En su afán de apoyar y contribuir a enfrentar de la mejor forma posible la crisis del Covid-19, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) analizó la iniciativa de Ley de Emergencia preparada por la Comisión Presidencial para el estudio de las iniciativas de ley dirigidas a la toma de medidas derivadas de la presencia en el país de la pandemia producida por el Covid-19.
El Icefi apoya el esfuerzo del Congreso de la República y presenta elementos de análisis con base a los cuales propone mejoras que elevarían el impacto positivo de la propuesta.
El instituto considera que la propuesta contiene algunas disposiciones en el sentido correcto y que son necesarias, pero lamentablemente resultarán insuficientes. Sin embargo, insisten en lo planteado en su comunicado regional del 20 de marzo de 2020, en cuanto a que la prioridad en el corto plazo debe ser garantizar la vida de las personas, evitando el contagio del Covid-19 y otros riesgos para salud, derechos básicos como la alimentación y el ingreso mínimo para subsistir.
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El Icefi valora positivamente que Q800.0 millones del Fondo de Emergencia de Q1,500.0 millones que se propone se destinen al fortalecimiento del primer y segundo nivel de atención en salud.
La experiencia internacional muestra que entre las medidas exitosas para contender la propagación del Covid-19 están el fortalecimiento de la capacidad epidemiológica, detección temprana y el aislamiento social.
Sin embargo, el Icefi observa que en la iniciativa de ley sigue primando el enfoque curativo, que es necesario una vez detectados los casos, pero recomienda fortalecer las capacidades del sistema de salud para prevenir y detectar la enfermedad, especialmente la adquisición urgente más pruebas para detectar el Covid-19.
Para el Icefi, la iniciativa debe fortalecer las capacidades de los puestos y centros de salud, toda vez tienen el potencial de contribuir de manera muy importante a la detección temprana en las comunidades y la vigilancia epidemiológica en casa de personas que presenten síntomas.
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Instan al Congreso a corregir estas falencias para incrementar el potencial de efectividad del cerco sanitario y reducir la carga sobre los hospitales.
En las medidas económicas planteadas, el Icefi advierte que la iniciativa de ley no propone medidas aplicables al sector informal, el cual el Banco de Guatemala ha estimado que constituye el 70% de la fuerza laboral total -5,6 millones de personas, según la más reciente Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (mayo 2019)- y genera el 22.0% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta falencia es seria, toda vez las medidas no alcanzan a la mayoría de las familias a quienes se les está obligando quedarse en casa para proteger la salud, pero que carece de recursos para comprar alimentos, situación que la disposición legal que ordena «garantizar la cadena de suministros alimenticios» no corrige. La propuesta de otorgar bonos especiales a algunos grupos vulnerables en principio iría en la dirección correcta para compensar esa falencia, pero se carece del censo o padrón que se requeriría para incrementar la cobertura y con ello la efectividad de la medida.
El Icefi recomienda que la propuesta urja al Ejecutivo desarrollar acciones inmediatas para construir un padrón y alcanzar y cubrir, en un plazo definido y lo más pronto posible, a las personas y las familias que se desempeñan en la informalidad económica, así como a utilizar también los programas de protección social existentes.
Se proponen medidas para garantizar el suministro de energía eléctrica, pero no se plantea prohibición para cortar o suspender servicios esenciales como el suministro de energía eléctrica, agua potable, telefonía o conexión a Internet, especialmente durante períodos de cuarentena o toque de queda. La propuesta es particularmente débil en materia de protección de las y los trabajadores, toda vez que persiste el riesgo de despidos o medidas para cubrir los períodos de ausencia agotando el período de vacaciones. Por ejemplo, por un lado es correcta la medida que prohíbe el cobro de multas, moras, gastos administrados o intereses, generados por atrasos en pago de colegiaturas educativas, pero no contempla apoyo a los centros educativos para que garanticen los empleos y salarios de su personal docente y administrativo.
Se propone un fondo revolvente de hasta Q500.0 millones en el Ministerio de Economía con una línea de crédito para Micro, pequeñas y medianas empresas, pero no reconoce la dificultad estructural de escasa profundidad financiera, consistente en que, bajo los criterios vigentes, la gran mayoría de esas empresas tienen impedimentos para acceder al crédito. Para el efecto, se recomienda el diseño cuidadoso de criterios extraordinarios o de excepción. El Icefi encuentra anómala la disposición que ordena que «estos créditos se otorgarán sin discriminación por motivos políticos, para las personas políticamente expuestas», por lo que se sugiere suprimirla. Se recomienda además que el Fondo de Protección de Capitales que se propone no esté limitado a tasas de interés preferenciales no mayores al promedio de la tasa de interés pasiva vigente, recomendando considerar otras opciones técnicas que resulten adecuadamente blandas o accesibles para estimular la actividad económica.
El Icefi apoya las acciones estatales de emergencia para enfrentar oportunamente la crisis sanitaria, reitera la necesidad de privilegiar la protección de la vida y frenar la propagación del Covid-19. Se suma al esfuerzo por diseñar las medidas para la recuperación económica, pero subraya la necesidad de un respaldo técnico sólido para incrementar su posibilidad de éxito.
