Mauricio Funes asumió el gobierno de El Salvador con un discurso que advirtió al crimen organizado y al crimen urbano en general que habrían de ser combatidos.
Aunque el mandatario resultó contundente en esa señal, su gestión no se había caracterizado hasta el momento por el discurso "represivo" respecto de los focos de marginalidad violenta que tiene el país. Antes bien, el equipo de Funes se encargó de dar a conocer los planes de desarrollo social comunales que incluye su programa de gobierno.
Sin embargo, los tiempos de la política y los tiempos del quehacer de gobierno no suelen estar acompasados con la dinámica misma que impone la realidad, una realidad que en El Salvador, desde hace años, viene acumulando disfunciones sociales no atendidas.
El domingo pasado no fue un día común en las estadísticas del país. La ola de criminalidad fijó el fin de semana un nuevo y crítico antecedente: el domingo se registraron 26 homicidios, lo que lo convierte en el día más violento en los últimos 10 años. Según los datos acumulados por el gobierno, entre enero y el 18 de octubre, se registraron 3.492 asesinatos (1.008 más que en el mismo período del año pasado).
Las cifras son contundentes. El gobierno de Mauricio Funes se vio obligado a recurrir a medidas de acción directa. Así, en las últimas horas, y con el apoyo explícito de la Iglesia Católica (la que se ha manifestado al respecto, hasta el momento), decidió apelar al Ejército para reforzar el combate a la delincuencia. A partir de ahora, unos 6.500 soldados se involucrarán en este proceso.
Según trascendió a través de agencias de información extranjeras, el pasado viernes, Funes se reunió a puerta cerrada con sus ministros de Defensa y de Seguridad Pública, el general David Munguía Payés y Manuel Melgar, respectivamente. Previamente, Munguía Payés había mantenido una reunión con los más altos oficiales del Ejército, de la cual surgió la propuesta de incorporar a 6.500 militares a la lucha contra la criminalidad en algunas zonas donde "el Estado no ejerce soberanía" por el control que tienen ahí las maras.
El ministro de la Defensa citó algunos de esos lugares "fuera de control": La Campanera, en el municipio de Soyapango, en los alrededores de San Salvador, así como municipios de San Miguel, donde las extorsiones contra negocios y el transporte público se han "disparado".
Ayer, como producto de una reacción desesperada de los grupos marginales organizados -las maras- se generó una ola de rumores que alertaron a la población de San Salvador sobre virtuales "toques de queda" que impondrían los delincuentes.
Sin embargo, las autoridades lograron dominar la situación, informando a la población sobre el control que las fuerzas militares y el gobierno tienen sobre todo el territorio.
Para el gobierno de Funes, el proceso que inicia para enfrentar la ola de violencia en su país puede ser una de las materias más difíciles de las cuales deba dar cuenta; así como le está ocurriendo al presidente Felipe Calderón, en México, e igualmente al de Brasil, Inacio Lula da Silva, quien el fin de semana debió enfrentar el más duro ataque del narcotráfico en una favela de Río de Janeiro, que se recuerde en mucho tiempo.
En El Salvador, la incorporación del Ejército a la lucha criminal no es fácil. A las Fuerzas Armadas salvadoreñas se les suprimieron funciones de seguridad pública en los acuerdos políticos con los que concluyó la guerra civil. Desde entonces, están subordinadas a la autoridad civil y dedicadas únicamente a la defensa de la soberanía y de la integridad territorial.
El pasado 6 de octubre, el sacerdote jesuita de origen español y rector de la Universidad Centroamericana (UCA), José María Tojeira, lanzó una propuesta, que incluso el presidente Funes consideró "audaz"; integrar a la mitad de las fuerzas militares en el cuerpo policial.
"Podría implicar un proceso máximo de un año de entrenamiento y formación policial. Pero en un año se estaría incluyendo en la PNC [Policía Nacional Civil] aproximadamente a 5.000 personas sin un costo presupuestario especial. Quedarían en el Ejército otros 5.000 hombres que podrían utilizarse para misiones de paz en el exterior, asistencia en tiempo de desastres, etc. La idea puede parecer loca, pero es mejor que andar sacando militares a la calle a acompañar a los de la PNC. Nuestro país no tiene amenazas externas y en realidad no necesita Ejército", explicó Tojeira, citado por el diario El País, de Madrid.
En una suerte de reforzamiento de esta estrategia, el arzobispo de San Salvador,José Luis Escobar Alas, afirmó el domingo que avala el uso de efectivos de la Fuerza Armada para combatir la delincuencia que golpea El Salvador.
Como se advierte en otros países de la región -México como caso emblemático- El Salvador estará obligado a darse una estrategia de combate al crimen que adquiera el rango de política de Estado, sin dejar de lado sus esfuerzos de combate a la pobreza, para, a largo plazo, dar una salida sostenible y equilibrada al desarrollo de su sociedad.
Maersk prevé recuperación lenta 
