Por Prensa Libre
El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado en el cual da a conocer que la fiscal general, María Consuelo Porras, instruyó a las fiscalías correspondientes investigar la posible comisión de delitos "en torno al cumplimiento de las resoluciones dictadas por al Corte de Constitucionalidad".
Asimismo, el MP exige "el pleno acatamiento y respeto a las decisiones judiciales para la consolidación del estado de derecho", por lo cual, precisó, "deben suspenderse las actividades de la comisión pesquisidora relativa a los magistrados de la CC".
De lo contrario, advirtió, el ente encargado de la persecución penal "actuará de conformidad con la ley".
El comunicado se publicó un día después de que un conglomerado de organizaciones sociales emitiera una carta abierta dirigida a Porras en la cual le piden investigar a los funcionarios públicos que, afirman, han cometido el delito de desobediencia al no acatar resoluciones dictadas por el máximo tribunal.
Según la Convergencia por los Derechos Humanos, los ministros de Gobernación, Enrique Degenhart, y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, así como el procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, han cometido acciones que ponen en riesgo la institucionalidad del país que podrían tener "graves implicaciones".
La Convergencia acusa a los funcionarios en cuestión de no acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) relacionadas a las funciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo mandato el gobierno ya dio por finalizado de manera unilateral a pesar de que la Corte resolvió que debe continuar sus funciones hasta que finalice su actual mandato, en septiembre próximo.
Según la Convergencia por los Derechos Humanos, los ministros de Gobernación, Enrique Degenhart, y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, así como el procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, han cometido acciones que ponen en riesgo la institucionalidad del país que podrían tener "graves implicaciones".
La Convergencia acusa a los funcionarios en cuestión de no acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) relacionadas a las funciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo mandato el gobierno ya dio por finalizado de manera unilateral a pesar de que la Corte resolvió que debe continuar sus funciones hasta que finalice su actual mandato, en septiembre próximo.
Consultado Degenhart, afirmó que no tiene "ninguna postura" sobre el comunicado que emitió el MP, puesto que en horas de la mañana desconocía su contenido.
"No tengo ninguna postura, lo desconocía honestamente -la investigación de oficio-. Creo que la señora fiscal debe desarrollar su labor, que es cabalmente esa, así que no tengo ninguna opinión", señaló el titular de la cartera de Gobernación.
De acuerdo con Degenhart, el recurso humano del Ministerio de Gobernación está para dar servicio a la población guatemalteca.
"Escuché a la señora fiscal dar unas declaraciones interesantes la semana pasada, todas las instituciones que de alguna manera tuvieron que ver con esta comisión ya hoy por hoy tienen de vuelta su recurso humano", añadió.
La semana pasada la PNC reconcentró a cerca de 45 agentes que estaban asignados a Cicig.
El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado en el cual da a conocer que la fiscal general, María Consuelo Porras, instruyó a las fiscalías correspondientes investigar la posible comisión de delitos "en torno al cumplimiento de las resoluciones dictadas por al Corte de Constitucionalidad".
Asimismo, el MP exige "el pleno acatamiento y respeto a las decisiones judiciales para la consolidación del estado de derecho", por lo cual, precisó, "deben suspenderse las actividades de la comisión pesquisidora relativa a los magistrados de la CC".
De lo contrario, advirtió, el ente encargado de la persecución penal "actuará de conformidad con la ley".
El comunicado se publicó un día después de que un conglomerado de organizaciones sociales emitiera una carta abierta dirigida a Porras en la cual le piden investigar a los funcionarios públicos que, afirman, han cometido el delito de desobediencia al no acatar resoluciones dictadas por el máximo tribunal.
Según la Convergencia por los Derechos Humanos, los ministros de Gobernación, Enrique Degenhart, y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, así como el procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, han cometido acciones que ponen en riesgo la institucionalidad del país que podrían tener "graves implicaciones".
La Convergencia acusa a los funcionarios en cuestión de no acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) relacionadas a las funciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo mandato el gobierno ya dio por finalizado de manera unilateral a pesar de que la Corte resolvió que debe continuar sus funciones hasta que finalice su actual mandato, en septiembre próximo.
Según la Convergencia por los Derechos Humanos, los ministros de Gobernación, Enrique Degenhart, y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, así como el procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado, han cometido acciones que ponen en riesgo la institucionalidad del país que podrían tener "graves implicaciones".
La Convergencia acusa a los funcionarios en cuestión de no acatar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) relacionadas a las funciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo mandato el gobierno ya dio por finalizado de manera unilateral a pesar de que la Corte resolvió que debe continuar sus funciones hasta que finalice su actual mandato, en septiembre próximo.
Consultado Degenhart, afirmó que no tiene "ninguna postura" sobre el comunicado que emitió el MP, puesto que en horas de la mañana desconocía su contenido.
"No tengo ninguna postura, lo desconocía honestamente -la investigación de oficio-. Creo que la señora fiscal debe desarrollar su labor, que es cabalmente esa, así que no tengo ninguna opinión", señaló el titular de la cartera de Gobernación.
De acuerdo con Degenhart, el recurso humano del Ministerio de Gobernación está para dar servicio a la población guatemalteca.
"Escuché a la señora fiscal dar unas declaraciones interesantes la semana pasada, todas las instituciones que de alguna manera tuvieron que ver con esta comisión ya hoy por hoy tienen de vuelta su recurso humano", añadió.
La semana pasada la PNC reconcentró a cerca de 45 agentes que estaban asignados a Cicig.
La Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/0uoC90CY5S
- MP de Guatemala (@MPguatemala) 28 de enero de 2019
