Por AFP
Las detenciones ocurren a cinco meses de las elecciones presidenciales, previstas para el 7 de noviembre, en donde la oposición espera que Ortega, en el poder desde 2007, intente un cuarto mandato consecutivo.
Los obispos llamaron a evitar que ' se institucionalice la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores, medios de comunicación, la persistente situación de injusticia, leyes en detrimento de los derechos humanos, asedio y hostigamientos políticos'.
La redada policial se inició el 2 de junio con el arresto de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y la aspirante con más posibilidades de derrotar a una posible nueva candidatura del actual presidente, a quien acusan de lavado de dinero.
También están detenidos los precandidatos, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, investigados entre otros delitos de 'incitar la intervención extranjera', aplicándoles leyes aprobadas por el Congreso oficialista.
'Todos debemos exigir con los medios disponibles el respeto al voto para que, como resultado de elecciones libres y transparentes, surja un gobierno elegido por el pueblo soberano', dijeron los jerarcas católicos . Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según organismos de derechos humanos.
'Queremos y preferimos para Nicaragua un sistema democrático' expusieron los obispos, quienes tuvieron un rol protagónico en el diálogo que trató de poner fin a la crisis política detonada por las protestas de 2018.
El gobierno acusó entonces a los jerarcas católicos de ser parte de supuestos planes 'golpistas' de la oposición. Las relaciones entre la iglesia y las autoridades son tensas.
El jueves, la vicepresidenta Rosario Murillo, aseguró que quienes se sientan perseguidos en el país, es por los delitos que han cometido.
'No robar, dicen los mandamientos de la ley de Dios. ¿Puede algún representante eclesial aprobar el hurto, el robo (...) los recursos que piden para la muerte, que piden para regar sangre en las comunidades nicaragüenses que amamos la paz, que piden y luego se reparten alegremente entre ellos?', agregó.
Las detenciones ocurren a cinco meses de las elecciones presidenciales, previstas para el 7 de noviembre, en donde la oposición espera que Ortega, en el poder desde 2007, intente un cuarto mandato consecutivo.
Los obispos llamaron a evitar que ' se institucionalice la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas, la persecución contra opositores, medios de comunicación, la persistente situación de injusticia, leyes en detrimento de los derechos humanos, asedio y hostigamientos políticos'.
La redada policial se inició el 2 de junio con el arresto de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y la aspirante con más posibilidades de derrotar a una posible nueva candidatura del actual presidente, a quien acusan de lavado de dinero.
También están detenidos los precandidatos, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, investigados entre otros delitos de 'incitar la intervención extranjera', aplicándoles leyes aprobadas por el Congreso oficialista.
'Todos debemos exigir con los medios disponibles el respeto al voto para que, como resultado de elecciones libres y transparentes, surja un gobierno elegido por el pueblo soberano', dijeron los jerarcas católicos . Ortega, un exguerrillero que gobernó de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en 2018, que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según organismos de derechos humanos.
'Queremos y preferimos para Nicaragua un sistema democrático' expusieron los obispos, quienes tuvieron un rol protagónico en el diálogo que trató de poner fin a la crisis política detonada por las protestas de 2018.
El gobierno acusó entonces a los jerarcas católicos de ser parte de supuestos planes 'golpistas' de la oposición. Las relaciones entre la iglesia y las autoridades son tensas.
El jueves, la vicepresidenta Rosario Murillo, aseguró que quienes se sientan perseguidos en el país, es por los delitos que han cometido.
'No robar, dicen los mandamientos de la ley de Dios. ¿Puede algún representante eclesial aprobar el hurto, el robo (...) los recursos que piden para la muerte, que piden para regar sangre en las comunidades nicaragüenses que amamos la paz, que piden y luego se reparten alegremente entre ellos?', agregó.
