La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos resolvió este lunes que los usuarios del Estatus de Protección Temporal, TPS, no serán elegibles para convertirse en residentes permanentes en ese país.
La decisión, tomada por unanimidad de los nueve jueces de la Corte, afecta a cientos de miles de usuarios del TPS, entre ellos más de 250 mil salvadoreños, que no podrán obtener una residencia en el caso de haber ingresado ilegalmente a los Estados Unidos.
En este histórico fallo, el máximo tribunal estadounidense bloquea las solicitudes de residencia permanente de los usuarios del TPS que no han sido 'admitidos' por oficiales de migración. Según los jueces, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INE, ya establece la elegibilidad para el estatus de residente permanente; por lo que los tepesianos no serían la excepción y deben apegarse a esta ley.
El fallo es la respuesta del Supremo estadounidense al caso denominado Sánchez versus Mayorkas, que buscaba dirimir si los migrantes con TPS son elegibles para convertirse en residentes legales, en el caso que hayan ingresado a Estados Unidos sin la autorización de un oficial migratorio.
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Esta controversia constitucional tiene su origen en la demanda de una pareja salvadoreña, José Santos Sánchez y Sonia González, ambos beneficiarios del TPS que aplicaron a una residencia permanente a través de su empleador; pero les fue negada por el tribunal del tercer circuito federal en Filadelfia, Pensilvania.
Esto, bajo el argumento de que nunca fueron 'inspeccionados y admitidos' al llegar a Estados Unidos.
¿El fin del TPS?
La decisión de la Corte no significa el fin del TPS para los cientos de miles de beneficiarios, quienes por ahora conservan sus permisos de trabajo y residencia temporal.El problema
Lo que sí define este nuevo fallo es que, en caso de haber ingresado ilegalmente a los Estados Unidos, los tepesianos deberán salir del territorio estadounidense para ser 'admitidos' por un oficial migratorio. Hasta entonces tendrán derecho de pedir una residencia legal que deberá tramitarse como el resto de peticiones.Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá
Esto, debido a que la Corte definió que la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INE, ya establece los requisitos para lograr una residencia permanente. Según dicha ley, el estatus de residente legal permanente, LPR, de Estados Unidos requiere de una 'admisión'.
Durante la audiencia del caso el pasado 19 de abril, el abogado representante del gobierno estadounidense, Michael R. Houston, aseguró que los beneficiarios del TPS pueden seguir aplicando a una residencia permanente, u obtener 'green cards', siempre que hayan entrado al país de forma legal.
No obstante, el TPS para los salvadoreños llega a su fin en octubre próximo. Movimientos como Alianza Américas, sin embargo, abogan por una nueva protección temporal o la extensión del TPS actual para evitar una crisis en el país.
Una larga batalla legal
José Santos Sánchez entró sin autorización a los Estados Unidos en 1997. Sin embargo, tras los terremotos de 2001 en El Salvador, logró ser parte del nuevo programa del TPS, aprobado durante la administración de George W. Bush.Esto le permitió diferir temporalmente su deportación y obtener un permiso de empleo temporal mientras duraba el amparo. Sin embargo, su empleador solicitó directamente que Sánchez pudiera optar por una residencia permanente.
Tres cortes de apelaciones fallaron a su favor y determinaron que todos los beneficiarios del TPS casados con ciudadanos estadounidenses o que tienen hijos mayores de 21 años nacidos en Estados Unidos, pueden ser reclamados para recibir la tarjeta verde.
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Sin embargo, otras dos cortes de apelaciones fallaron en su contra, lo que derivó el caso al máximo tribunal de justicia.
El debate judicial se centró en que, si los extranjeros indocumentados que están protegidos por el programa humanitario e ingresaron a Estados Unidos sin haber sido inspeccionados, califican para pedir la residencia.
El TPS, que beneficia a más de 411,326 inmigrantes, de los cuales 247,697 son salvadoreños, es una categoría migratoria que otorgó el Departamento de Seguridad Nacional en respuesta a las crisis humanitarias que han vivido El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y otros países que enfrentaron guerras civiles, epidemias y desastres naturales.
