Por AFP
Un tribunal suspendió este lunes por segunda vez el inicio del juicio oral y público contra ocho personas acusadas por el asesinato de la ambientalista hondureña, Berta Cáceres, al presentarse una nueva recusación contra los jueces, informaron fuentes judiciales.
El tribunal había convocado a la primera audiencia del juicio este lunes, pero se resolvió suspenderla luego de que la parte acusadora privada, integrada por la familia y el no gubernamental Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), presentara una segunda recusación por desconfianza a las tres magistradas que abordan el juicio.
Los acusadores privados temen que las juezas protejan a empresarios socios y ejecutivos de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), firma contra la que Cáceres militaba.
'Presentamos un recurso de apelación de hecho porque la primera apelación que presentamos fue declarada inadmisible, o sea que (los magistrados) no llegaron a conocer el fondo del (primer) recurso', dijo a la AFP el abogado de la parte acusadora privada, Víctor Fernández.
El 18 de septiembre el tribunal había suspendido por primera vez el juicio oral, cuando los acusadores privados recusaron a las tres juezas porque desoyeron una petición para que la fiscalía presentara todas las pruebas que tiene contra los imputados por el crimen.
Fernández dijo que el el poder Judicial tendría que haber nombrado un nuevo tribunal porque el actual 'no garantiza el debido proceso'.
'No debe tardarse el nombramiento del nuevo tribunal que garantice un juicio justo y no éste que produciría una sentencia débil que va a generar impunidad para gente de poder', demandó.
Nueve personas están acusadas por el asesinato de la ambientalista, incluyendo el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo, y el gerente ambiental, Sergio Rodríguez.
Sin embargo, Castillo está en un juicio separado porque fue capturado mucho después que los otros inculpados.
Cáceres, coordinadora del Copinh, fue asesinada entre la medianoche del 2 y la madrugada el 3 de marzo del 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste).
La familia y el Copinh sospechan que la mandaron a matar socios y ejecutivos de DESA porque la ambientalista había impedido con manifestaciones indígenas la construcción de una hidroeléctrica de esa empresa en el rio Gualcarque, oeste.
Un tribunal suspendió este lunes por segunda vez el inicio del juicio oral y público contra ocho personas acusadas por el asesinato de la ambientalista hondureña, Berta Cáceres, al presentarse una nueva recusación contra los jueces, informaron fuentes judiciales.
El tribunal había convocado a la primera audiencia del juicio este lunes, pero se resolvió suspenderla luego de que la parte acusadora privada, integrada por la familia y el no gubernamental Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), presentara una segunda recusación por desconfianza a las tres magistradas que abordan el juicio.
Los acusadores privados temen que las juezas protejan a empresarios socios y ejecutivos de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), firma contra la que Cáceres militaba.
'Presentamos un recurso de apelación de hecho porque la primera apelación que presentamos fue declarada inadmisible, o sea que (los magistrados) no llegaron a conocer el fondo del (primer) recurso', dijo a la AFP el abogado de la parte acusadora privada, Víctor Fernández.
El 18 de septiembre el tribunal había suspendido por primera vez el juicio oral, cuando los acusadores privados recusaron a las tres juezas porque desoyeron una petición para que la fiscalía presentara todas las pruebas que tiene contra los imputados por el crimen.
Fernández dijo que el el poder Judicial tendría que haber nombrado un nuevo tribunal porque el actual 'no garantiza el debido proceso'.
'No debe tardarse el nombramiento del nuevo tribunal que garantice un juicio justo y no éste que produciría una sentencia débil que va a generar impunidad para gente de poder', demandó.
Nueve personas están acusadas por el asesinato de la ambientalista, incluyendo el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo, y el gerente ambiental, Sergio Rodríguez.
Sin embargo, Castillo está en un juicio separado porque fue capturado mucho después que los otros inculpados.
Cáceres, coordinadora del Copinh, fue asesinada entre la medianoche del 2 y la madrugada el 3 de marzo del 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste).
La familia y el Copinh sospechan que la mandaron a matar socios y ejecutivos de DESA porque la ambientalista había impedido con manifestaciones indígenas la construcción de una hidroeléctrica de esa empresa en el rio Gualcarque, oeste.
