La norma comenzó a regir en medio de un debate público sobre su contenido, sobre el que opinó hasta el gobierno federal del presidente Barack Obama, que la cuestiona.
Hasta anoche mismo hubo en Phoenix, capital de Arizona, frente a la sede del gobierno, manifestantes que felicitaban a las autoridades por la norma, pese a que hay críticas por criminalizar la inmigración ilegal. Muchos llevaron ese rechazo por considerarla una invitación abierta al acoso y la discriminación racial.
"Esto no se trata solo de Arizona. Este asunto nos afecta a todos en los Estados Unidos y definitivamente afectará el béisbol, sus jugadores, y sus fans", explica Juan Rodriguez, organizador de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, quienes manifestarán hoy en contra de la Ley con el "Día Nacional de Incumplimiento".
"Casi un cuarto de los jugadores nacionales son de origen extranjero. El apoyo de este tipo de ley podría afectar a muchos de nuestros héroes del béisbol que podrían ser juzgados en Arizona simplemente por el color de su piel", dijo.
La nueva ley permite que los oficiales locales hagan un perfil racial para discriminar a personas que "parecen" no tener documentos.
Aunque el cumplimiento efectivo de la ley comenzó a regir, horas antes de que entrara en vigencia, una jueza federal bloqueó las partes controversiales de la ley, conocida como "la SB1070".
La jueza Susan Bolton ordenó que las partes controversiales de la SB1070 se mantengan sin vigencia hasta tanto exista un fallo judicial sobre el fondo del asunto, al fallar que el gobierno estadounidense "probablemente tenga éxito" en demostrar que la ley de Arizona abarcaba terreno ya cubierto por leyes federales.
La ley entró en vigor en este estado fronterizo con México sin la disposición que provocaba más resistencia: la orden para que la policía corrobore el estatus migratorio de una persona cuando considere que hay sospechas de que es ilegal.
La SB1070 había sido proclamada por la gobernadora republicana de Arizona, Jen Brewer, el 23 de abril tras su votación en el Congreso estatal, desatando protestas en contra, a pesar de que según sondeos recientes la mayoría de los estadounidenses estaban de acuerdo con la polémica legislación.
