El pasado 5 de diciembre, al concluir su visita oficial a Costa Rica, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció los esfuerzos del país centroamericano por dar asilo a miles de nicaragüenses que han buscado salvaguardar su vida e integridad física, sin embargo, instó al gobierno de Carlos Alvarado a agilizar los trámites de las solicitudes de refugiados.
Bachelet, expresidenta de Chile, también exhortó a la comunidad internacional a apoyar a Costa Rica, refugio de miles de nicaragüenses, que llegaron al país a raíz de la ofensiva militar que desarrolló el régimen de Daniel Ortega -apoyándose en fuerzas paramilitares- para desmantelar los conatos de resistencia cívica que surgieron en varias ciudades del país, a raíz de las protestas del año 2018.
Daguer Hernández V., subdirector general de Migración de Costa Rica, confió a E&N que entre el primero de abril al 31 de diciembre de 2018 ingresaron a su país 283.326 nicaragüenses, la gran mayoría por el puesto fronterizo de Peñas Blancas. Posteriormente, del 1 de enero al 15 de octubre de 2019, entraron 333.404 nicaragüenses.
"A partir de junio de 2018, muchas personas nicaragüenses optaron por solicitar la protección internacional a partir de una solicitud de Refugio. Para cada una de las solicitudes recibidas, la DGME aplica el procedimiento establecido en apego a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, por lo que las personas están siendo atendidas en orden en la recepción de cada uno de sus trámites", indicó Hernández sin especificar cifras.
"La persona solicitante, una vez que inicia la gestión, recibe un documento provisional que le acreditará como solicitante de la condición de persona refugiada. Este documento garantiza su estadía regular en el país de forma temporal, mientras las autoridades analizan su caso", agregó.
Hernández estimó que la resolución del caso definitivo tarda alrededor de un año y agregó que están haciendo transformaciones administrativas para agilizar la resolución.
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No obstante, de acuerdo a cifras oficiales proporcionadas por la DGME, entre marzo y diciembre del 2018 se aprobaron 166 solicitudes bajo la subcategoría de refugio, de éstas solo 6 correspondieron a ciudadanos de Nicaragua.
Posteriormente, entre enero a mayo de 2019, se aprobaron un total de 41 solicitudes de refugio, de las cuales 18 corresponden a nicaragüenses.
Hernández indicó que en su país existen dos Centros de Atención Temporal para Migrantes (ubicados cerca de las dos principales fronteras del país), y aseguró que desde que se inició la situación con los migrantes nicaragüenses, se trabaja bajo una práctica conjunta de atención humanitaria y cooperación internacional, en el cual el ACNUR, en conjunto con sus agencias implementadoras y las estrategias de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), hacen posible que las personas solicitantes de refugio obtengan protección internacional a través de solicitud de cita por medio del call center de Migración, y solicitudes atendidas en puestos fronterizos.
Falta apoyo internacional
Giovanni Bassu, Representante Regional del ACNUR para Centroamérica y Cuba, estimó que alrededor de 90.000 nicaragüenses han huido desde abril de 2018, de los cuales alrededor de 70.000 están en Costa Rica y refirió que para ellos es claro que tienen necesidades de protección internacional como refugiados."La persecución que han sufrido, como ha sido reportado en varias ocasiones por entidades como la oficina de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es un indicador de la necesidad de protección", apuntó Bassu.
El Representante de ACNUR explicó a E&N que su oficina brinda apoyo a los gobiernos en países receptores para fortalecer los sistemas de asilo y que las personas que necesitan protección puedan solicitarlo sin obstáculos.
De igual forma, trabajan en el terreno para poder brindar asistencia humanitaria de emergencia y otros servicios con socios locales, que le permitan a los solicitantes del estatuto de refugiados y aquellos reconocidos como tal, tener una red de apoyo mientras acceden a las soluciones duraderas. Esto incluye albergue temporal, asistencia médica y psicosocial y educación, entre otros.
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Del mismo modo, indicó que trabajan de la mano de los gobiernos para adelantar medidas que les permitan a solicitantes del estatuto de refugiado y a los refugiados acceder a soluciones duraderas dentro del país de acogida.
Esto incluye abogar por la provisión de permisos de trabajo, educación terciaria e iniciativas de medios de vida que les permitan rehacer sus vidas en dignidad.
Sin embargo, lamentó que la atención de la comunidad internacional no ha sido suficiente para atender la problemática social, ya que apuntó que los países de acogida no pueden responder solos a la situación.
"Nos gustaría llamar la atención sobre la capacidad de respuesta de los países de acogida. ACNUR acoge positivamente los esfuerzos de países receptores, en especial de Costa Rica que ha sido el principal país receptor, para permitir que las personas entren en su territorio y tengan acceso al procedimiento de asilo. Estos esfuerzos son aún más encomiables dada la considerable presión bajo la que se encuentran su sistema de asilo y las comunidades locales", indicó.
"Se requiere de más apoyo para que los países puedan responder de manera efectiva y rápida. ACNUR continuará apoyando a los países receptores en sus esfuerzos por brindar protección a aquellas personas que solicitan asilo", agregó.
Bassu reiteró que lamentablemente es más complejo responder a las urgentes necesidades que tienen las personas que huyen de Nicaragua, considerando que prevalece en la región un contexto de múltiples situaciones de desplazamiento forzado, tanto del Triángulo del Norte de Centroamérica, de Venezuela y más recientemente Nicaragua.
De acuerdo a los compromisos asumidos por los gobiernos a través del Pacto Mundial sobre Refugiadosy su aplicación regional - el MIRPS -, Bassu reiteró que el apoyo de la comunidad internacional es clave en el sentido que permite compartir la responsabilidad de responder al desplazamiento forzado de un modo justo y equitativo. "Se requiere de una solución política a la crisis que aún aqueja a Nicaragua. Sin ésta, más personas se verán forzados a huir. Las personas que están huyendo necesitan protección internacional. Es necesario que tengan acceso al territorio, a asistencia humanitaria de emergencia y a los procedimientos de asilo", concluyó Bassu
