Centroamérica & mundo
Fecha de publicación: 2021-11-23

EEUU: Representantes de Cámara Baja preocupados por Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador

Los congresistas Albio Sires, Mark Green, Jim McGovern y Norma Torres, que emitieron un comunicado conjunto, dijeron que la ley daría al Gobierno salvadoreño libertad sin restricciones para prohibir las actividades a aquellas organizaciones que consideren amenazas

Por La Prensa Gráfica

Representantes de la Cámara Baja de los Estados Unidos Albio Sires, Mark Green, Jim McGovern y Norma Torres, expresaron preocupación por la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros que fue dictaminada favorable por la comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa salvadoreños.

"Instamos a la Asamblea Legislativa salvadoreña a reconsiderar su propuesta de ley de 'agentes extranjeros' y evitar socavar las operaciones de organizaciones no gubernamentales independientes en El Salvador", expresa el comunicado emitido de manera conjunta por Sires y Green.

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Ambos representantes mencionaron que la ley no tiene parecido con la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés) que se mantiene vigente en Estados Unidos.

"A pesar de las afirmaciones del gobierno salvadoreño, esta legislación no se parece en nada a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) de los Estados Unidos, pero es muy similar a las leyes ratificadas por regímenes autoritarios en Nicaragua y Venezuela que aceleraron la transición de la democracia a la dictadura en ambos países”, agrega el comunicado.

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Por su parte, McGovern y Torres, quienes también emitieron comunicado conjunto, dijeron que la ley daría al Gobierno salvadoreño libertad sin restricciones para prohibir las actividades a aquellas organizaciones que consideren amenazas.

"El borrador de la propuesta, actualmente en consideración en la Asamblea Legislativa salvadoreña, daría a los funcionarios del gobierno libertad sin restricciones para prohibir las actividades de aquellas organizaciones que se consideren amenazas a la "estabilidad política y social"; someter las contribuciones extranjeras a esas organizaciones a un impuesto del 40%; e imponer sanciones severas si el estado determina el incumplimiento", mencionan Torres y McGovern.

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