Costa Rica está a un paso de convertirse en socio pleno de la Organización para la Cooperación y Desarollo Económicos (OCDE). Este martes el presidente Carlos Alvarado anunció que el último comité de la entidad avaló al país. Fueron 22 evaluaciones.
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Ahora solo resta que el "club de países ricos", en su mayoría desarrollados plenamente, curse la invitación formal al Gobierno para que el país se incorpore, punto final de un proceso que inició en el 2012 por iniciativa de la entonces ministra de Comercio Exterior (Comex), Anabel Gonzalez, durante la administración de Laura Chinchilla (2010-2014).
Fue hasta el 2015 que la OCDE invitó formalmente a Costa Rica a iniciar su proceso de ingreso para convertirse en miembro pleno. La revisión y ajuste de las políticas públicas costarricenses ha tardado cinco años.
El Congreso tuvo que aprobar una agenda de implementación para poner el país a tono con los requisitos que pone la OCDE a las naciones que deseen integrarse. Esa agenda se compuso de 14 proyectos de ley; el último se aprobó el 6 de febrero de este año.
¿Qué es la OCDE?
La OCDE fue fundada en 1961 y tiene su sede en París, Francia. Su misión es diseñar "mejores políticas públicas para una vida mejor" y que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar general.Según la Academia de Centroamérica, la OCDE no es de naturaleza financiera, es decir, no es un organismo financiero internacional y no otorga créditos, donaciones, avales, garantías de pago u otros instrumentos a sus miembros a cambio de cumplir con ciertas políticas o metas.
La página web de la Organización indica que esta trabaja en colaboración con los gobiernos, responsables de políticas públicas y ciudadanos, para establecer estándares internacionales y proponer soluciones basadas en datos empíricos.
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"La OCDE es un foro único, un centro de conocimientos para la recopilación de datos y el análisis, el intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Asesoramos en materia de políticas públicas y en el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejora del desempeño económico y el establecimiento de estándares y normas a nivel mundial en ámbitos que van desde la mejor del desempeño económico y la creación de empleo, al fomento de una educación eficaz o la lucha contra la evasión fiscal internacional", se describe el grupo.
Entre las iniciativas que destaca la OCDE, está la de "Inspectores Fiscales Sin Fronteras" que, según la Organización ayudó a las administraciones tributarias participantes a recaudar hasta $445 millones adicionales al auditar a empresas transnacionales.
La OCDE produce series de datos útiles para comparar la situación de los países en diversos campos, como el gráfico a continuación, publicado en 2019 (con datos del 2018) que muestra el gasto en salud en una serie de países miembros y fuera de la Organización. Como se aprecia, mientras el gasto promedio en salud de los países miembros era de US$3.994, el gasto en Costa Rica fue de US$1.285.
A la OCDE la rige un Consejo que lo integran los embajadores de los países miembros y de la Comisión Europea, que se encargan de definir la orientación estratégica y de tomar decisiones por consenso. Lo preside el secretario general. Actualmente ese puesto lo ocupa el mexicano ángel Gurría.
Se compone de 300 comités en diversas áreas de la acción pública, que es donde se realizan el intercambio de experiencias y la evaluación de políticas públicas.
La Secretaría de la OCDE está compuesta por los diversos departamentos que hacen la labor de investigación y análisis. Tiene alrededor de 3.300 empleados. Aparte del secretario general, la Organización tiene cuatro secretarios generales adjuntos.
Hoy la OCDE tiene 37 miembros. De Latinoamérica solo México y Chile integran la Organización desde 1994 y 2010, respectivamente. Además de Costa Rica, Colombia también es candidata a convertirse en socia de la entidad.
¿Por qué quiere ingresar Costa Rica?
La denominación de "club de países ricos" que se le da a la OCDE no ha caído bien en algunos sectores de la sociedad costarricense que han cuestionado porqué el país desea y necesita estar en un foro como este.Aunque es cierto que casi en su totalidad los miembros de la OCDE gozan de un elevado desarrollo social y económico, el objetivo de la organización, como se ha descrito ya, es mejorar las políticas públicas y prácticas de sus socios.
En el caso costarricense, durante el proceso de evaluación la OCDE recomendó al país atender las deficiencias que existían en la educación y formación técnica profesional. Producto de ese criterio de la Organización, en el 2018 el Gobierno creó el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnico Profesional, que redefinió la política pública en esa esfera.
Otro aspecto de la política pública costarricense que mejoró durante este proceso previo a la membresía plena fue la protección al consumidor en comercio electrónico. La Academia de Centroamérica reseña que la OCDE sugirió al país ajustar su normativa a las mejores prácticas internacionales en esta materia.
Por esto, el Gobierno hizo reformas como introducir reformas que ahora obligan a los comercios a dar información clara y oportuna sobre la empresa, sobre el precio final, incluyendo todos los costos asociados a la transacción, y los obligó a contar con mecanismos de pago confiables, a disponer de medidas especiales de protección para los consumidores vulnerables y a proteger los datos personales que se transmiten durante el proceso del comercio electrónico.
Otro ejemplo de mejora: durante el proceso de examen, en el 2014, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo señalaron que existía un gran número de mercados exentos de la aplicación de la ley de la competencia y que eso impedía un funcionamiento más eficiente de los beneficios a los consumidores.
En ese proceso de análisis se determinó que se debía fortalecer la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), que es un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). La OCDE recomendó, entonces, ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de Competencia (N. 7472) para incluir a todos los agentes económicos; otorgar a Coprocom más autonomía política, financiera y administrativa; mejorar sus procedimientos para la conducción de investigaciones; la imposición de sanciones más eficaces; modificar la definición de concentración; entre otros cambios.
La Organización también evaluó la gobernanza pública costarricense y determinó que el liderazgo y la coordinación del centro de gobierno son débiles en comparación con las normas de la OCDE por la alta fragmentación política y del sector público.
A raíz de las observaciones de la OCDE, el Gobierno envió al Congreso tres proyectos de ley: el de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el de derogatoria de instituciones no funcionales, y el de refrendo de las contrataciones de la administración pública.
En ellos se recogieron temas como la reforma fiscal, promoción de una cultura de monitoreo y evaluación orientada a resultados en todo el sector público; revisión de las asignaciones presupuestarias, planificación fortalecida, revisiones de gastos y el uso de incentivos de desempeño, entre otros.
Para la Academia de Centroamérica, las reformas que se hicieron para cumplir con los estándares fueron logros y beneficios en sí mismas con independencia de la entrada formal a la organización.
Otro beneficio, según esa institución de pensamiento y análisis económico y social, fue el énfasis en el apoyo institucional; la asesoría y orientación para la adopción de un conjunto mínimo de datos fundamentales para monitorear la economía, la sociedad y el medio ambiente; el fortalecimiento del mandato de confidencialidad para proteger la privacidad de los proveedores de datos.
Según la Academia, la membresía de la OCDE permitirá al país armonizar sus políticas a nivel mundial para promover la eficiencia económica y social, implica prestigio y mayor confianza de los inversionistas, pues pertenecer al foro de las buenas prácticas es un "claro reconocimiento" de que el país cumple con los estándares mundiales más exigentes, lo cual aumenta la confianza de los inversores nacionales e internacionales.
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Entre las series de datos que ordena la OCDE figura la siguiente, que informa sobre la cantidad de camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. Según el estudio, Costa Rica figura muy por debajo de los países miembros del club, con 1.1 camas por cada 1.000 habitantes.
"La OCDE facilita el acceso de los países miembros a una valiosa plataforma de conocimiento, la cual es retroalimentada por una base de datos estadísticos de amplia cobertura, comparable entre países y confiable (…). Además, los países pueden participar de revisiones de pares individuales y voluntarias para evaluar sus políticas y realimentar a los gobiernos en la aplicación de reformas en sus países en temas específicos y de alta prioridad", indicó la Academia de Centroamérica en su estudio "El proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE", de diciembre del 2018.
Según ese documento, para un país que es lento a la hora de hacer reformas, como Costa Rica, el ingreso a la OCDE es una oportunidad para impulsar cambios que han estado pendientes desde hace muchos años, sin que exista la presión de las condiciones que podrían haber impuesto organismos financieros internacionales.
Para convertirse en socio pleno de la OCDE, la Asamblea Legislativa deberá aprobar un Protocolo de Adhesión para formalizar la membresía.
La ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, indicó que la situación de emergencia a nivel mundial por la pandemia del COVID-19 hace difícil que la OCDE invite a Costa Rica a ser miembro pleno en mayo entrante, como estaba previsto que ocurriera.
Los proyectos de ley que aprobaron los diputados durante el proceso de evaluación de los comités de la OCDE fueron:
-Reforma integral a la Ley de creación de centros cívicos y derogatorio de leyes de instituciones inactivas.-Convenio internacional sobre la constitución de un foro internacional de indemnización de daños debido a la contaminación por hidrocarburos en aguas nacionales.
-Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debido a contaminación por hidrocarburos.
-Ley del Sistema de Estadística Nacional.
-Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos.
-Ley para la eliminación del Ministerio de Ambiente y Energía de la Junta Directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo.
-Ley para permitir la apertura de sucursales de bancos extranjeros en el país.
-Fortalecimiento de las autoridades de competencia e imposición de multas a las prácticas anticompetitivas.
-Reforma a la Ley reguladora del Mercado de Valores.
-Modificación a la Ley No. 7384 para ampliar de 9 a 11 los miembros de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca).
-Ley de Supervisión Consolidada.
-Ley de creación del Fondo de Garantía de Depósitos y Mecanismos de Resolución Bancaria.
-Reforma a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica para garantizar la independencia en la formulación de la política monetaria (elimina el derecho al voto del ministro de Hacienda en la Junta Directiva del Central).
-Reforma a la Ley del Régimen de Zonas Francas para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de la OCDE.
