Por El Mundo (El Salvador)
Con Merino, son 11 funcionarios o exfuncionarios salvadoreños en la lista que incluye, entre otros, a los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
Merino fue incluido en la lista divulgada esta semana por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El documento señala a Merino como beneficiario del esquema de Alba Petróleos, consorcio cuyo 60 % es propiedad del gobierno venezolano a través de la petrolera estatal PDVSA.
"José Luis Merino y su hermano, Sigfredo Ismael Merino Cabrera, supuestamente desviaron más de $400 millones a través de una serie de compañías ficticias a cuentas offshore en Panamá y otras compañías de fachada. José Luis Merino nunca ha sido condenado y actualmente goza de inmunidad como viceministro", dice el documento divulgado el 18 de mayo de 2019 en un comunicado de prensa en el sitio de la congresista Norma Torres.
El Departamento de Estado está obligado a rendir informe, por una disposición en la Ley de Apropiaciones de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Año Fiscal 2019, sobre los funcionarios de gobierno en el Triángulo del Norte que se sabe o se cree que han cometido actos de corrupción.
En total, son 11 salvadoreños los incluidos en la lista negra. Además de Merino, y los expresidentes Saca y Funes, la lista incluye al exfiscal de la República, Luis Martínez; a los exsecretarios de Saca, élmer Charlaix, Julio Rank, César Funes; a los exfuncionarios de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez, Jorge Herrera Castellanos y al exalcalde de Apopa, Elías Hernández.
La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, una de las impulsoras de esta disposición, elogió el nuevo informe del Departamento de Estado y que incluye a también a funcionarios de Guatemala y Honduras.
"Este nuevo informe es un paso en la dirección correcta. La administración Trump finalmente está comenzando a reconocer el grado de corrupción de alto nivel en el Triángulo del Norte", dijo.
Merino ha sido señalado en varias investigaciones oficiales y periodísticas estadounidenses por sus presuntos nexos con una red de lavado de dinero de Venezuela, así como su supuesto involucramiento en el tráfico de armas de la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El viceministro ha negado las acusaciones. La Fiscalía General de la República ha confirmado por varios años que tiene investigaciones abiertas contra Merino, quien en marzo de 2018 fue candidato del FMLN a diputado de la Asamblea Legislativa, de los menos votados.
Diario El Mundo publicó el 13 de mayo que la banca salvadoreña cerró todas las cuentas de Alba Petróleos. El funcionario justificó la medida alegando que desde 2016, Alba Petróleos ha sufrido consecuencias de lo que él califica como "ataque" de Estados Unidos a Venezuela.
En agosto pasado, un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses instaron al presidente Donald Trump a sancionar a seis ciudadanos de México y Centroamérica, con la "Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos", una norma que permite al Gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hayan cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen. Entre ellos figuraba Merino y el empresario salvadoreño José Aquiles Enrique Rais López, quien es prófugo por un proceso de fraude procesal y cohecho.
Con Merino, son 11 funcionarios o exfuncionarios salvadoreños en la lista que incluye, entre otros, a los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes.
Merino fue incluido en la lista divulgada esta semana por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El documento señala a Merino como beneficiario del esquema de Alba Petróleos, consorcio cuyo 60 % es propiedad del gobierno venezolano a través de la petrolera estatal PDVSA.
"José Luis Merino y su hermano, Sigfredo Ismael Merino Cabrera, supuestamente desviaron más de $400 millones a través de una serie de compañías ficticias a cuentas offshore en Panamá y otras compañías de fachada. José Luis Merino nunca ha sido condenado y actualmente goza de inmunidad como viceministro", dice el documento divulgado el 18 de mayo de 2019 en un comunicado de prensa en el sitio de la congresista Norma Torres.
El Departamento de Estado está obligado a rendir informe, por una disposición en la Ley de Apropiaciones de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Año Fiscal 2019, sobre los funcionarios de gobierno en el Triángulo del Norte que se sabe o se cree que han cometido actos de corrupción.
En total, son 11 salvadoreños los incluidos en la lista negra. Además de Merino, y los expresidentes Saca y Funes, la lista incluye al exfiscal de la República, Luis Martínez; a los exsecretarios de Saca, élmer Charlaix, Julio Rank, César Funes; a los exfuncionarios de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez, Jorge Herrera Castellanos y al exalcalde de Apopa, Elías Hernández.
La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, una de las impulsoras de esta disposición, elogió el nuevo informe del Departamento de Estado y que incluye a también a funcionarios de Guatemala y Honduras.
"Este nuevo informe es un paso en la dirección correcta. La administración Trump finalmente está comenzando a reconocer el grado de corrupción de alto nivel en el Triángulo del Norte", dijo.
Merino ha sido señalado en varias investigaciones oficiales y periodísticas estadounidenses por sus presuntos nexos con una red de lavado de dinero de Venezuela, así como su supuesto involucramiento en el tráfico de armas de la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El viceministro ha negado las acusaciones. La Fiscalía General de la República ha confirmado por varios años que tiene investigaciones abiertas contra Merino, quien en marzo de 2018 fue candidato del FMLN a diputado de la Asamblea Legislativa, de los menos votados.
Diario El Mundo publicó el 13 de mayo que la banca salvadoreña cerró todas las cuentas de Alba Petróleos. El funcionario justificó la medida alegando que desde 2016, Alba Petróleos ha sufrido consecuencias de lo que él califica como "ataque" de Estados Unidos a Venezuela.
En agosto pasado, un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses instaron al presidente Donald Trump a sancionar a seis ciudadanos de México y Centroamérica, con la "Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos", una norma que permite al Gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hayan cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen. Entre ellos figuraba Merino y el empresario salvadoreño José Aquiles Enrique Rais López, quien es prófugo por un proceso de fraude procesal y cohecho.
