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Fecha de publicación: 2019-04-16

Nicaragua: Oposición saldrá a la calles pese a prohibición policial

La agrupación, integrada por más de 70 movimientos opositores, pidió también -en una declaración leída por la dirigente Yerri Estrada- a la comunidad internacional exhortar al gobierno a suspender el estado de excepción y 'declararlo como ilegítimo por violar flagrantemente libertades fundamentales'.

Por AFP

La oposición de Nicaragua llamó este martes a participar en una manifestación para conmemorar el primer aniversario del estallido de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, pese a que la policía prohibió la movilización programada para el miércoles en la capital.

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) "llama a toda la ciudadanía que quiere un país con libertades justicia y democracia a marchar" en Managua en horas de la tarde.

La agrupación, integrada por más de 70 movimientos opositores, pidió también -en una declaración leída por la dirigente Yerri Estrada- a la comunidad internacional exhortar al gobierno a suspender el estado de excepción y 'declararlo como ilegítimo por violar flagrantemente libertades fundamentales'.

La UNAB reaccionó así a la decisión anunciada más temprano por la policía de prohibir nuevamente a la oposición manifestarse en las calles.

La policía optó por "no autorizar la movilización pública que pretenden hacer un grupo de personas el miércoles", porque son las mismas personas que "estuvieron involucradas en graves alteraciones al orden público" en el pasado, según dijo en un comunicado.

La UNAB convocó a la manifestación para conmemorar el inicio de las protestas contra Ortega, el 18 de abril del año pasado, cuya represión dejó al menos 325 muertos y desató una fuerte crisis en el país.

Los opositores solicitaron permiso para marchar, advirtiendo que se trata de un derecho constitucional que fue restituido en los acuerdos firmados entre el gobierno y la oposición, en el diálogo que sostuvieron entre el 27 de febrero y el 3 de abril.

La policía argumentó, sin embargo, que sus agentes "tienen la misión constitucional de proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes", así como de garantizar el orden público

"La marcha va"

Adelantó además que establecerá "responsabilidades contra quienes pretendan alterar la paz, la convivencia".

En respuesta, la coalición opositora divulgó un cartel con el mensaje: "La marcha va".

"Nunca más renunciaremos al derecho que nos pertenece, las calles son del pueblo y ahí estaremos", afirmó la UNAB, que pidió a los manifestantes marchar de manera pacífica y caminar en grupos ante la posibilidad de represión policial.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó en un comunicado al gobierno a que asegure que sus fuerzas de seguridad "garanticen los espacios necesarios para que las personas se reúnan pacíficamente".

Bachelet pidió "a las autoridades que tomen medidas con el fin de evitar el uso excesivo de la fuerza", tras señalar que en la represión el año pasado "más de 300 personas resultaron muertas, 2.000 heridas, 62.000 desplazadas fuera del país y varios cientos de personas han sido privadas de libertad".

Por su parte, Azahalea Solís, de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), afirmó que la negativa de la policía de permitir la marcha "violenta el ejercicio de los derechos constitucionales y el acuerdo" alcanzado en el diálogo con el gobierno.

Presos

En el acuerdo, el gobierno se comprometió con la ACJD a restituir varios derechos ciudadanos, entre ellos el de protesta, que fueron suprimidos a raíz de la crisis que vive Nicaragua desde abril pasado, cuando estallaron las manifestaciones contra Ortega.

El diálogo concluyó el 3 de abril sin consenso sobre el tema de justicia para las víctimas de la represión ni sobre la propuesta opositora de adelantar los comicios de 2021.

Durante las pláticas, el gobierno se comprometió no obstante a liberar a los detenidos por manifestar, que la oposición cifra en cerca de 800 personas aunque las autoridades solo reconocen 350.

A la fecha solo 236 de esos detenidos habrían sido enviados a arresto domiciliario.

Este martes, el gobierno de Ortega anunció la liberación de 636 presos comunes que pasarán a un régimen de casa por cárcel por motivo de la Semana Santa, pero entre ellos solo incluyó -según la cancillería- a 36 opositores detenidos en el marco de las manifestaciones.

Entre los excarcelados no se encuentran ninguno de los dirigentes opositores y estudiantiles que encabezaron las protestas, ni los dos periodistas, Miguel Mora y Lucía Pineda, detenidos por informar sobre ellas.

"El gobierno no avanza en la liberación de más presos políticos como se ha obligado" en el diálogo, reclamó la ACJD en un comunicado.

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