Por EFE
Los 16 acusados, según un portavoz de la Corte Suprema de Justicia, deberán comparecer ante los Juzgados en Materia de Corrupción. Están acusado de irregularidades en el otorgamiento de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El caso fue denominado 'Fraude sobre el Gualcarque' y los acusados se enfrentan a cargos por los delitos de 'fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado'.
Entre los 16 acusados figuran el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona, el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Roberto Martínez Lozano, y un ejecutivo de la empresa hidroeléctrica acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
Según la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), el caso es 'paradigmático' y surgió como consecuencia de las 'más de 40 denuncias' presentadas ante el Ministerio Público por la ambientalista Berta Cáceres sobre supuestas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos que afectarían a la comunidad indígena lenca.
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerla de las constantes amenazas que recibía, y por su crimen la Justicia hondureña condenó en noviembre de 2018 a siete nacionales.
Los 16 acusados, según un portavoz de la Corte Suprema de Justicia, deberán comparecer ante los Juzgados en Materia de Corrupción. Están acusado de irregularidades en el otorgamiento de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El caso fue denominado 'Fraude sobre el Gualcarque' y los acusados se enfrentan a cargos por los delitos de 'fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado'.
Entre los 16 acusados figuran el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona, el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Roberto Martínez Lozano, y un ejecutivo de la empresa hidroeléctrica acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
Según la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), el caso es 'paradigmático' y surgió como consecuencia de las 'más de 40 denuncias' presentadas ante el Ministerio Público por la ambientalista Berta Cáceres sobre supuestas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos que afectarían a la comunidad indígena lenca.
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerla de las constantes amenazas que recibía, y por su crimen la Justicia hondureña condenó en noviembre de 2018 a siete nacionales.
