Inmigrantes de Honduras y Nepal presentaron una demanda en contra de la decisión del gobierno estadounidense de cesar un programa que les permitía vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. Argumentan que la decisión es discriminatoria.
La demanda, presentada la noche del domingo en un tribunal federal en San Francisco, asevera que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional del poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para esos países fue motivada por racismo.
El litigio, presentado en nombre de seis inmigrantes y dos de sus hijos nacidos en Estados Unidos, alega además que el departamento modificó los parámetros que usaba para evaluar las condiciones en esos países al determinar si los migrantes podían ser enviados de vuelta a sus países de origen.
"Tenemos evidencias de que la administración Trump repetidamente ha denigrado a inmigrantes no blancos, no europeos, y ha modificado los términos para el otorgamiento del TPS a fin de sacar del país a esos inmigrantes no blancos, no europeos', dijo Minju Cho, abogado de la agrupación Asian Americans Advancing Justice, en Los ángeles.
Esa es una de varias agrupaciones que representan a los inmigrantes demandantes, residentes de California, Minnesota, Maryland, Virginia y Connecticut.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a mensajes pidiéndole su reacción.
Es el pleito judicial más reciente contra la decisión del gobierno de Trump de poner fin al programa, que abarca un grupo de países cuyos ciudadanos han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante años.
El año pasado, un juez federal en San Francisco temporalmente le impidió al gobierno cesar el programa para ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. La demanda en nombre de ciudadanos de esos países, al igual que ésta más reciente, cita como evidencia el lenguaje vulgar usado por Trump al referirse a ciertas naciones pobres, en una reunión el año pasado.
El gobierno estadounidense aprobó hace años el TPS para ciudadanos de países agobiados por guerras o desastres naturales, para que puedan vivir y trabajar en Estados Unidos hasta que se normalice la situación en su país de origen.
Esas protecciones tienen validez solo a corto plazo, pero se pueden renovar, y algunos inmigrantes han estado en el país durante décadas, criando a sus hijos nacidos en Estados Unidos, comprando viviendas, desarrollando estudios y carreras.
Los opositores al programa dicen que debía ser algo temporal y que los extranjeros no deben poder quedarse por tanto tiempo.
El 5 de enero de 2020 es la última fecha que tienen los hondureños inscritos a TPS para regularizar su estatus legal o de lo contrario tendrán que abandonar Estados Unidos.
