La comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa ratificó este miércoles un convenio para que El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, sea miembro del Banco de Desarrollo de América Latina, de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El anuncio lo confirmó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien además agregó que con este nuevo organismo multilateral del que formará parte, desde hoy, el país tendrá una nueva fuente de financiamiento, es decir, una nueva forma de acceder al mercado de la deuda externa. Según Zelaya, suscribir el convenio -que fue firmado por él mismo y por el presidente ejecutivo del multilateral, Sergio Díaz Granados, servirá para proyectos de "infraestructura, resiliencia climática, desarrollo social, crecimiento económico, etc."
Según el sitio oficial del CAF, dicho convenio fue suscrito el 7 de diciembre y el monto total de las acciones adquiridas por el gobierno asciende a más de US$460 millones (equivalentes a 32,297 acciones de la Serie "B" del capital ordinario del CAF) que El Salvador pagará en un período de hasta 7 años.
De acuerdo con el organismo, "los beneficios que recibirá el país incluyen el acceso a nuevas fuentes de financiamiento, recursos de asistencia técnica y conocimientos especializados". La ratificación de este convenio ocurre en un contexto en el que El Salvador se enfrenta a dificultades para acceder al mercado de la deuda en el marco internacional, algo que viene aunado con la baja calificación que tiene el país a partir de las decisiones políticas y económicas del actual gobierno.
De hecho, el mismo ministro de Hacienda aceptó a principios de este año que la situación del perfil de riesgo del país a nivel internacional está en una situación delicada, sobre todo por las altas tasas de interés que tendría que pagar el país si sale a buscar financiamientos en los mercados internacionales. Por ello, el propio ministro Zelaya dijo que "hay que ser bobos para salir al mercado internacional" en el contexto actual, algo que podría complicar el financiamiento de la brecha presupuestaria que arrastra el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, y que el gobierno ha fijado en US$498 millones, a pesar de que calificadoras de riesgo internacionales calculan que puede estar cerca de los US$1.700 millones.
En esa ocasión, para ser precisos el 4 de enero, Zelaya afirmó que no habría problemas para financiar la brecha y dijo que, aunque se puede financiar a través de bonos soberanos (los cuales también están teniendo un desempeño deficiente), preferían, como gobierno, a los organismos multilaterales como el BID, el BCIE o el Banco Mundial, a la vez que ya anunciaba la ratificación de adhesión al CAF como otro mecanismo para poder acceder a financiamiento.
En ese sentido, economistas salvadoreños han advertido que la única forma en que el gobierno podría aliviar la situación en los mercados internacionales es si logra un acuerdo de asistencia financiera por hasta US$1.300 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin embargo, las negociaciones están estancadas desde abril de 2021 mientras el gobierno de Nayib Bukele no muestra indicios de querer tomar en cuenta las recomendaciones que el multilateral ha hecho a las políticas económicas del país, como lo es la eliminación del Bitcoin como moneda de curso legal, algo que podría ser el principal obstáculo para lograr el acuerdo.
