¿Qué pueden obtener México y los países centroamericanos de la XVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16) de noviembre y diciembre próximos, que se escenificará en la ciudad de Cancún?
Es una pregunta difícil de responder si se parte de la situación de estancamiento en que se encuentran las tratativas para un nuevo tratado ambiental mundial.
Anualmente, México emite unas 700 toneladas de gases contaminantes, responsables del aumento de la temperatura del planeta. América Central apenas representa el 0,5% del total de emanaciones globales. Sin embargo, ambos están expuestos a los efectos devastadores del cambio climático.
Por eso, el gobierno de esta nación norteamericana ha defendido la postura de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, y que los países desarrollados sobre quienes pesa la carga de contaminar más el globo deben financiar la factura de la mitigación y la adaptación al fenómeno climático.
“Lo que esperamos es avanzar sólidamente hacia la construcción de un acuerdo global, obligatorio y comprometido con la reducción de emisiones”, dijo Patricia Arendar, directora de la oficina en México de la organización ambientalista Greenpeace.
De la COP 16, que se celebrará del 29 de noviembre al 10 de diciembre, debería surgir un acuerdo que prolongue o sustituya al Protocolo de Kyoto, vigente desde el 2005 y que caducará en el 2012.
Ese convenio establece la disminución de las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre, señalados por la comunidad científica como responsables de propiciar el calentamiento global.
Además, obliga a los 37 países más desarrollados que lo ratificaron, incluidos en su Anexo I, a bajar sus emisiones en al menos un 5,2% para el 2012, con respecto a los niveles de 1990. Por otra parte, las naciones agrupadas en el Anexo II, como México, carecen de metas obligatorias de cumplimiento.
“Es importante que en el texto se reconoce a las zonas y sectores vulnerables y no solo como se ha hecho hasta ahora con los estados insulares y África”, manifestó por su parte Andrés Flores, director de Investigación en Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología de México.
En la COP 15, escenificada en la capital danesa de Copenhague en noviembre y diciembre pasados, la comunidad internacional no pudo llegar a un acuerdo legalmente vinculante y con metas obligatorias.
En cambio, solo se suscribió el llamado Acuerdo de Copenhague, empujado por un grupo de países con Estados Unidos, Brasil e India a la cabeza, pero desconocido por naciones como Venezuela y Bolivia. Hasta ahora, más de 120 Estados la han ratificado.
En las sesiones de negociación de Bonn (Alemania), celebradas del 31 de mayo al 9 de junio, no se lograron mayores avances, lo cual ensombrece aún más el terreno hacia la Cumbre de Cancún.
Las actuales negociaciones han cobrado víctimas, como el holandés Yvo de Boer, quien ocupó la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas contra el Cambio Climático entre septiembre del 2006 y julio de este año. Su sustituta es la costarricense Christiana Figueres, integrante del equipo negociador de temas climáticos de su país.
En las reuniones previas, los países tendrían que hacer un esfuerzo supremo y mostrar una buena dosis de voluntad para cerrar las brechas y viajar a territorio mexicano a tomarse la fotografía con bolígrafo en mano y sonrisa a boca llena.
Contamina menos y paga mis daños
Las diferencias se centran especialmente en los compromisos de reducción de emisiones y la transferencia de fondos para que las naciones menos desarrolladas lubriquen sus medidas de mitigación y adaptación a los impactos del cambio climático.
Actores como Estados Unidos, la Unión Europea, China e India se han negado a asumir metas para el 2020 que detengan el ritmo contaminante de sus economías y que superen el 30%.
México anunció que contraerá en 50 toneladas de dióxido de carbono (CO2) anuales para el 2012 y está dispuesto a aumentar el porcentaje para el 2020.
Pero este país norteamericano y Brasil, los mayores contaminadores en América Latina, no parecen muy dispuestos a asumir metas obligatorias si las naciones más industrializadas no muestran una voluntad mayor de contraer sus lanzamientos contaminantes.
“México debe llevar una posición para que las medidas que se adopten vayan hacia la sustentabilidad. Debe llamar a un compromiso de las empresas transnacionales de desarrollar nuevas tecnologías, aportar inversiones y hacerse cargo del problema ambiental”, planteó Amparo Martínez, científica del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Y es que México es presa de una contradicción, pues aboga por un tratado sólido, pero depende energética y financieramente del petróleo, fuente del 93% de la energía que se produce en el país y del 33% de su presupuesto nacional.
Mientras las pláticas están en un punto muerto, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático –ganador del Premio Nobel de la Paz 2007– anunció el inicio de la preparación de su quinto informe sobre el fenómeno, a cargo de 831 científicos de todo el mundo, entre ellos, varios de México y Centroamérica.
El pago de la factura ecológica también es motivo de diferencias entre los bloques. Desde el 2008, México ha promovido su idea de crear el llamado Fondo Verde para financiar las acciones de mitigación y adaptación, un plan que compite con al menos tres propuestas similares para apuntalar financieramente el contenido de un eventual tratado.
Greenpeace ha sugerido que se necesitan US$140.000 millones. De ellos, US$50.000 millones se destinarían a una revolución energética que potencie las energías renovables, otros US$50.000 para políticas de adaptación y el resto para combatir la deforestación.
Las naciones más vulnerables al cambio climático tendrían prioridad a la hora de recibir recursos financieros para mitigar y adaptarse al fenómeno, mientras que quienes reduzcan sus emisiones serían premiados con apoyo económico.
“La postura de México como país sede debe ser de liderazgo y crear condiciones para que en la COP 16 haya un acuerdo importante”, refirió Beatriz Bugeda, directora del Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental.
Las grandes potencias latinoamericanas, como México, Brasil y Argentina, no han podido conjuntar sus postulados y crear un bloque que atraiga a otras naciones de la región y de otros hemisferios para enfrentar así a países como China e India y los más desarrollados.
El Acuerdo de Copenhague parte del cálculo del aumento de dos grados centígrados en la temperatura global para el 2100, pero para países como México y los centroamericanos esa subida puede ser letal, pues el incremento en algunas de sus regiones podría ser de cinco grados, con la consiguiente sucesión de sequías intensas y variación en los ciclos hídricos.
“La idea es que los países del Anexo I continúen con compromisos obligatorios y que los países en desarrollo tengan metas voluntarias. Lo importante es que se concrete un mecanismo de apoyo financiero”, dijo Flores, quien fue representante mexicano ante la COP.
Sierras preocupantes
Cualquier tratado ambiental que surja debe abordar frontalmente la deforestación, responsable de la desaparición anual de 13 millones de hectáreas en todo el mundo y que genera la emisión de unas 1,5 gigatoneladas de CO2 o un 20% de las emanaciones globales de dicho gas.
El Protocolo de Kioto no incluyó la deforestación, por lo cual se hizo necesaria su consideración como fuerza detrás de la emisión de gases contaminantes.
Una de las apuestas para combatir el corte de árboles es la iniciativa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD, por sus siglas tanto en español como en inglés), promovida por la Organización para la Agricultura y la Alimentación y por los programas de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Medio Ambiente.
La semilla de REDD brotó en el 2005 durante la COP 11, escenificada en la ciudad canadiense de Montreal, donde la Coalición de Países con Bosques Tropicales –formada por 40 naciones– presentó una petición para considerar la reducción de emisiones por deforestación en los países en desarrollo.
REDD, iniciado como proyecto piloto en el 2008, se dirige a combatir la deforestación, reducir las emisiones de CO2 y fomentar el acceso de los países participantes al apoyo técnico y financiero.
Durante la COP 13 de Bali en el 2007, los Estados asistentes reconocieron en el Plan de Acción aprobado la trascendencia de tomar acciones urgentes en contra de la deforestación y las emisiones de gases contaminantes causadas por la degradación de los bosques, en una versión que denominaron REDD-plus.
La COP 15 de Dinamarca recogió nuevamente esa postura en el llamado Acuerdo de Copenhague, en cuya sección seis cita la urgencia de reducir las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques.
En dicha cumbre, se destacó la necesidad de fortalecer la eliminación de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como de proveer de incentivos positivos a tales acciones a través del establecimiento inmediato de un mecanismo que incluya REDD-plus, para permitir la movilización de recursos financieros provenientes de los países desarrollados.
REDD se ejecuta en Panamá, Bolivia, Paraguay, República Democrática del Congo, Zambia, Tanzania, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Vietnam, en tanto que otras 13 naciones cuentan con estatus de observadores.
En junio, REDD, el Grupo de Observaciones de la Tierra y la Comisión Nacional Forestal de México efectuaron en la ciudad de Guadalajara un taller sobre medición, reporte y verificación de emisiones por deforestación para intercambiar experiencias y estructurar mejores prácticas, con la presencia de delegados de una treintena de países.
Aunque es difícil pronosticar el rumbo de la COP 16, es previsible que haya una mención explícita al combate a la deforestación.
En ese sentido, podría aprobarse un esquema de principios básicos sobre REDD y dejar abierta la aplicación directa de las iniciativas forestales según las peculiaridades boscosas de cada país que lo quiera poner en marcha.
“Esperamos una claridad sobre el destino y el mecanismo de cómo va a llegar el dinero a los pueblos en subsidios y programas de adaptación”, declaró Arendar, una socióloga egresada de la UNAM.
También es posible que un nuevo acuerdo internacional haga una mención directa al fomento y uso de energías renovables, para depender menos de fuentes fósiles como el petróleo y que se transforme el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), mediante el cual los países con reducciones obligatorias compran bonos de carbono a empresas en naciones menos desarrolladas para compensar esa diferencia.
El MDL solo ha servido para que unas pocas firmas consultoras llenen sus chequeras, pues no ha redundado en la contracción significativa de las emisiones. El diseño de un proyecto MDL es caro y demora de tres a cinco años.
En el segundo semestre del año, el Congreso azteca discutiría un proyecto de Ley de Cambio Climático, que obligaría a los gobiernos estatales y municipales a aplicar medidas contra ese fenómeno. Países como Estados Unidos, Guatemala y Brasil ya cuentan con ese marco legal.
