha colaboración con Honduras para realizar las reformas necesarias para mantener las luces encendidas y promover la seguridad energética para el pueblo de Honduras”, dijo.
El apoyo de AMLO a Castro ocurre luego de una fallida reforma que él intentó desarrollar en México para restituir la “soberanía” estatal en la industria eléctrica.
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Rechazada por el Congreso, la propuesta modificaba artículos constitucionales para devolver a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el monopolio del sector.
Aunque el presidente izquierdista sí logró cambiar leyes reglamentarias que fortalecen a la CFE, sobre todo en el mercado de generación eléctrica. Las modificaciones son rechazadas por Estados Unidos, Canadá -socios de México en el tratado comercial T-MEC- y España, tres de los países con mayores inversiones en el sector.
