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Fecha de publicación: 2020-07-23
Honduran former first lady (2010-2014) Rosa Elena Bonilla, wife of Honduran former president Porfirio Lobo, gives the thumb up as she gets on a car after being freed in Tamara, 20 km north of Tegucigalpa, on July 23, 2020. - Bonilla, who had been convicted on corruption charges, was released from preventive detention Thursday and will face another trial. (Photo by ORLANDO SIERRA / AFP)

Liberan a exprimera dama de Honduras, acusada de corrupción

La ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla de Lobo fue liberada este jueves, después de que la Corte Suprema anulara el juicio en el que había sido condenada a 58 años de cárcel por apropiación de fondos públicos, pero tendrá que someterse a otro proceso, informaron fuentes judiciales.

Por AFP

La esposa del expresidente Porfirio Lobo, que dirigió el país entre 2010 y 2014, salió de la cárcel de mujeres de Támara, 20 km al norte de la capital, donde estaba presa desde que fue capturada en su residencia el 28 de febrero del 2018.

Bonilla fue acusada originalmente por la fiscalía de violación de los deberes de los funcionarios y lavado de activos, por el supuesto desvío de 12 millones de lempiras (unos US$500.000) de fondos públicos del despacho de la primera dama a cuentas personales.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia el pasado 4 de diciembre porque dice que "ella no es funcionaria, ni lavó activos", explicó Deisy Banegas, la apoderada legal de Bonilla.

Los cinco jueces de la Sala resolvieron por unanimidad revocar "la medida de prisión preventiva" dictada contra Bonilla, anota el documento del fallo.

El Poder Judicial debe nombrar ahora otro tribunal para que comience de nuevo el juicio, indicó Banegas.

El 5 de septiembre del 2019, la ex primera dama, de 53 años, había sido sentenciada a 58 años de cárcel por los delitos de "apropiación indebida de fondos públicos" y "fraude", aunque la fiscalía del Ministerio Público la había acusado también de "lavado de activos".

Según Banegas, la Sala de lo Penal concluyó que la fiscalía no había podido probar el desvío de los fondos porque cuando Bonilla entregó el cargo, el 27 de enero del 2014, liquidó siete millones de lempiras y entregó la liquidación a la casa presidencial, junto a los otros cinco millones.

Los fondos fueron donados por el gobierno de Taiwán para proyectos sociales.

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