Por La Prensa de Honduras
Las estimaciones de organismos especializados apuntan que la corrupción drena el equivalente al 10% del producto interno bruto (PIB) de Honduras, es decir, unos 50.000 millones de lempiras cada año.
Los desvíos de fondos públicos menoscaban la capacidad del Gobierno para promover un crecimiento sostenido e inclusivo al restar recursos a la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura, inversiones capaces de mejorar el nivel de vida de la población y que impactan en la economía.
"La tragedia del pueblo hondureño es que nunca ha conocido qué es bienestar general. Su historia es una de pobreza crónica, secular, de abusos de autoridad, de corrupción, de desaprovechamiento de oportunidades", sentencia el analista Carlos Urbizo Solís en un ensayo sobre reformas fiscales.
En las últimas tres décadas, la mayor parte de las administraciones presidenciales han implementado reformas fiscales para fortalecer el sistema tributario y aumentar la base de contribuyentes.
Lejos de estimular el desarrollo económico, en la mayor parte de los casos, estas medidas han sido instrumentos para balancear el presupuesto general sin tener que recortar gastos públicos, coinciden directivos del sector privado hondureño.
De 2010 a 2018, la recaudación tributaria pasó de 44.000 millones a 104.000 millones de lempiras, que significó un incremento de 250% y en los últimos cinco años la base tributaria aumentó de 49.000 a 250.000 como parte de los efectos del proceso de reestructuración de la administración tributaria y de las reformas fiscales aprobadas.
Criterios. "El camino correcto es manejar eficiente y transparentemente los recursos públicos", indicó Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), quien a su vez cuestiona que el Presupuesto General de la República para el año 2020, de L282.000 millones equivale al 50% de la economía hondureña (L560.000 millones), refleja que "tenemos un Gobierno demasiado caro y grande en una economía demasiado pequeña".
Futuros procesos.El CNA dijo que "están en procesos abiertos de investigaciones en más alcaldías", así como pasó en Villanueva y Santa Cruz de Yojoa.
Agregó que la corrupción afecta a todos los sectores, porque el desvío de recursos públicos hace que las personas terminen pagando, directa o indirectamente, dos o tres veces por servicios, como salud, educación, seguridad e infraestructura.
"Por ejemplo, la salud pública la pagamos primero de nuestros impuestos, la pagamos una segunda vez los patrones y los trabajadores al Seguro Social; pero lo terminamos pagando una tercera vez en una póliza de seguros o una clínica privada, porque las dos anteriores no responden a las necesidades del pueblo", indica el directivo de la CCIC al reiterar que un manejo eficiente de los recursos públicos permitiría un costo de vida más barato y, por ende, una mejor calidad de vida, sin recurrir a más cargas tributarias.
El informe del Doing Business (facilidades para hacer negocios) del Banco Mundial señala que la tasa de impuestos que pagan las empresas hondureñas respecto al porcentaje de sus ganancias es del 44.4%, la tercera más alta de Centroamérica, después de Nicaragua (60.6%) y Costa Rica (58.3%). Por debajo están Panamá (37.2%), El Salvador (35.6%) y Guatemala (35.2%).
"Además de eso tenemos lo complejo que es pagar impuestos. Hay un gran esfuerzo que se debe erradicar, porque el sistema está diseñado para ser complejo, para ser difícil y para hacer que la gente se equivoque y que cuando la gente se equivoque le caigan las multas, que en ocasiones son más altas que el mismo impuesto", refirió Fernando García, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi).
Asimismo, de las obligaciones fiscales, las empresas tienen cargas parafiscales, es decir, que no son propiamente tributos o impuestos, como los aportes al IHSS, al Infop y al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).
"Todo eso va sumando, y en algunos sectores la carga puede ser muy importante, y si no hay un margen amplio de ganancias, entonces a veces esto se puede convertir en un problema de flujo de caja", añadió García.
Para Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la situación de la economía acarreará complicaciones para el próximo año, por lo que el Gobierno "debe apretarse la faja porque el país está pasando por una crisis económica grave".
"La única manera de mejorar la calidad de vida del hondureño es mediante la oportunidad de trabajo digno y decente. Esto solo puede ser generado por la empresa privada, siempre que el Gobierno aplique una simplificación tributaria y administrativa", añadió.
Jorge Faraj, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), coincidió en que la carga tributaria, el abusivo cobro de tasas municipales y el alto costo de la energía han influido en el cierre de operaciones de empresas, e hizo un llamado de reflexión a las autoridades del Gobierno.
"Si lo comparamos con Guatemala, la tarifa de ellos anda 30% menos que el costo de energía aquí en Honduras, ellos andan en 9% las perdidas técnicas y no técnicas y nosotros en 34%", señaló. Asimismo, advirtió que los inversionistas extranjeros cierran operaciones en Honduras porque "buscan lugares donde haya mejores condiciones".
El reglamento de la Ley de Municipalidades, en el artículo 146 referido a las tasas por servicios municipales, señala que "el cobro por concepto de tasa de parte de las alcaldías se origina por la prestación efectiva de servicios públicos municipales al contribuyente o usuario". Sin embargo, son varias las municipalidades que abusan en el cobro de tasas con base en la autonomía municipal, según constan diversas instituciones.
Días atrás, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública del Ministerio Público, a miembros de pasadas y presentes corporaciones municipales de Villanueva y Santa Cruz de Yojoa, por exacciones ilegales, debido a que cobraron impuestos aprobados de forma ilegal.
El jefe de investigación del CNA, Odir Fernández, explicó que esta instancia de la sociedad civil analizó el Plan de Arbitrios de la Municipalidad de Villanueva de 2011 a 2015, y determinó que se le incluyeron impuestos por explotación o extracción de cal y por extracción de aguas subterráneas, cuando el artículo 74 de la Ley de Municipalidades establece que las alcaldías pueden aprobar tasas por servicios y que "no podrán crear o modificar impuestos".
El único organismo facultado para crear impuestos, contribuciones, así como cargas públicas es el Congreso Nacional, según el artículo 205 de la Constitución de la República.
En el segundo caso, la Corporación Municipal de Santa Cruz de Yojoa de 2015 a 2019 también fue denunciada por crear en su Plan de Arbitrios la tasa social y la tasa ambiental, que, en realidad, son impuestos disfrazados, identificó el CNA.
Las estimaciones de organismos especializados apuntan que la corrupción drena el equivalente al 10% del producto interno bruto (PIB) de Honduras, es decir, unos 50.000 millones de lempiras cada año.
Los desvíos de fondos públicos menoscaban la capacidad del Gobierno para promover un crecimiento sostenido e inclusivo al restar recursos a la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura, inversiones capaces de mejorar el nivel de vida de la población y que impactan en la economía.
"La tragedia del pueblo hondureño es que nunca ha conocido qué es bienestar general. Su historia es una de pobreza crónica, secular, de abusos de autoridad, de corrupción, de desaprovechamiento de oportunidades", sentencia el analista Carlos Urbizo Solís en un ensayo sobre reformas fiscales.
En las últimas tres décadas, la mayor parte de las administraciones presidenciales han implementado reformas fiscales para fortalecer el sistema tributario y aumentar la base de contribuyentes.
Lejos de estimular el desarrollo económico, en la mayor parte de los casos, estas medidas han sido instrumentos para balancear el presupuesto general sin tener que recortar gastos públicos, coinciden directivos del sector privado hondureño.
De 2010 a 2018, la recaudación tributaria pasó de 44.000 millones a 104.000 millones de lempiras, que significó un incremento de 250% y en los últimos cinco años la base tributaria aumentó de 49.000 a 250.000 como parte de los efectos del proceso de reestructuración de la administración tributaria y de las reformas fiscales aprobadas.
Criterios. "El camino correcto es manejar eficiente y transparentemente los recursos públicos", indicó Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), quien a su vez cuestiona que el Presupuesto General de la República para el año 2020, de L282.000 millones equivale al 50% de la economía hondureña (L560.000 millones), refleja que "tenemos un Gobierno demasiado caro y grande en una economía demasiado pequeña".
Futuros procesos.El CNA dijo que "están en procesos abiertos de investigaciones en más alcaldías", así como pasó en Villanueva y Santa Cruz de Yojoa.
Agregó que la corrupción afecta a todos los sectores, porque el desvío de recursos públicos hace que las personas terminen pagando, directa o indirectamente, dos o tres veces por servicios, como salud, educación, seguridad e infraestructura.
"Por ejemplo, la salud pública la pagamos primero de nuestros impuestos, la pagamos una segunda vez los patrones y los trabajadores al Seguro Social; pero lo terminamos pagando una tercera vez en una póliza de seguros o una clínica privada, porque las dos anteriores no responden a las necesidades del pueblo", indica el directivo de la CCIC al reiterar que un manejo eficiente de los recursos públicos permitiría un costo de vida más barato y, por ende, una mejor calidad de vida, sin recurrir a más cargas tributarias.
El informe del Doing Business (facilidades para hacer negocios) del Banco Mundial señala que la tasa de impuestos que pagan las empresas hondureñas respecto al porcentaje de sus ganancias es del 44.4%, la tercera más alta de Centroamérica, después de Nicaragua (60.6%) y Costa Rica (58.3%). Por debajo están Panamá (37.2%), El Salvador (35.6%) y Guatemala (35.2%).
"Además de eso tenemos lo complejo que es pagar impuestos. Hay un gran esfuerzo que se debe erradicar, porque el sistema está diseñado para ser complejo, para ser difícil y para hacer que la gente se equivoque y que cuando la gente se equivoque le caigan las multas, que en ocasiones son más altas que el mismo impuesto", refirió Fernando García, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi).
Asimismo, de las obligaciones fiscales, las empresas tienen cargas parafiscales, es decir, que no son propiamente tributos o impuestos, como los aportes al IHSS, al Infop y al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).
"Todo eso va sumando, y en algunos sectores la carga puede ser muy importante, y si no hay un margen amplio de ganancias, entonces a veces esto se puede convertir en un problema de flujo de caja", añadió García.
Para Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la situación de la economía acarreará complicaciones para el próximo año, por lo que el Gobierno "debe apretarse la faja porque el país está pasando por una crisis económica grave".
"La única manera de mejorar la calidad de vida del hondureño es mediante la oportunidad de trabajo digno y decente. Esto solo puede ser generado por la empresa privada, siempre que el Gobierno aplique una simplificación tributaria y administrativa", añadió.
Jorge Faraj, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), coincidió en que la carga tributaria, el abusivo cobro de tasas municipales y el alto costo de la energía han influido en el cierre de operaciones de empresas, e hizo un llamado de reflexión a las autoridades del Gobierno.
"Si lo comparamos con Guatemala, la tarifa de ellos anda 30% menos que el costo de energía aquí en Honduras, ellos andan en 9% las perdidas técnicas y no técnicas y nosotros en 34%", señaló. Asimismo, advirtió que los inversionistas extranjeros cierran operaciones en Honduras porque "buscan lugares donde haya mejores condiciones".
El reglamento de la Ley de Municipalidades, en el artículo 146 referido a las tasas por servicios municipales, señala que "el cobro por concepto de tasa de parte de las alcaldías se origina por la prestación efectiva de servicios públicos municipales al contribuyente o usuario". Sin embargo, son varias las municipalidades que abusan en el cobro de tasas con base en la autonomía municipal, según constan diversas instituciones.
Días atrás, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública del Ministerio Público, a miembros de pasadas y presentes corporaciones municipales de Villanueva y Santa Cruz de Yojoa, por exacciones ilegales, debido a que cobraron impuestos aprobados de forma ilegal.
El jefe de investigación del CNA, Odir Fernández, explicó que esta instancia de la sociedad civil analizó el Plan de Arbitrios de la Municipalidad de Villanueva de 2011 a 2015, y determinó que se le incluyeron impuestos por explotación o extracción de cal y por extracción de aguas subterráneas, cuando el artículo 74 de la Ley de Municipalidades establece que las alcaldías pueden aprobar tasas por servicios y que "no podrán crear o modificar impuestos".
El único organismo facultado para crear impuestos, contribuciones, así como cargas públicas es el Congreso Nacional, según el artículo 205 de la Constitución de la República.
En el segundo caso, la Corporación Municipal de Santa Cruz de Yojoa de 2015 a 2019 también fue denunciada por crear en su Plan de Arbitrios la tasa social y la tasa ambiental, que, en realidad, son impuestos disfrazados, identificó el CNA.
