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Fecha de publicación: 2019-10-11

Guatemala: Congreso amplía Estado de Sitio por narcotráfico

El gobierno envió un nuevo acuerdo para prolongar por otros 30 días el estado de excepción, después de que el viernes pasado el Congreso no pudo ampliar la medida en un primer intento por falta de quórum.

Por AFP

El Congreso de Guatemala ratificó este jueves la ampliación del estado de sitio en una veintena de municipios del noreste, aplicado por el gobierno en septiembre por el asesinato de tres militares a manos de supuestos narcotraficantes.

La medida fue ratificada con el voto a favor de 91 de los 94 congresistas presentes, dijo durante la sesión parlamentaria el diputado derechista Estuardo Galdámez, del partido oficial FCN-Nación y primer secretario del Legislativo.

El gobierno envió un nuevo acuerdo para prolongar por otros 30 días el estado de excepción, después de que el viernes pasado el Congreso no pudo ampliar la medida en un primer intento por falta de quórum.

El nuevo acuerdo será aplicado en los mismos 22 poblados pero fueron excluidas las áreas urbanas de los municipios de Puerto Barrios y Livingston, que reportaron una reducción de turistas que visitan sus playas sobre El Caribe.

El pasado 7 de septiembre, el Congreso aprobó el estado de sitio decretado por el presidente Jimmy Morales, restringiendo garantías constitucionales como el derecho de manifestación y portación de armas, luego de que presuntos narcotraficantes ejecutaran a tres soldados durante una emboscada en una aldea del poblado de El Estor.

De acuerdo con la administración de Morales, las circunstancias de ingobernabilidad e inseguridad persisten en el área.

Durante el estado de sitio, las autoridades guatemaltecas han localizado cinco laboratorios para procesar cocaína y erradicado cerca de 1,5 millones de plantas de hojas de coca. Además, el Ejército informó de la destrucción de una docena de pistas de aterrizajes clandestinas que fueron deshabilitadas con explosivos.

Mientras que organizaciones sociales, campesinas e indígenas por su lado han exigido a Morales finalizar el estado de sitio al denunciar violaciones a derechos humanos, militarización de las comunidades, el posible desalojo de tierras y la protección a la actividad minera.

Unas 641 personas han sido detenidas por la policía pero los activistas cuestionaron que no se han capturado a cabecillas de algún cartel del narcotráfico.

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