Los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron, esta mañana, la cancelación de personerías jurídicas de más de 10 organizaciones no gubernamentales.
Entre estas la de la Universidad Católica del Trópico Seco; Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI); Asociación Instituto Agropecuario de la Diócesis de Estelí; Asociación de Colegios Parroquiales de la Diócesis de Estelí; Cáritas Diocesana de Estelí; Familia Padre Fabretto.
También fueron canceladas la Asociación Comisión de Justicia de la Diócesis de Estelí; Asociación Centro Cultural del Norte de la Diócesis de Estelí; Fundación Michelangelo Foundation; Asociación Pro Desarrollo de Estelí; Asociación de Fomento, Creación de Graduados; Asociación de Estudios Humanitarios (UNEC); Asociación Popular Nicaragüense (UPONIC) y la Asociación Universidad Paulo Freire (UPF).
Sumando a las anteriores, a la Asociación de Cantautores Nicaragüenses, fundada por el renombrado artista Luis Enrique Mejía Godoy y a la Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua (Aonic).
Franya Urey Blandón, responsable del Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, presentó la solicitud de cancelación al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
Las razones
Según Gobernación, las organizaciones incumplieron con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro, lo cual promueve la falta de transparencia en la administración de los fondos.
"Estas asociaciones y fundaciones han incumplido y obstaculizado el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones civiles sin Fines de Lucro, que al efecto lleva el Ministerio de Gobernación, conforme los períodos fiscales, promoviendo la falta de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos y si fue acorde a sus objetivos y fines por los cuales la Asamblea Nacional les otorgará la Personalidad Jurídica", indicó el documento.
El Gobierno señaló a las organizaciones de violar la Ley General de Personerías Jurídicas y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
