Por AFP
Autoridades costarricenses anunciaron este lunes el desalojo de dos propiedades en el sur del país para devolverlas a pobladores indígenas que habían denunciado la invasión de sus tierras por personas ajenas a sus comunidades.
La recuperación de los terrenos situados en la comunidad indígena de Salitre se dio como parte de las acciones de defensa de las poblaciones autóctonas, en marcha desde el asesinato del dirigente indígena Sergio Rojas en marzo, un caso que continúa bajo investigación.
'Estamos dando cumplimiento a una serie de acuerdos adquiridos con los representantes del territorio indígena de Salitre' para llevar a cabo desalojos que estaban pendientes, explicó el viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro, quien visitó la zona para acompañar el retiro de los ocupantes de las tierras.
Los territorios de indígenas bribri y teribe, en el sur de Costa Rica, cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sufrir invasiones y amenazas de terratenientes y madereros.
Una misión de la CIDH visitó los territorios en mayo pasado para verificar la situación de las poblaciones indígenas tras el asesinato de Rojas, y urgió a las autoridades a investigar rápidamente el caso para 'evitar que quedara en la impunidad'.
'Hoy (lunes) se está cumpliendo la Ley Indígena que dice que estos territorios son para los indígenas', declaró Salomón Ortiz, de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre, citado por un comunicado de la Presidencia.
'La idea es utilizar estas tierras de la mejor manera posible, aún hay mucha gente necesitada', agregó Ortiz.
La asociación solicitó en 2014 ocho desalojos de tierras ocupadas por finqueros ajenos a las comunidades indígenas.
La Ley Indígena de 1977 establece que los territorios de las comunidades autóctonas son 'inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades'.
'Nuestro compromiso es continuar trabajando por garantizar la paz y seguridad en Salitre', declaró el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, quien participó en los desalojos.
Autoridades costarricenses anunciaron este lunes el desalojo de dos propiedades en el sur del país para devolverlas a pobladores indígenas que habían denunciado la invasión de sus tierras por personas ajenas a sus comunidades.
La recuperación de los terrenos situados en la comunidad indígena de Salitre se dio como parte de las acciones de defensa de las poblaciones autóctonas, en marcha desde el asesinato del dirigente indígena Sergio Rojas en marzo, un caso que continúa bajo investigación.
'Estamos dando cumplimiento a una serie de acuerdos adquiridos con los representantes del territorio indígena de Salitre' para llevar a cabo desalojos que estaban pendientes, explicó el viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro, quien visitó la zona para acompañar el retiro de los ocupantes de las tierras.
Los territorios de indígenas bribri y teribe, en el sur de Costa Rica, cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sufrir invasiones y amenazas de terratenientes y madereros.
Una misión de la CIDH visitó los territorios en mayo pasado para verificar la situación de las poblaciones indígenas tras el asesinato de Rojas, y urgió a las autoridades a investigar rápidamente el caso para 'evitar que quedara en la impunidad'.
'Hoy (lunes) se está cumpliendo la Ley Indígena que dice que estos territorios son para los indígenas', declaró Salomón Ortiz, de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre, citado por un comunicado de la Presidencia.
'La idea es utilizar estas tierras de la mejor manera posible, aún hay mucha gente necesitada', agregó Ortiz.
La asociación solicitó en 2014 ocho desalojos de tierras ocupadas por finqueros ajenos a las comunidades indígenas.
La Ley Indígena de 1977 establece que los territorios de las comunidades autóctonas son 'inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades'.
'Nuestro compromiso es continuar trabajando por garantizar la paz y seguridad en Salitre', declaró el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, quien participó en los desalojos.
