Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador declararon ilegal la destitución de todos sus magistrados, propietarios y suplentes, por parte del nuevo Congreso, que tomó posesión hace apenas unas horas.
La resolución fue firmada por los cinco magistrados propietarios de dicha instancia: José óscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Marina de Jesús Marenco de Torrento.
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'(...) Muchas de las decisiones de los tribunales constitucionales son, por lo general, controversiales', pero 'solo controlando al poder hay seguridad de que la democracia y los derechos no dependen del arbitrio de una persona o de un grupo', señala la resolución emitida la misma noche del 1 de mayo.
Según el partido aliado a Bukele, el proceso se inició porque la Sala ha emitido pronunciamientos 'contrarios a la Constitución' en 'sentencias arbitrarias', en temas relacionados con la movilidad y el manejo de la pandemia por COVID-19, que limitaban garantías constitucionales y fueron rechazadas por el tribunal.
La destitución
En su primera sesión y a horas de juramentar, el nuevo Congreso, controlado por partidos afines al presidente Nayib Bukele, ordenó la destitución inmediata de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.La moción recibió la condena internacional, entre ellos destaca la de José Miguel Vivanco, director de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), quien dijo, luego de la votación:
"Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de EEUU, el Banco Mundial, el FMI y el BID. Hoy en Washington el Estado de derecho es una condición necesaria".
La respuesta fue hecha citando un tuit del mandatario de El Salvador, donde celebra la decisión de los diputados.
Momentos más tarde, el mandatario indicó: A nuestros amigos de la Comunidad Internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa. ...y eso no es de su incumbencia.
Por su parte, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), llamó a este acto como "Golpe de Estado".
"El máximo intérprete no es la Asamblea Legislativa, ni el presidente, ni las fuerzas armadas; el máximo intérprete de la Constitución es la Sala de lo Constitucional. De manera que no le copete a esas autoridades revisarlos fallos de la Sala de lo Constitucional, su obligación es acatarlos", destacan en un comunicado.
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Llaman a los organismos internacionales y autoridades pronunciarse ante este hecho.
