Por Univision
Seis semanas después de que Antonio 'Tony' Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, fue arrestado en Miami por cuatro cargos de narcotráfico y otros cargos relacionados, un juez de un tribunal federal de Nueva York le negó la libertad bajo fianza por considerar que representa un riesgo significativo de fuga y un peligro para la comunidad.
En una carta al juez presentada antes de la audiencia de este viernes, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York declaró que 'durante más de una década, (Hernández) abusó de su privilegio y poder para enriquecerse mediante la distribución de cantidades masivas de cocaína en conexión con niveles asombrosos de corrupción política'.
'Tony' Hernández es el último de una serie de políticos de alto perfil y narcotraficantes de Honduras que se enfrentan a la justicia en Estados Unidos.
En una descripción general del caso, los fiscales declararon que investigaciones realizadas por agencias de Estados Unidos, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA), 'han demostrado que Honduras es uno de los principales puntos de transbordo en el mundo para la cocaína que se produce en Suramérica y su importación en Estados Unidos'.
El presidente Hernández, quien se ha convertido en un firme aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, ha dicho que no tenía conocimiento de los presuntos vínculos con las drogas de su hermano y que su familia confía en el sistema de justicia de EEUU para alcanzar un resultado justo.
Cuando fue arestado el 23 de noviembre, Hernández llevaba un pasaporte diplomático hondureño. Afirmó que había viajado a Estados Unidos para ir de compras antes de admitir que tenía una reunión con el propietario de una empresa mexicana, quien dijo que quería invertir en Honduras y con quien habló sobre la presentación suya a 'un ministro en Honduras que podría facilitar un acuerdo', según el resumen del caso presentado al juez por el fiscal Geoffrey Berman.
Una investigación a las cuentas de Hernández presuntamente reveló 'al menos seis tarjetas bancarias con instituciones financieras extranjeras que se emitieron en su nombre y ocho licencias de armas de fuego', alega la carta. En el momento en que supuestamente llevaba dos teléfonos celulares, que tras una revisión más tarde se encontraron en ellos múltiples fotos de armas de fuego de alta potencia y documentos relacionados con negocios.
Durante su interrogatorio inicial, los fiscales dicen que Hernández admitió haber realizado una serie de actividades incriminatorias, entre ellas: hablar sobre el tráfico de drogas con personas que él sabía que eran narcotraficantes, incluido al menos uno que se espera que testifique en su contra; saber que la misma persona 'transportó cocaína a través de Honduras escondiéndola en vagones de ganado para que los perros detectores de drogas no pudieran detectarla' y aceptar regalos de los narcotraficantes, 'incluyendo un reloj caro y dos armas de fuego'.
Los fiscales también dicen que admitió que la cocaína sellada con 'TH' representaba sus iniciales y que ayudó a una notoria familia criminal hondureña, conocida como Los Cachiros, a lavar sus ganancias del narcotráfico.
De acuerdo con los documentos recién publicados, Hernández viajó a Estados Unidos el 18 de noviembre con un asociado hondureño de quien no ha sido revelado su nombre, evenualmente terminando en Houston, donde se reunió con el propietario de la empresa mexicana de construcción TRADECO, a quien el gobierno hondureño le debía dinero por un contrato de carretera y la cual tenía un historial de irregularidades y juicios.
Hernández está acusado de reunirse con un líder de Los Cachiros en 2014, poco después de la toma de posesión de su hermano, durante lo cual acordó a cambio de sobornos pasar dinero relacionado con contratos de construcción adeudados al frente de lavado de dinero de la familia. La promesa no era algo que Hernández, simplemente un legislador asociado en ese momento, podría haber cumplido por su cuenta.
Esa reunión fue grabada en video y audio. Los agentes de la DEA mostraron a Hernández las imágenes de la reunión de cuando 'estaban tan seguros de que su poder le permitía operar con impunidad que viajó voluntariamente a Estados Unidos en octubre de 2016 para mentir sobre sus actividades'. Sin embargo, en ese momento negó que la reunión sucedió, dando lugar a cargos por mentir a un agente federal.
En las semanas posteriores al arresto de Hernández, varios exoficiales de la ley en Honduras han hablado sobre lo que sabían sobre Hernández, así como sobre la aparente complicidad del estado.
En una entrevista con Radio Progreso, un exgeneral de la Policía Nacional, Henry Osorto, afirmó que el comercio de drogas en Honduras había sido monopolizado por un cartel aprobado y protegido por políticos, con 'Tony' Hernández a la cabeza.
Cuando la oficina del fiscal en Honduras se movió para confiscar algunos de los activos de Hernández, casi un mes después del arresto, se vio obligada a admitir que el pasado mes de junio había incautado 193,000 dolares en efectivo que los documentos vinculaban con él. Según archivos de la corte, Hernández mantuvo al menos dos residentes, pero solo uno ha sido incautado hasta el momento, junto con cuatro vehículos.
A pesar de la evidencia que prueba lo contrario, en la petición de fianza el abogado defensor de Hernández, Manuel Retureta, le escribió al juez que 'tiene recursos limitados, ninguno de los cuales financiaría la vida como fugitivo'.
Retureta agregó que el caso del gobierno consistió en una serie de 'acusaciones sin fundamento' que no vincularon a su cliente con las drogas, aparte de la reunión de 2014 con Los Cachiros. 'Con un pincel amplio, el gobierno condena a todo un país centroamericano. La actividad de drogas descrita (...) podría confundirse con cualquier otro país extranjero que se ocupe del problema de las drogas ilegales', escribió y agregó que 'el gobierno no ofrece a la corte ningún vínculo con el señor Hernández'.
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Se espera que al menos seis testigos colaboradores testifiquen contra Hernández en el juicio. El principal de ellos es probablemente el exlíder de Los Cachiros, Devis Leonel Maradiaga Rivera, con quien se reunió y cuyo testimonio llevó a la condena de Fabio Lobo, hijo del expresidente Pepe Lobo, por cargos similares.
Seis semanas después de que Antonio 'Tony' Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, fue arrestado en Miami por cuatro cargos de narcotráfico y otros cargos relacionados, un juez de un tribunal federal de Nueva York le negó la libertad bajo fianza por considerar que representa un riesgo significativo de fuga y un peligro para la comunidad.
En una carta al juez presentada antes de la audiencia de este viernes, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York declaró que 'durante más de una década, (Hernández) abusó de su privilegio y poder para enriquecerse mediante la distribución de cantidades masivas de cocaína en conexión con niveles asombrosos de corrupción política'.
'Tony' Hernández es el último de una serie de políticos de alto perfil y narcotraficantes de Honduras que se enfrentan a la justicia en Estados Unidos.
En una descripción general del caso, los fiscales declararon que investigaciones realizadas por agencias de Estados Unidos, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA), 'han demostrado que Honduras es uno de los principales puntos de transbordo en el mundo para la cocaína que se produce en Suramérica y su importación en Estados Unidos'.
El presidente Hernández, quien se ha convertido en un firme aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, ha dicho que no tenía conocimiento de los presuntos vínculos con las drogas de su hermano y que su familia confía en el sistema de justicia de EEUU para alcanzar un resultado justo.
Cuando fue arestado el 23 de noviembre, Hernández llevaba un pasaporte diplomático hondureño. Afirmó que había viajado a Estados Unidos para ir de compras antes de admitir que tenía una reunión con el propietario de una empresa mexicana, quien dijo que quería invertir en Honduras y con quien habló sobre la presentación suya a 'un ministro en Honduras que podría facilitar un acuerdo', según el resumen del caso presentado al juez por el fiscal Geoffrey Berman.
Una investigación a las cuentas de Hernández presuntamente reveló 'al menos seis tarjetas bancarias con instituciones financieras extranjeras que se emitieron en su nombre y ocho licencias de armas de fuego', alega la carta. En el momento en que supuestamente llevaba dos teléfonos celulares, que tras una revisión más tarde se encontraron en ellos múltiples fotos de armas de fuego de alta potencia y documentos relacionados con negocios.
Durante su interrogatorio inicial, los fiscales dicen que Hernández admitió haber realizado una serie de actividades incriminatorias, entre ellas: hablar sobre el tráfico de drogas con personas que él sabía que eran narcotraficantes, incluido al menos uno que se espera que testifique en su contra; saber que la misma persona 'transportó cocaína a través de Honduras escondiéndola en vagones de ganado para que los perros detectores de drogas no pudieran detectarla' y aceptar regalos de los narcotraficantes, 'incluyendo un reloj caro y dos armas de fuego'.
Los fiscales también dicen que admitió que la cocaína sellada con 'TH' representaba sus iniciales y que ayudó a una notoria familia criminal hondureña, conocida como Los Cachiros, a lavar sus ganancias del narcotráfico.
De acuerdo con los documentos recién publicados, Hernández viajó a Estados Unidos el 18 de noviembre con un asociado hondureño de quien no ha sido revelado su nombre, evenualmente terminando en Houston, donde se reunió con el propietario de la empresa mexicana de construcción TRADECO, a quien el gobierno hondureño le debía dinero por un contrato de carretera y la cual tenía un historial de irregularidades y juicios.
Hernández está acusado de reunirse con un líder de Los Cachiros en 2014, poco después de la toma de posesión de su hermano, durante lo cual acordó a cambio de sobornos pasar dinero relacionado con contratos de construcción adeudados al frente de lavado de dinero de la familia. La promesa no era algo que Hernández, simplemente un legislador asociado en ese momento, podría haber cumplido por su cuenta.
Esa reunión fue grabada en video y audio. Los agentes de la DEA mostraron a Hernández las imágenes de la reunión de cuando 'estaban tan seguros de que su poder le permitía operar con impunidad que viajó voluntariamente a Estados Unidos en octubre de 2016 para mentir sobre sus actividades'. Sin embargo, en ese momento negó que la reunión sucedió, dando lugar a cargos por mentir a un agente federal.
En las semanas posteriores al arresto de Hernández, varios exoficiales de la ley en Honduras han hablado sobre lo que sabían sobre Hernández, así como sobre la aparente complicidad del estado.
En una entrevista con Radio Progreso, un exgeneral de la Policía Nacional, Henry Osorto, afirmó que el comercio de drogas en Honduras había sido monopolizado por un cartel aprobado y protegido por políticos, con 'Tony' Hernández a la cabeza.
Cuando la oficina del fiscal en Honduras se movió para confiscar algunos de los activos de Hernández, casi un mes después del arresto, se vio obligada a admitir que el pasado mes de junio había incautado 193,000 dolares en efectivo que los documentos vinculaban con él. Según archivos de la corte, Hernández mantuvo al menos dos residentes, pero solo uno ha sido incautado hasta el momento, junto con cuatro vehículos.
A pesar de la evidencia que prueba lo contrario, en la petición de fianza el abogado defensor de Hernández, Manuel Retureta, le escribió al juez que 'tiene recursos limitados, ninguno de los cuales financiaría la vida como fugitivo'.
Retureta agregó que el caso del gobierno consistió en una serie de 'acusaciones sin fundamento' que no vincularon a su cliente con las drogas, aparte de la reunión de 2014 con Los Cachiros. 'Con un pincel amplio, el gobierno condena a todo un país centroamericano. La actividad de drogas descrita (...) podría confundirse con cualquier otro país extranjero que se ocupe del problema de las drogas ilegales', escribió y agregó que 'el gobierno no ofrece a la corte ningún vínculo con el señor Hernández'.
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Se espera que al menos seis testigos colaboradores testifiquen contra Hernández en el juicio. El principal de ellos es probablemente el exlíder de Los Cachiros, Devis Leonel Maradiaga Rivera, con quien se reunió y cuyo testimonio llevó a la condena de Fabio Lobo, hijo del expresidente Pepe Lobo, por cargos similares.
