Por AFP

La justicia salvadoreña dio un golpe contra la impunidad con la condena del expresidente Elías Antonio Saca a 10 años de cárcel por el desvío de US$301 millones, aunque según especialistas aún queda un camino por recorrer en la adopción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Luego de un proceso judicial de casi dos años, el miércoles un tribunal dictó prisión para Saca, de 53 años, y le ordenó devolver al Estado US$260,7 millones que malversó durante su gestión (2004-2009) bajo la bandera de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

'Que Saca haya sido condenado es una señal del comienzo del fin de la impunidad, pero montar un cerco a la corrupción pasa por establecer una cultura de transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano', declaró a la AFP profesor universitario Roberto Cañas.

Tras la condena del exmandatario y seis de sus colaboradores, el fiscal general, Douglas Meléndez, proclamó este jueves que 'arrinconó' a Saca para que confesara sus delitos, con lo cual demostró que 'nadie tiene corona' en el país y que cualquiera puede ser investigado.

'La Fiscalía le ha declarado la guerra a los corruptos y a los pandilleros, porque son los problemas que más han afectado a la población', resumió Meléndez.

Saca sólo cumplirá ocho años más en la cárcel por los dos que ya estuvo tras las rejas y por otros beneficios penitenciarios de buena conducta y trabajo, pero la sentencia envía el mensaje a los políticos de que 'cualquier corrupto puede ir a la cárcel', advirtió el analista Juan Ramón Medrano.

Sin embargo, no todos los salvadoreños quedaron conformes con la sanción a Saca, por cuanto recibió una pena reducida gracias a que negoció con la Fiscalía para confesar los delitos en el tribunal.

'Es injusto que Saca, que fue la cabeza de la estructura criminal, reciba diez años de cárcel, mientras Pablo Gómez, un excontador de la presidencia que era el último eslabón de la cadena de corrupción, reciba 16 años de prisión solo por no negociar con la fiscalía', lamentó el director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Saúl Baños.

En ese sentido, Baños consideró que queda mucho por hacer en el campo de la corrupción, por cuanto la justicia salvadoreña consiente a los corruptos con 'reducidas penas', mientras se ensaña con penas de hasta 45 años de cárcel con las mujeres que tienen abortos por emergencias de obstetricia.

Crear Contraloría

Los analistas advierten que en la titánica tarea de combatir la corrupción se requiere de una nueva institucionalidad, debido a que en el caso Saca la Corte de Cuentas de la República (CCR) y los bancos implicados no alertaron sobre los movimientos y el uso de fondos públicos.

'Requerimos de una reforma a la Constitución que permita crear una contraloría independiente de los partidos políticos que vigile el buen manejo de los fondos públicos', opinó Cañas.

A pesar del avance de la Fiscalía en el combate de la corrupción, al mantener abierto proceso judicial contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por el supuesto desvío de más de US$350 millones, grupos empresariales demandan que la ONU pueda establecer en El Salvador una comisión contra la impunidad, similar a la que opera en Guatemala.

'Lo que necesitamos es fortalecer las instituciones locales porque muchos piensan que un organismo internacional puede venir a resolver, pero en cualquier país, la investigación del delito corresponde a la Fiscalía', argumentó el fiscal.

Más allá de que Saca y sus cómplices hayan sido condenados, es ineludible que la Fiscalía recupere los fondos desviados, advierte el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.

'Los condenados tienen que devolver lo robado para sentar un precedente, porque indignó ver la ostentosa mansión en la que vivía Saca cuando hay muchas familias que no tienen que para comer ni para comprar un medicamento', exclamó Montenegro.