Por AFP
Diecisiete militares de El Salvador deben comparecer el jueves ante un juez para ser notificados de nuevos delitos en el proceso por la masacre de El Mozote, en la que casi un millar de personas fueron ejecutadas por el ejército en 1981, en plena guerra civil.
'El objetivo de la audiencia es intimar, es decir notificar a 16 militares, a los que se ha sumado uno más, sobre tres delitos más que se les imputaría', declaró a la AFP Ovidio Mauricio, abogado de la ONG Tutela Legal María Julia Hernández, que representa a algunas de las víctimas.
Luego de conocer peritajes en distintos aspectos del proceso que ratifican lo declarado por los testigos, el juez Jorge Guzmán, encargado del juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, 165 kms al noreste de San Salvador, les imputará los delitos de 'desplazamiento forzado, tortura y desaparición', según Mauricio.
Los nuevos delitos se suman a los de asesinato, robo, hurto y estragos que se les atribuyó en las primeras fases del proceso en el que han declarado más de 40 testigos.
Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército ejecutaron a 986 personas, entre ellas 558 niños, en El Mozote y comunidades adyacentes por sospechas de colaborar con la entonces guerrilla izquierdista.
Otras 712 personas sobrevivieron el ataque y se vieron obligadas a abandonar la zona, luego de que sus casas y cultivos fueron quemados en el operativo de 'tierra arrasada'.
En 1993, la Comisión de la Verdad creada por la ONU para investigar los crímenes de la guerra culpó de la masacre a un grupo de militares, entre los que figuran el comandante del batallón Atlacatl, el coronel Domingo Monterrosa, y su jefe de operaciones, Armando Azmitia. Ambos murieron en 1984, cuando un helicóptero fue abatido por la guerrilla.
El abogado de Tutela sostuvo que los peritajes confirmaron que la masacre no fue un 'caso aislado', sino una 'operación bien planificada' del alto mando del ejército.
El 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, condenó al Estado Salvadoreño por la masacre, la más grave de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), y ordenó medidas de reparación.
En julio de 2016 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional una Ley de Amnistía que impedía investigar graves crímenes ocurridos en la guerra civil.
Tras esa decisión, el juzgado de San Francisco Gotera abrió un juicio a 18 militares involucrados en el caso. Desde entonces dos fallecieron y otro más fue acusado.
Con el saldo de más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos, la guerra civil terminó el 16 de enero de 1992 tras la firma de acuerdos de paz.
Diecisiete militares de El Salvador deben comparecer el jueves ante un juez para ser notificados de nuevos delitos en el proceso por la masacre de El Mozote, en la que casi un millar de personas fueron ejecutadas por el ejército en 1981, en plena guerra civil.
'El objetivo de la audiencia es intimar, es decir notificar a 16 militares, a los que se ha sumado uno más, sobre tres delitos más que se les imputaría', declaró a la AFP Ovidio Mauricio, abogado de la ONG Tutela Legal María Julia Hernández, que representa a algunas de las víctimas.
Luego de conocer peritajes en distintos aspectos del proceso que ratifican lo declarado por los testigos, el juez Jorge Guzmán, encargado del juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, 165 kms al noreste de San Salvador, les imputará los delitos de 'desplazamiento forzado, tortura y desaparición', según Mauricio.
Los nuevos delitos se suman a los de asesinato, robo, hurto y estragos que se les atribuyó en las primeras fases del proceso en el que han declarado más de 40 testigos.
Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército ejecutaron a 986 personas, entre ellas 558 niños, en El Mozote y comunidades adyacentes por sospechas de colaborar con la entonces guerrilla izquierdista.
Otras 712 personas sobrevivieron el ataque y se vieron obligadas a abandonar la zona, luego de que sus casas y cultivos fueron quemados en el operativo de 'tierra arrasada'.
En 1993, la Comisión de la Verdad creada por la ONU para investigar los crímenes de la guerra culpó de la masacre a un grupo de militares, entre los que figuran el comandante del batallón Atlacatl, el coronel Domingo Monterrosa, y su jefe de operaciones, Armando Azmitia. Ambos murieron en 1984, cuando un helicóptero fue abatido por la guerrilla.
El abogado de Tutela sostuvo que los peritajes confirmaron que la masacre no fue un 'caso aislado', sino una 'operación bien planificada' del alto mando del ejército.
El 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, condenó al Estado Salvadoreño por la masacre, la más grave de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), y ordenó medidas de reparación.
En julio de 2016 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional una Ley de Amnistía que impedía investigar graves crímenes ocurridos en la guerra civil.
Tras esa decisión, el juzgado de San Francisco Gotera abrió un juicio a 18 militares involucrados en el caso. Desde entonces dos fallecieron y otro más fue acusado.
Con el saldo de más de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos, la guerra civil terminó el 16 de enero de 1992 tras la firma de acuerdos de paz.
