El gobierno de El Salvador, enfrentado a un gran agujero fiscal que se profundiza con el paso de los meses,necesita presupuesto para desarrollar políticas de seguridad efectiva. La promesa de los fondos que aportaría Estados Unidos a través del progrmaa Alianza para la Prosperidad aún no llegan.
La Administración de Sánchez Cerén tampoco logró la aprobación de un endeudamiento (vía letras del Tesoro) por US$900 millones (parte d elo cual iba para seguridad). Ante este panorma, en las últimas horas el gobierno presentó una iniciativa para hacerse de los recursos vía un impuesto que recaería sobre la factura del servicio telefónico.
La propuesta de ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, presentada este miércoles en la Asamblea Legislativa, busca recaudar más de US$10 millones en los próximos 10 años.
Según lo detallado por Hacienda la contribución se obtendría del pago del 10% del consumo de los servicios telefónicos que se realicen durante la próxima década, con lo cual se espera recaudar US$140 millones anuales.
El ministro de Seguridad, Benito Lara, dijo que del impuesto -que sería cubierto por los usuarios- estará destinado para financiar proyectos de seguridad en los que se incluye la compra de armas, que no puede ser cubierta a través de donaciones.
Asimismo manifestó que se busca fortalecer el combate a la seguridad y la prevención de la violencia, la recuperación de espacios públicos y la reducción de reincidencia delictiva.
La propuesta fue recibida por las máximas y autoridades de la Asamblea y será sometida a estudio en la próxima plenaria que tiene previsto realizarse hoy.
