Por Univisión Noticias
El régimen de Nicolás Maduro se ha mudado de Caracas a Ciudad Guayana, la capital energética de un país que vive la mayor parte del tiempo a oscuras desde el gran apagón nacional del 7 de marzo, de más de 100 horas. Desde ese día, las interrupciones del servicio eléctrico han sido largas y constantes en todas los ciudades del país excepto en Guayana, ubicada en el sureño estado Bolívar, que solo ha sufrido cortes de luz durante algunas horas.
Conformada a su vez por las localidades de Puerto Ordaz y San Félix, Guayana es un enclave industrial donde se genera el 70% de la energía que ilumina Venezuela. Pero la acumulación de 15 años de corrupción y desinversión en las hidroeléctricas y en el Sistema Eléctrico Nacional han provocado el colapso del servicio en todo el país. Transparencia Internacional calcula que, desde que el chavismo llegó al poder en 1998, el Estado invirtió 37,691 millones de dólares en proyectos energéticos y de mantenimiento, de los cuales muchos nunca se concretaron. Los antiguos ministros de Chávez, que ahora conforman el círculo de poder de Maduro, culpan de los apagones a una supuesta conspiración "del imperio" de Estados Unidos.
El pasado 1 de abril, Maduro reactivó el "Estado Mayor Eléctrico" creado por Chávez hace una década para enfrentar los fallos de electricidad que ya ocurrían entonces, y lo puso bajo la dirección de la vicepresidenta de su gabinete, Delcy Rodríguez.
Dos semanas antes, el 22 de marzo, Rodríguez se instaló en hotel Eurobuilding de Guayana y lo convirtió en la nueva sede accidental del Ministerio de Energía Eléctrica. Fuentes vinculadas a la cadena estiman que se quedará allí tres meses.
Rodríguez no llegó sola: 90 personas de su comitiva e invitados ocupan 61 habitaciones. Allí se han hospedado el exministro de energía eléctrica, Luis Motta Domínguez; 14 oficiales rusos, guardaespaldas, y 12 oficiales cubanos, entre los que se cuenta el "comandante de la revolución", exvicepresidente y exministro de Tecnología de Cuba Ramiro Valdés Menéndez.
Cuando los altos mandos de Maduro están en el hotel, durante las mañanas y las noches, hay funcionarios armados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) custodiando las instalaciones y vigilando las cámaras de seguridad. En la ciudad sobrevuelan a diario aeronaves militares y decenas de camionetas sin placa se movilizan en las calles, como las que suele usar la policía política de Maduro.
El hotel está ubicado en el sector Alta Vista, concebido como el centro económico de la ciudad, rodeado de centros comerciales y muy cerca de la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la segunda empresa pública más grande de Venezuela después de Pdvsa y que, al igual que la petrolera, está al borde de la quiebra.
Desde la década de los 70 y hasta 2007, las comitivas oficiales y los presidentes que iban de visita por la ciudad se alojaban en las modernas y seguras instalaciones de Guri, como el Complejo Macagua. Hoy ninguna de esas instalaciones está en servicio: han sido desmanteladas y las consume la maleza y la delincuencia, aunque siguen estando custodiadas por militares.
Aunque haya electricidad, la ciudad se ve devastada: las calles destruidas, sin semáforos ni postes de luz, azotada por la delincuencia y las mafias que la convirtieron en la séptima ciudad más violenta del mundo, según el informe anual de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Este no era el futuro que se esperaba de Ciudad Guayana, desarrollada en la década de 1960 como un gran enclave industrial para explotar y procesar las cuantiosas riquezas naturales del estado Bolívar: hierro, bauxita y oro; y la cuenca río Caroní, uno de los más caudalosos del mundo y clave para la generación de electricidad. Guayana era alternativa económica no petrolera de Venezuela, abandonada con el estallido del boom petrolero de 2004, bajo el gobierno de Hugo Chávez.
La central hidroeléctrica del Guri comenzó a construirse en la década de los 60 y fue puesta en funcionamiento a toda su capacidad en 1978. Hasta 2004 era la obra hidroeléctrica más importante de Venezuela y la segunda más grande del mundo, después de Itaipú (ubicada en la frontera entre Paraguay y Brasil), capaz de generar 10,000 megavatios. Entre 1980 y 2004, el Estado venezolano construyó cuatro nuevas represas (Caruachi y Macagua I, II y III) para explotar aún más el potencial hidroeléctrico del río Caroní, hasta llegar a una capacidad instalada de 14,000 megavatios, que no solo abastecía a Venezuela, sino que permitía la exportación de energía a Brasil.
Paralelo al aprovechamiento de las riquezas hidroenergéticas, en ese período, el Estado desarrolló la industria del acero, aluminio y hierro en una cadena de procesamiento y producción a las orillas del río Orinoco, que es una especie de "autopista de exportación" que conecta al sur de Venezuela con el mar Caribe.
En 2010 estaba previsto que empezara a funcionar la represa de Tocoma. La obra fue adjudicada a las empresas Impsa y al consorcio Odebretch-Impregilo-Vincle para elevar la capacidad instalada a 17,000 megavatios, pero esto no ha ocurrido después de nueve años de retrasos y escándalos de corrupción.
En 2016, el gobierno de Maduro convirtió a Guayana en el centro de un mega proyecto extractivista de oro, diamante, coltán, entre otros, al que le dio el nombre de "Arco Minero del Orinoco". Desde entonces, han ocurrido 17 masacres de mineros en la disputa por el control de los territorios auríferos que monitorea la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codecicuh), una organización regional.
Para la directora de la ONG venezolana Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la presencia de los rusos en Venezuela y en Guayana es normal si se considera que Rusia ha sido el socio estratégico militar más importante del chavismo. "Además, hay un interés geopolítico de Putin de utilizar a Venezuela para sacar el mejor beneficio", afirma.
Lo que le resulta extraordinario es que los detalles de esos convenios se hayan mantenido secretos, fuera de la supervisión para el Parlamento, incluso cuando estaba dominado por el chavismo. "Nos gustaría saber cuál es el alcance de ese convenio secreto firmado. La Asamblea Nacional tiene competencia para conocer el alcance de ese acuerdo, incluso si Venezuela tuviera sistema clasificación de documentos, la asamblea tenía el derecho de ver el documento", dice San Miguel.
Actualmente el Poder Legislativo no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y viceversa. Por ser resultado de unas votaciones amañadas donde no participó la oposición y no hubo observadores internacionales, la Asamblea Nacional desconoció la reelección de Maduro, que se juramentó en enero frente al Poder Judicial para un segundo mandato. El día 23 de ese mismo mes, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumió las competencias de presidente interino de Venezuela y desde entonces ha sido reconocido por más de 50 gobiernos del mundo, incluyendo a la mayoría de países de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El régimen de Nicolás Maduro se ha mudado de Caracas a Ciudad Guayana, la capital energética de un país que vive la mayor parte del tiempo a oscuras desde el gran apagón nacional del 7 de marzo, de más de 100 horas. Desde ese día, las interrupciones del servicio eléctrico han sido largas y constantes en todas los ciudades del país excepto en Guayana, ubicada en el sureño estado Bolívar, que solo ha sufrido cortes de luz durante algunas horas.
Conformada a su vez por las localidades de Puerto Ordaz y San Félix, Guayana es un enclave industrial donde se genera el 70% de la energía que ilumina Venezuela. Pero la acumulación de 15 años de corrupción y desinversión en las hidroeléctricas y en el Sistema Eléctrico Nacional han provocado el colapso del servicio en todo el país. Transparencia Internacional calcula que, desde que el chavismo llegó al poder en 1998, el Estado invirtió 37,691 millones de dólares en proyectos energéticos y de mantenimiento, de los cuales muchos nunca se concretaron. Los antiguos ministros de Chávez, que ahora conforman el círculo de poder de Maduro, culpan de los apagones a una supuesta conspiración "del imperio" de Estados Unidos.
El pasado 1 de abril, Maduro reactivó el "Estado Mayor Eléctrico" creado por Chávez hace una década para enfrentar los fallos de electricidad que ya ocurrían entonces, y lo puso bajo la dirección de la vicepresidenta de su gabinete, Delcy Rodríguez.
Dos semanas antes, el 22 de marzo, Rodríguez se instaló en hotel Eurobuilding de Guayana y lo convirtió en la nueva sede accidental del Ministerio de Energía Eléctrica. Fuentes vinculadas a la cadena estiman que se quedará allí tres meses.
Rodríguez no llegó sola: 90 personas de su comitiva e invitados ocupan 61 habitaciones. Allí se han hospedado el exministro de energía eléctrica, Luis Motta Domínguez; 14 oficiales rusos, guardaespaldas, y 12 oficiales cubanos, entre los que se cuenta el "comandante de la revolución", exvicepresidente y exministro de Tecnología de Cuba Ramiro Valdés Menéndez.
Cuando los altos mandos de Maduro están en el hotel, durante las mañanas y las noches, hay funcionarios armados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) custodiando las instalaciones y vigilando las cámaras de seguridad. En la ciudad sobrevuelan a diario aeronaves militares y decenas de camionetas sin placa se movilizan en las calles, como las que suele usar la policía política de Maduro.
El hotel está ubicado en el sector Alta Vista, concebido como el centro económico de la ciudad, rodeado de centros comerciales y muy cerca de la sede de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la segunda empresa pública más grande de Venezuela después de Pdvsa y que, al igual que la petrolera, está al borde de la quiebra.
Desde la década de los 70 y hasta 2007, las comitivas oficiales y los presidentes que iban de visita por la ciudad se alojaban en las modernas y seguras instalaciones de Guri, como el Complejo Macagua. Hoy ninguna de esas instalaciones está en servicio: han sido desmanteladas y las consume la maleza y la delincuencia, aunque siguen estando custodiadas por militares.
Aunque haya electricidad, la ciudad se ve devastada: las calles destruidas, sin semáforos ni postes de luz, azotada por la delincuencia y las mafias que la convirtieron en la séptima ciudad más violenta del mundo, según el informe anual de la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Este no era el futuro que se esperaba de Ciudad Guayana, desarrollada en la década de 1960 como un gran enclave industrial para explotar y procesar las cuantiosas riquezas naturales del estado Bolívar: hierro, bauxita y oro; y la cuenca río Caroní, uno de los más caudalosos del mundo y clave para la generación de electricidad. Guayana era alternativa económica no petrolera de Venezuela, abandonada con el estallido del boom petrolero de 2004, bajo el gobierno de Hugo Chávez.
La central hidroeléctrica del Guri comenzó a construirse en la década de los 60 y fue puesta en funcionamiento a toda su capacidad en 1978. Hasta 2004 era la obra hidroeléctrica más importante de Venezuela y la segunda más grande del mundo, después de Itaipú (ubicada en la frontera entre Paraguay y Brasil), capaz de generar 10,000 megavatios. Entre 1980 y 2004, el Estado venezolano construyó cuatro nuevas represas (Caruachi y Macagua I, II y III) para explotar aún más el potencial hidroeléctrico del río Caroní, hasta llegar a una capacidad instalada de 14,000 megavatios, que no solo abastecía a Venezuela, sino que permitía la exportación de energía a Brasil.
Paralelo al aprovechamiento de las riquezas hidroenergéticas, en ese período, el Estado desarrolló la industria del acero, aluminio y hierro en una cadena de procesamiento y producción a las orillas del río Orinoco, que es una especie de "autopista de exportación" que conecta al sur de Venezuela con el mar Caribe.
En 2010 estaba previsto que empezara a funcionar la represa de Tocoma. La obra fue adjudicada a las empresas Impsa y al consorcio Odebretch-Impregilo-Vincle para elevar la capacidad instalada a 17,000 megavatios, pero esto no ha ocurrido después de nueve años de retrasos y escándalos de corrupción.
En 2016, el gobierno de Maduro convirtió a Guayana en el centro de un mega proyecto extractivista de oro, diamante, coltán, entre otros, al que le dio el nombre de "Arco Minero del Orinoco". Desde entonces, han ocurrido 17 masacres de mineros en la disputa por el control de los territorios auríferos que monitorea la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codecicuh), una organización regional.
¿Qué hacen militares rusos en Guayana?
Desde su construcción y hasta la fecha, las instalaciones de hidroeléctrica del Guri han sido consideradas por el Estado como un "espacio estratégico" y están provistas de todo tipo de mecanismos de defensa militar. Rusia ha sido el principal proveedor de armas de Venezuela entre 2005 y 2012, y ahora los militares rusos están en Guayana revisando el sistema de defensa antiaéreo y otros equipos militares, como helicópteros, comprados durante el gobierno de Hugo Chávez. Se trata también un viejo compromiso que estaba en los contratos de compra y que hasta ahora cumplen.Para la directora de la ONG venezolana Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la presencia de los rusos en Venezuela y en Guayana es normal si se considera que Rusia ha sido el socio estratégico militar más importante del chavismo. "Además, hay un interés geopolítico de Putin de utilizar a Venezuela para sacar el mejor beneficio", afirma.
Lo que le resulta extraordinario es que los detalles de esos convenios se hayan mantenido secretos, fuera de la supervisión para el Parlamento, incluso cuando estaba dominado por el chavismo. "Nos gustaría saber cuál es el alcance de ese convenio secreto firmado. La Asamblea Nacional tiene competencia para conocer el alcance de ese acuerdo, incluso si Venezuela tuviera sistema clasificación de documentos, la asamblea tenía el derecho de ver el documento", dice San Miguel.
Actualmente el Poder Legislativo no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y viceversa. Por ser resultado de unas votaciones amañadas donde no participó la oposición y no hubo observadores internacionales, la Asamblea Nacional desconoció la reelección de Maduro, que se juramentó en enero frente al Poder Judicial para un segundo mandato. El día 23 de ese mismo mes, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumió las competencias de presidente interino de Venezuela y desde entonces ha sido reconocido por más de 50 gobiernos del mundo, incluyendo a la mayoría de países de la Organización de Estados Americanos (OEA).
