Por Europa Press
Las cifras muestran un aumento del 456 por ciento en el número de familias detenidas en la frontera sur de Estados Unidos el año pasado, sobrepasando las 432.000 detenciones frente a las 77.800 de 2018.
Según la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), las familias del norte de Centroamérica buscan protección en otros países frente a la violencia extrema que sufren en sus comunidades.
Ante este aumento de la migración, ambos organismos han instado a los estados a cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar los Derechos Humanos a las personas obligadas a huir de su país o de su comunidad de origen, así como les han recordado que esta protección de derechos debe darse durante todas las etapas del desplazamiento.
La encuesta llevada a cabo por UNICEF y ACNUR concluye que el 20 por ciento de los migrantes se desplaza en unidades familiares para huir de la violencia, y que más del 30 por ciento de los niños no acompañados no tienen acceso a servicios esenciales, como la educación, además de haber sufrido algún tipo de violencia y amenazas de muerte asociadas con el reclutamiento por parte de las pandillas.
Asimismo, algunas de las mujeres y niñas que participaron en el sondeo denunciaron ser víctimas de violencia sexual y de género a manos de pandilleros, mientras que los hombres jóvenes son explotados con fines delictivos, incluido el tráfico de drogas, o son reclutados por grupos criminales.
Este cambio 'en las dinámicas de desplazamiento forzado desde el norte de Centroamérica refleja una compleja realidad en los países de origen, donde familias enteras están amenazadas y huyen juntas en busca de un lugar seguro', ha alertado el representante regional de ACNUR para Centroamérica y Cuba, Giovanni Bassu.
El aumento de la huida de familias enteras se debe al miedo a las posibles represalias por parte de las pandillas contra los miembros que se queden atrás.
'Muchas personas del norte de Centroamérica están literalmente corriendo por su vida mientras las pandillas atacan a familias enteras, incluidos niños y niñas, obligándolos a huir', ha lamentado la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jean Gough.
Una situación que, por otro lado, se ha visto agravada por la pandemia de la COVID-19, que ha supuesto que las personas amenazadas en El Salvador, Guatemala y Honduras hayan visto obstaculizadas sus vías de huida debido a las restricciones de movimiento y el cierre de fronteras. Además, durante el confinamiento se han agudizado algunas formas de violencia, como la doméstica.
Estos factores, junto a los desastres naturales que han asolado al istmo centroamericano, pueden ser desencadenantes de una nueva migración masiva, ha advertido Gough.
'Ahora, después de que la COVID-19 y dos devastadores huracanes han azotado Centroamérica, es probable que el aumento de la pobreza y la violencia hagan que más familias abandonen sus hogares en las próximas semanas y meses', ha alertado la representante.
Las cifras muestran un aumento del 456 por ciento en el número de familias detenidas en la frontera sur de Estados Unidos el año pasado, sobrepasando las 432.000 detenciones frente a las 77.800 de 2018.
Según la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), las familias del norte de Centroamérica buscan protección en otros países frente a la violencia extrema que sufren en sus comunidades.
Ante este aumento de la migración, ambos organismos han instado a los estados a cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar los Derechos Humanos a las personas obligadas a huir de su país o de su comunidad de origen, así como les han recordado que esta protección de derechos debe darse durante todas las etapas del desplazamiento.
La encuesta llevada a cabo por UNICEF y ACNUR concluye que el 20 por ciento de los migrantes se desplaza en unidades familiares para huir de la violencia, y que más del 30 por ciento de los niños no acompañados no tienen acceso a servicios esenciales, como la educación, además de haber sufrido algún tipo de violencia y amenazas de muerte asociadas con el reclutamiento por parte de las pandillas.
Asimismo, algunas de las mujeres y niñas que participaron en el sondeo denunciaron ser víctimas de violencia sexual y de género a manos de pandilleros, mientras que los hombres jóvenes son explotados con fines delictivos, incluido el tráfico de drogas, o son reclutados por grupos criminales.
Este cambio 'en las dinámicas de desplazamiento forzado desde el norte de Centroamérica refleja una compleja realidad en los países de origen, donde familias enteras están amenazadas y huyen juntas en busca de un lugar seguro', ha alertado el representante regional de ACNUR para Centroamérica y Cuba, Giovanni Bassu.
El aumento de la huida de familias enteras se debe al miedo a las posibles represalias por parte de las pandillas contra los miembros que se queden atrás.
'Muchas personas del norte de Centroamérica están literalmente corriendo por su vida mientras las pandillas atacan a familias enteras, incluidos niños y niñas, obligándolos a huir', ha lamentado la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jean Gough.
Una situación que, por otro lado, se ha visto agravada por la pandemia de la COVID-19, que ha supuesto que las personas amenazadas en El Salvador, Guatemala y Honduras hayan visto obstaculizadas sus vías de huida debido a las restricciones de movimiento y el cierre de fronteras. Además, durante el confinamiento se han agudizado algunas formas de violencia, como la doméstica.
Estos factores, junto a los desastres naturales que han asolado al istmo centroamericano, pueden ser desencadenantes de una nueva migración masiva, ha advertido Gough.
'Ahora, después de que la COVID-19 y dos devastadores huracanes han azotado Centroamérica, es probable que el aumento de la pobreza y la violencia hagan que más familias abandonen sus hogares en las próximas semanas y meses', ha alertado la representante.
