Centroamérica & mundo
Fecha de publicación: 2018-10-11

Podcast de Corrupción crónica en Centroamérica: análisis de un problema regional

En esta edición del podcast Entre Líneas, del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), de INCAE, hablamos con Octavio Martínez, Director de CLACDS y Arturo Aguilar, Director del Seattle International Foundation, sobre la incidencia de la corrupción crónica en el desarrollo regional.




¿Sabía que el costo económico de la corrupción en América Latina supera US$13.000 millones anuales? Este es un cálculo de Transparencia Internacional. Para mayor asombro, el monto es igual al PIB de Nicaragua. Definitivamente, la corrupción es un problema que rebasa lo económico y afecta a la sociedad.

Se puede definir la corrupción como el abuso del poder público, para beneficio de un privado. En la región latinoamericana, incluso ha llegado a adquirir un estatus de normalidad. ¿Podrían la simplificación de trámites y la transparencia desmotivar al ciudadano a buscar las coimas o mordidas?.

En esta edición del podcast Entre Líneas, del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), de INCAE, hablamos con Octavio Martínez, Director de CLACDS y Arturo Aguilar, Director del Seattle International Foundation, sobre la incidencia de la corrupción crónica en el desarrollo regional.

Para ellos, el periodismo investigativo es uno de los pilares de la lucha contra la corrupción. El primer paso es desatanizar esta lucha, que en algunos países se suele identificar con la oposición, sea de derecha o de izquierda. "El derecho penal llega tarde y llega cuando hay algo mal. El periodismo investigativo provee una sanción social", dice Aguilar.

"Vinculamos con instituciones de gobierno relacionadas a la recaudación, manejo de impuestos, o instituciones judiciales y con poder, pero no solo se detiene ahí. En el día a día, para el ciudadano promedio con instituciones del Estado que proveen bienes escenciales encontramos incidencia bien alta", agregó.

Uno de cada siete ciudadanos aceptaron haber pagado soborno en instituciones de luz, agua o telecomunicaciones, dijo.

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