Por La Prensa (Nicaragua)
La mayoría de los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) siguen condenando las acciones represivas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y demandan el cese a la represión, acceso a la justicia, diálogo y celebración de elecciones anticipadas en Nicaragua, como solución a la crisis sociopolítica que atraviesa el país y que contabiliza más de quinientos muertes producto de la represión estatal.
El Grupo de Trabajo para Nicaragua de la OEA presentó el miércoles su tercer informe ante el Consejo Permanente del organismo, en el que refleja la falta de disposición de la dictadura por encontrar una salida a la inestabilidad sociopolítica en la que está sumida el país, desde el pasado 18 de abril. Pese a los constantes intentos por incorporar a Nicaragua a la labor que realiza ese organismo desde el exterior, el régimen de Ortega se empeña en desconocer su competencia, le impide acceso al país y se resiste a contribuir para encontrar una solución a la crisis.
El organismo está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú. Fue creado mediante resolución en agosto pasado, para contribuir a la búsqueda del diálogo y de una solución negociada y sostenible a la crisis que enfrenta Nicaragua.
El Grupo de Trabajo expresa en su informe que continúa siendo motivo de preocupación el incremento de la represión y la retórica gubernamental, a la que define "cada vez más perturbadora y hostil hacia el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional".
El documento indica que, pese a los constantes esfuerzos del Grupo de Trabajo de la OEA, el Gobierno de Nicaragua sigue bloqueando la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el acceso a la información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), pese a que anteriormente había decidido permitir la labor de ambos organismos. Entre las atribuciones del GIEI, está contribuir a las investigaciones de los crímenes cometidos en Nicaragua producto de la represión en el marco de las protestas antigubernamentales, pero el régimen se rehúsa a proporcionar la información debido a que los paramilitares han sido organizados, armados y financiados por el Gobierno, que operan en coordinación con la Policía, que ha sido señalada por el Gobierno de Estados Unidos de ser parte de los "escuadrones de la muerte".
El organismo señala que la falta de acceso a la información es un obstáculo para informar debidamente sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
"El Grupo de Trabajo desea reiterar su expectativa de que, en calidad de miembro de la OEA obligado a cumplir las disposiciones de la Carta y de conformidad con las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Gobierno de Nicaragua (debe) colaborar con la CIDH en el cumplimiento de su mandato y facilite la acción de los mecanismos de derechos humanos establecidos para propiciar la transparencia, el acceso a los derechos y la impartición de justicia".
El informe refleja que tampoco existe disposición del régimen para poner fin a la violencia y la represión.
Pobre discurso oficialista
El informe fue rechazado desde el inicio de la sesión por los representantes de los regímenes de Nicaragua y el de Venezuela; no obstante, ambos son señalados de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y corrupción.
Luis Alvarado, representante de Nicaragua ante la OEA, se mostró agresivo durante sus intervenciones para defender a su gobierno, y con su trillado discurso acusó a Estados Unidos de financiar a los grupos "vandálicos y golpistas", pero no se refirió a los crímenes cometidos por grupos paramilitares y la Policía afines a su gobierno.
La representación de Estados Unidos respondió que Ortega quiere dar imagen de normalidad y que llama terroristas a personas que quieren cambios y que ejercen su derecho (a manifestarse).
Al mismo tiempo condenó los ataques de la dictadura contra la oposición, la prensa y la sociedad civil. "La OEA tiene la responsabilidad de ver la situación de Nicaragua", afirmó.
Urgen elecciones
Gustavo Koncke, jefe de despacho del secretario de general de la OEA, Luis Almagro, fue preciso al manifestar que Nicaragua requiere convocatoria a elecciones y una reforma que contribuya a una salida al conflicto. Además, solicitó al Gobierno de Nicaragua prorrogar otros seis meses la labor del GIEI, que vence en enero próximo.
La mayoría de los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) siguen condenando las acciones represivas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y demandan el cese a la represión, acceso a la justicia, diálogo y celebración de elecciones anticipadas en Nicaragua, como solución a la crisis sociopolítica que atraviesa el país y que contabiliza más de quinientos muertes producto de la represión estatal.
El Grupo de Trabajo para Nicaragua de la OEA presentó el miércoles su tercer informe ante el Consejo Permanente del organismo, en el que refleja la falta de disposición de la dictadura por encontrar una salida a la inestabilidad sociopolítica en la que está sumida el país, desde el pasado 18 de abril. Pese a los constantes intentos por incorporar a Nicaragua a la labor que realiza ese organismo desde el exterior, el régimen de Ortega se empeña en desconocer su competencia, le impide acceso al país y se resiste a contribuir para encontrar una solución a la crisis.
El organismo está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú. Fue creado mediante resolución en agosto pasado, para contribuir a la búsqueda del diálogo y de una solución negociada y sostenible a la crisis que enfrenta Nicaragua.
El Grupo de Trabajo expresa en su informe que continúa siendo motivo de preocupación el incremento de la represión y la retórica gubernamental, a la que define "cada vez más perturbadora y hostil hacia el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional".
El documento indica que, pese a los constantes esfuerzos del Grupo de Trabajo de la OEA, el Gobierno de Nicaragua sigue bloqueando la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el acceso a la información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), pese a que anteriormente había decidido permitir la labor de ambos organismos. Entre las atribuciones del GIEI, está contribuir a las investigaciones de los crímenes cometidos en Nicaragua producto de la represión en el marco de las protestas antigubernamentales, pero el régimen se rehúsa a proporcionar la información debido a que los paramilitares han sido organizados, armados y financiados por el Gobierno, que operan en coordinación con la Policía, que ha sido señalada por el Gobierno de Estados Unidos de ser parte de los "escuadrones de la muerte".
El organismo señala que la falta de acceso a la información es un obstáculo para informar debidamente sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
"El Grupo de Trabajo desea reiterar su expectativa de que, en calidad de miembro de la OEA obligado a cumplir las disposiciones de la Carta y de conformidad con las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Gobierno de Nicaragua (debe) colaborar con la CIDH en el cumplimiento de su mandato y facilite la acción de los mecanismos de derechos humanos establecidos para propiciar la transparencia, el acceso a los derechos y la impartición de justicia".
El informe refleja que tampoco existe disposición del régimen para poner fin a la violencia y la represión.
Pobre discurso oficialista
El informe fue rechazado desde el inicio de la sesión por los representantes de los regímenes de Nicaragua y el de Venezuela; no obstante, ambos son señalados de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y corrupción.
Luis Alvarado, representante de Nicaragua ante la OEA, se mostró agresivo durante sus intervenciones para defender a su gobierno, y con su trillado discurso acusó a Estados Unidos de financiar a los grupos "vandálicos y golpistas", pero no se refirió a los crímenes cometidos por grupos paramilitares y la Policía afines a su gobierno.
La representación de Estados Unidos respondió que Ortega quiere dar imagen de normalidad y que llama terroristas a personas que quieren cambios y que ejercen su derecho (a manifestarse).
Al mismo tiempo condenó los ataques de la dictadura contra la oposición, la prensa y la sociedad civil. "La OEA tiene la responsabilidad de ver la situación de Nicaragua", afirmó.
Urgen elecciones
Gustavo Koncke, jefe de despacho del secretario de general de la OEA, Luis Almagro, fue preciso al manifestar que Nicaragua requiere convocatoria a elecciones y una reforma que contribuya a una salida al conflicto. Además, solicitó al Gobierno de Nicaragua prorrogar otros seis meses la labor del GIEI, que vence en enero próximo.
