Por La Prensa
El régimen de Daniel Ortega no entregará al nuevo gobierno salvadoreño de Nayib Bukele al expresidente de ese país, Mauricio Funes, requerido por la justicia para ser investigado por supuesta corrupción con fondos públicos. Así lo dejó claro este martes el diputado sandinista y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Jacinto Suárez.
La declaración del personero del régimen de Ortega coincide con la posición desafiante este martes de Funes en sus cuentas de redes sociales: "Me tiene sin cuidado la posición de Nayib y su próximo gobierno sobre mi asilo en Nicaragua".
Funes agregó que "es de ignorantes creer que una extradición la decide el Estado que la pide. Esa es una decisión soberana del gobierno que concede el asilo. Es Ortega y no Nayib el que debe decidir".
El régimen de Daniel Ortega le mantiene la protección a Funes con el estatus de asilo político, por lo que no lo entregará a la justicia de El Salvador para que enfrente las acusaciones por supuesta corrupción, afirmó Suárez.
"(Funes) es un refugiado político, no hay razón para que se le pueda entregar (a El Salvador), ya tiene un estatus de asilado político (y eso) lo protege de cualquier solicitud de extradición", afirmó el diputado orteguista.
El dictador Daniel Ortega otorgó asilo político al expresidente Funes (2009-2014) en septiembre de 2016, beneficio del que también gozan su pareja Ada Mitchell Guzmán Siguenza y sus tres hijos de 34, 24 y cuatro años de edad.
Funes gobernó El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido de izquierda aliado del FSLN.
El diputado Suárez descartó que el régimen cancele el asilo político y extradite a Funes a El Salvador como una muestra de querer tener buenas relaciones con Bukele, que ha rechazado la dictadura en Nicaragua y cuyo respaldo será fundamental en los foros internacionales donde se aborda la crisis de derechos humanos y de democracia en Nicaragua.
"No sabemos cómo se va a comportar ese nuevo gobierno (de Bukele), hay que esperar", dijo Suárez.
Bukele, un joven político y empresario, es el nuevo presidente electo de El Salvador gracias al partido derechista Gana, pero durante la campaña dejó saber que habrá un cambio en las relaciones con Nicaragua pues ha criticado la respuesta gubernamental a las manifestaciones y ha calificado de "dictadura" al régimen de Ortega.
Una corte de El Salvador informó esta semana que el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, a petición de la Fiscalía, notificó a la oficina de Interpol en ese país que emita una difusión roja para capturar al expresidente Funes para que comparezca en el proceso.
Sin embargo, juristas explicaron que alguien que es asilado político de un gobierno no se le aplica el convenio de extradición.
El inciso "b" del artículo cinco del Convenio Centroamericano, sobre los "casos de no ejecución de la solicitud de la orden de detención y extradición simplificada", establece que no se ejecuta la extradición "cuando se considere que la solicitud de la orden de detención y extradición simplificada es por un delito político o conexo con político".
Según los analistas Julio Icaza Gallard y Carlos Tünnermann, el nuevo gobierno de Bukele no podría modificar esto porque se trata de un convenio ratificado como Estado, por lo que coinciden en que habrá que esperar un nuevo gobierno en Nicaragua para que Funes sea entregado a la justicia de El Salvador.
El jurista Tünnermann opinó que "desafortunadamente en la doctrina del derecho internacional en el derecho de asilo, el país que da asilo es el que tiene la última palabra, aunque resulte evidente que se está protegiendo a un delincuente," afirmó.
Sin embargo, los expertos Julio Icaza y Carlos Tünnermann refirieron que en este caso también prima el derecho al asilo.
El régimen de Daniel Ortega no entregará al nuevo gobierno salvadoreño de Nayib Bukele al expresidente de ese país, Mauricio Funes, requerido por la justicia para ser investigado por supuesta corrupción con fondos públicos. Así lo dejó claro este martes el diputado sandinista y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Jacinto Suárez.
La declaración del personero del régimen de Ortega coincide con la posición desafiante este martes de Funes en sus cuentas de redes sociales: "Me tiene sin cuidado la posición de Nayib y su próximo gobierno sobre mi asilo en Nicaragua".
Funes agregó que "es de ignorantes creer que una extradición la decide el Estado que la pide. Esa es una decisión soberana del gobierno que concede el asilo. Es Ortega y no Nayib el que debe decidir".
El régimen de Daniel Ortega le mantiene la protección a Funes con el estatus de asilo político, por lo que no lo entregará a la justicia de El Salvador para que enfrente las acusaciones por supuesta corrupción, afirmó Suárez.
"(Funes) es un refugiado político, no hay razón para que se le pueda entregar (a El Salvador), ya tiene un estatus de asilado político (y eso) lo protege de cualquier solicitud de extradición", afirmó el diputado orteguista.
El dictador Daniel Ortega otorgó asilo político al expresidente Funes (2009-2014) en septiembre de 2016, beneficio del que también gozan su pareja Ada Mitchell Guzmán Siguenza y sus tres hijos de 34, 24 y cuatro años de edad.
Funes gobernó El Salvador con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido de izquierda aliado del FSLN.
El diputado Suárez descartó que el régimen cancele el asilo político y extradite a Funes a El Salvador como una muestra de querer tener buenas relaciones con Bukele, que ha rechazado la dictadura en Nicaragua y cuyo respaldo será fundamental en los foros internacionales donde se aborda la crisis de derechos humanos y de democracia en Nicaragua.
"No sabemos cómo se va a comportar ese nuevo gobierno (de Bukele), hay que esperar", dijo Suárez.
Bukele, un joven político y empresario, es el nuevo presidente electo de El Salvador gracias al partido derechista Gana, pero durante la campaña dejó saber que habrá un cambio en las relaciones con Nicaragua pues ha criticado la respuesta gubernamental a las manifestaciones y ha calificado de "dictadura" al régimen de Ortega.
Una corte de El Salvador informó esta semana que el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, a petición de la Fiscalía, notificó a la oficina de Interpol en ese país que emita una difusión roja para capturar al expresidente Funes para que comparezca en el proceso.
Protección para Funes
Al respecto, ¿qué dicen los convenios internacionales? Nicaragua es firmante del Convenio Centroamericano para la Detención y Extradición Simplificada, suscrito en la ciudad de León el 2 de diciembre de 2005 y ratificado por este país en 2011, y ese instrumento legal es el que la Fiscalía salvadoreña puede usar para solicitar al régimen orteguista la detención y entrega del expresidente Funes.Sin embargo, juristas explicaron que alguien que es asilado político de un gobierno no se le aplica el convenio de extradición.
El inciso "b" del artículo cinco del Convenio Centroamericano, sobre los "casos de no ejecución de la solicitud de la orden de detención y extradición simplificada", establece que no se ejecuta la extradición "cuando se considere que la solicitud de la orden de detención y extradición simplificada es por un delito político o conexo con político".
Según los analistas Julio Icaza Gallard y Carlos Tünnermann, el nuevo gobierno de Bukele no podría modificar esto porque se trata de un convenio ratificado como Estado, por lo que coinciden en que habrá que esperar un nuevo gobierno en Nicaragua para que Funes sea entregado a la justicia de El Salvador.
El jurista Tünnermann opinó que "desafortunadamente en la doctrina del derecho internacional en el derecho de asilo, el país que da asilo es el que tiene la última palabra, aunque resulte evidente que se está protegiendo a un delincuente," afirmó.
Otro convenio
El expresidente Mauricio Funes también puede ser extraditado a El Salvador bajo el Convenio Interamericano contra la Corrupción, ratificado por Nicaragua desde 1999, ya que los delitos contra el expresidente están ligados con esta temática: peculado y lavado de dinero y activos en perjuicio de la administración pública.Sin embargo, los expertos Julio Icaza y Carlos Tünnermann refirieron que en este caso también prima el derecho al asilo.
